En su primer día en la Oficina Oval, Trump firmará órdenes ejecutivas declarando “emergencia nacional” para “frenar la invasión” de migrantes indocumentados
Tan pronto asuma el poder, el 20 de enero de 2025, el presidente electo Donald Trump dará la primera muestra del autoritarismo e intransigencia de un Gobierno radicalmente diferente al que encabezó en 2016.
En su primer día en la Oficina Oval, Trump firmará órdenes ejecutivas ya listas, declarando “emergencia nacional” para “frenar la invasión de migrantes indocumentados y expulsar a millones, que ingresaron ilegalmente”.
Eso le autorizaría a usar recursos del presupuesto y personal del Departamento de Defensa en operaciones de apoyo logístico en redadas, retenes, arresto, transporte, custodia y remoción, de lo que asegura será “la mayor deportación de migrantes de múltiples nacionalidades” en la historia de Estados Unidos y del mundo; capricho personal, promesa de campaña y piedra angular de una nueva política de terror, que aparentemente, caracterizará a su Gobierno.
Mientras legisladores republicanos, bajo su absoluto control, preparan drásticas reformas Constitucionales para terminar con la ciudadanía automática a niños nacidos en este país, deportar a migrantes legales amparados con permisos temporales como TPS, DACA y otros programas, así como revocar naturalizaciones de miles de migrantes que creyeron haber alcanzado el sueño americano.
Resucitando la “Ley Contra la Insurrección” de 1792, que otorga al presidente autoridad para desplazar la Guardia Nacional y fuerzas regulares para suprimir “rebeliones, actos de violencia domésticos o repeler invasiones”, Trump planea que los militares apoyen a la Patrulla Fronteriza, inspectores de Inmigración y corporaciones policiacas, en la gigantesca y costosa operación de remoción de inmigrantes, en Estados Unidos, que de acuerdo a cálculos de expertos costaría alrededor de 350 mil millones de dólares.
Los departamentos de Seguridad Interna, Defensa, gobernadores republicanos, legisladores y Cortes de Inmigración afinan detalles de la caprichosa, ambiciosa, costosa e innecesaria “deportación masiva” de millones de migrantes, en momentos en que la captura de indocumentados en la frontera suma solo 56 mil 680 durante el mes de octubre y siguen bajando.
Integrados en múltiples equipos interdisciplinarios de varias dependencias del Gobierno federal, nuevos funcionarios del Gabinete del presidente electo Trump dan los últimos toques al plan para realizar la mayor deportación de millones de migrantes en la historia de Estados Unidos y del mundo.
Aunque aún no está claro si se trata de un solo operativo o continuas operaciones anuales, se estima que solo en el primero de ellos, Trump espera remover del país inicialmente a un millón 300 mil solicitantes de asilo político, cuya petición fue rechazada y enfrentan ya ordenes de deportación.
Esa cantidad es similar al total de la Operación ‘Espaldas Mojadas’, realizada el verano de 1954 en la que el gobierno del entonces presidente Dwight Eisenhower deportó mas de 1.3 millones de migrantes indocumentados, migrantes legales y ciudadanos de origen mexicano, utilizando la Patrulla Fronteriza con apoyo de policías estatales y locales que en redadas y retenes, identificaron, arrestaron y removieron brutalmente a los migrantes, usando tácticas militares.
De acuerdo a estudios recientes, solo la identificación, arresto, transporte, detención, procedimientos legales y deportación de cada millón de inmigrantes, costaría 19.6 mil millones de dólares, que multiplicados por 13 millones de migrantes, (equivalentes a la población total de reos de todo el sistema penitenciario de EU) generaría un costo mínimo de 350 mil millones de dólares, sin contar con el colosal impacto negativo en la economía, seguridad nacional y tejido social de Estados Unidos.
Cantidad equivalente al doble del presupuesto anual de los Institutos Nacionales de Salud, cuatro veces el presupuesto anual de la NASA, tres veces el gasto del Gobierno federal en nutrición infantil y 18 veces mas de lo que todo el mundo invierte cada año en investigación contra el cáncer.
Pero eso no es todo, la deportación masiva de Trump, privaría al Gobierno de 46 mil 800 millones de dólares anuales que los migrantes pagan en impuestos federales, sin exigir el reembolso, como todos los contribuyentes, y 23 mil 300 millones de dólares en impuestos estatales y locales.
También su poder de compra de 256 mil 800 millones de dólares al año.
El Seguro Social, que ya enfrenta problemas económicos, dejaría de percibir 22 mil 600 millones de dólares anuales y 5 mil 700 millones de dólares anuales que migrantes pagan para Medicare, sin recibir beneficio alguno.
Con una tasa de desempleo actual de 4.1%, sin 13 millones de indocumentados que residen en Estados Unidos, las industrias agrícola, construcción, empacadoras de carne o el sector de hospitalidad, enfrentarán mayores costos de producción, exacerbaría la escasez de mano de obra y ocasionaría despidos de trabajadores estadounidenses, ya que la deportación les obligaría a disparar el precio de sus productos y servicios o a enfrentar quiebra de miles de empresas.
Solo la industria de la construcción sufriría la pérdida del 30% de emplastadores de paredes y techos, pintores, carpinteros, techadores, electricistas. En la agricultura se perderían campesinos expertos en cuidado intensivo de los cultivos, clasificadores, evaluados de productos y en la industria de servicios, se perdería al 25% de personal de limpieza y mantenimiento a bajo costo, que tendría que ser sustituido por empleados con mayor salario, seguro médico, vacación es y otras prestaciones que no se dan a los indocumentados.
Además, se considera que hay 157 mil 800 empresarios indocumentados que pagan grandes sumas en impuestos y generan empleos para miles de estadounidenses.
De acuerdo a reportes del Foro Nacional de Inmigración, de la Universidad de New Hampshire, el Consejo Nacional de Inmigración y otras organizaciones, la deportación masiva, separaría a 4 millones de 8 millones y medio de integrantes de familias en que conviven residentes documentados e indocumentados, con 5 millones 100 mil niños, impactándoles negativamente, al reducir su ingreso económico, condenándoles a una mayor pobreza.
Ignorando múltiples advertencias de instituciones académicas, asociaciones empresariales y expertos como Larry Summers, exsecretario del Tesoro, sobre el devastador impacto negativo de la deportación que planea, en una economía en franca recuperación, con mínima inflación, en la seguridad nacional y amenazando crear una crisis humanitaria de proporciones incalculables, además de Trump continúa con sus planes.
A ese gran desafío económico, se sumarían las consecuencias de la imposición arbitraria de tarifas arancelarias de 25 a 75% a importaciones de México, Canadá, China y otros países, lo que podría desatar una guerra comercial o el cierre de la frontera, sugerido por el presidente electo, que impactaría al comercio bilateral y en especial al comercio transfronterizo, empujando a miles de empresas al borde de la quiebra.
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