El veto presidencial a un trío de farmacéuticas es resultado de una indagatoria en la que participan la Unidad de Inteligencia Financiera y la Función Pública
Sin la fiscalización de la Comisión Federal de Competencia, el Ejecutivo federal vetó de las licitaciones o adjudicaciones directas de los contratos con las instituciones del sector salud, a las firmas Fármacos Especializados, Maypo y Distribuidora Internacional de Medicamentos y Equipo Médico, en tanto se determina “a ciencia cierta”, si hubo corrupción y tráfico de influencias en la compra de medicamentos en el último año del sexenio peñista.
En la Cofece, mientras tanto, la investigación por presuntas prácticas monopólicas absolutas en el mercado de servicios integrales de estudios de laboratorio clínico y banco de sangre entró en su etapa final, después de tres años de intricadas indagatorias. El expediente DE-011-2016 fue iniciado por la Autoridad Investigadora después de que la directiva del IMSS presentara, el 8 de marzo del 2016, una denuncia luego de que tuviera conocimiento de que potenciales proveedores —una docena fueron las firmas señaladas— presuntamente se coludieran para dividirse las partidas y presentar propuestas técnicas y económicas complementarias. El 9 de noviembre del 2018 se dieron por concluidas las indagatorias y los agentes económicos ya fueron emplazados a ofrecer pruebas en descargo.
El veto presidencial al trío de farmacéuticas es resultado —explicó AMLO— de una indagatoria en la que participan la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y la Función Pública. El Oficio 009/03/2019 de la Oficina de la Presidencia, dirigido a la oficial mayor de la SHCP, Raquel Buenrostro, está fechado el 20 de marzo. Justo ese día, la funcionaria encargada de las compras consolidadas de la administración federal tuvo su primera reunión con los representantes de las compañías farmacéuticas, para exponer el mecanismo de la nueva compra centralizada de medicamentos y dispositivos médicos.
El 29 de marzo, Buenrostro —de acuerdo con el testimonio de participantes en ambos encuentros— les aseguró que no existía veto o sanción para las empresas distribuidoras de insumos médicos; por lo que se entendía que se respetaría el resultado que favorecía a las firmas ganadoras de la licitación.
Primero, el desconcierto de las empresas afectadas, que no estaban enteradas de las investigaciones… hasta ayer. Al cierre de esta edición, se esperaba un posicionamiento de la sección farmacéutica de la Coparmex en defensa de la industria, mientras Francisco Pérez Fayad, directamente señalado en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, emitía un comunicado para negar las acusaciones y solicitaba un voto de confianza al Ejecutivo federal “para que nos permita seguir participando en igualdad de condiciones con los otros competidores”.
Hasta el último proceso —2017-2018— los esquemas de compras consolidadas habían generado ahorros por 17,000 millones de pesos al gobierno federal, además de la cantidad del medicamento adquirido y mejora del abasto. En cinco procesos de compras consolidadas, el IMSS acumuló un ahorro superior a los 10,500 millones de pesos.
Del desconcierto a la incertidumbre, pues las firmas vetadas y otras más ahora reclamarán la falta de pago por parte de las instituciones del sector salud federal. Tan sólo el ISSSTE tiene una cartera vencida de aproximadamente 20,000 millones de pesos y son muy contadas las empresas que tienen la capacidad de participar en estos concursos y de soportar tales adeudos. Ante tal circunstancia, surge la duda ahora, ¿cuáles serán las garantías de pago en esta nueva licitación centralizada?
Las farmacéuticas vetadas han iniciado un tortuoso proceso de control de daños. Y han comenzado a tocar la puerta del consejero jurídico del gobierno federal, Julio Scherer Ibarra, para solicitar una audiencia, sin descartar la tramitación de un amparo.
El endurecimiento de la administración federal con la industria dedicada al suministro de medicamentos y equipos terapéuticos irían en consonancia con su intención de avanzar hacia la ratificación del T-MEC y, sobre todo, con el emplazamiento de la nueva mayoría demócrata en la Cámara de Representantes de Estados Unidos, que ha insistido en la implementación de las disposiciones laborales, medioambientales y farmacéuticas del nuevo acuerdo comercial.
EFECTOS SECUNDARIOS
RECONOCIDOS. La campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador se erigió como la gran ganadora de los Napolitans 2019, entregados antier en Washington DC, a los más grandes de la consultoría política en América Latina. Heurística Comunicación, Carlos Salces, Jesús Ramírez Cuevas y Tatiana Clouthier recibieron premios en las categorías a las que postularon, mientras que el argentino Carlos Souto, asesor del Gobierno de la CDMX en la época de Miguel Ángel Mancera, fue reconocido como consultor del año. En esta edición de los Victory Awards 2019, pocos fueron los consultores mexicanos que acudieron a la ceremonia de premiación. Y es que una decena de ellos actualmente están en la Ciudad de Panamá, en distintas campañas presidenciales. El empresario Rómulo Roux, candidato del Centro Democrático, contrató un tándem en el que participan Andrea de Anda, Alejandra Sota, Sergio Torres y Eduardo del Río, mientras que Roberto Trad asesora al candidato del PRD, Laurentino Cortizo y el equipo del candidato del PP, José Isabel Blandón, reclutó al consultor andorrano Jordi Segarra. Su presencia había pasado desapercibida, aunque —casualidades de la vida— sus respectivos anfitriones decidieron alojarlos en el mismo hotel. En las presidenciales de este año, Roy Campos estuvo en el equipo de estrategas que llevó al Nayib Bukele a la Presidencia de El Salvador, junto con Carlos Penna, de TXResearch. Ambos estarían por entrar a la contienda presidencial en Guatemala.
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