A juzgar por la reacción de las autoridades contra la filtración del Informe original, sin testar, el gobierno no quiere ir hasta allá, o al menos no todavía
Creo que se puede hablar del caso Ayotzinapa como un crimen de Estado en un sentido laxo, porque participaron en él autoridades locales, policías y militares que son parte del Estado.
Pero difícilmente puede predicarse como crimen de Estado en un sentido estricto: como un crimen cometido a consecuencia de una política general o de una instrucción precisa venida de la cúspide del Estado para exterminar o agredir a un grupo social determinado.
De lo que podría hablarse en un sentido estricto, creo, si la información y los testimonios contenidos en el nuevo Informe sobre Ayotzinapa tienen solidez documental y valor judicial probatorio, es de un “encubrimiento de Estado”.
Si se prueba judicialmente que la entonces Procuraduría General de la República manipuló la investigación para excluir de responsabilidades al Ejército, estaríamos frente a una decisión de encubrimiento de Estado, que involucraría al jefe del Procurador, que entonces no era autónomo, sino dependiente, en forma directa, del presidente de la República.
Es difícil pensar que esta decisión de encubrimiento de Estado, si la hubo, no fuese al menos consultada o compartida con los miembros del gabinete responsables de la seguridad, y con las Fuerzas Armadas, directas beneficiarias del encubrimiento.
A juzgar por la reacción de las autoridades contra la filtración del Informe original, sin testar, el gobierno no quiere ir hasta allá, o al menos no todavía.
La filtración acelera los tiempos de la opinión pública, genera juicios tajantes en favor y en contra, y pone al gobierno en la presión de transparentar todo lo que sabe, todo lo que el Informe contiene, y las consecuencias judiciales de su contenido.
El gobierno procedió con rapidez a encarcelar al ex procurador y al militar responsable de la plaza de Iguala, activando además una avalancha de casi 80 órdenes de aprehensión que la Fiscalía otorgó al principio y redujo luego en 40 casos.
Ha empezado así la típica secuela de opacidad y decisiones contradictorias de los procesos judiciales mexicanos de gran visibilidad: nada queda claro salvo los hechos consumados. La posibilidad de probar penalmente el encubrimiento de Estado es remota, pero sus posibilidades de manipulación política para el gobierno son considerables.
Minuto a minuto
