No es buen indicio que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté tan enojado con las clases medias, porque puede traducir su malestar en tasas superiores de impuestos que afecten a esos grupos poblacionales
Puede ser que este gobierno vea una reforma fiscal sólo como un catálogo de mayores controles para el pago de impuestos. Se puede tratar de una modificación a las tasas actuales de algunos impuestos para aumentar la recaudación, o bien una modificación integral que abarque tanto ingresos como gasto para conformar una auténtica reforma hacendaria.
No es buen indicio que el presidente Andrés Manuel López Obrador esté tan enojado con las clases medias, porque puede traducir su malestar en tasas superiores de impuestos que afecten a esos grupos poblacionales.
No sabemos si el próximo secretario de Hacienda, Rogerio Ramírez de la O, llegó para decir que sí a todo lo que diga el Presidente, como el resto del gabinete. O bien tenga algún margen de maniobra para imprimir sus conocimientos al diseño fiscal de una reforma.
Lo cierto es que sea cual sea la idea del Presidente sobre una reforma hacendaria de gran calado o una simple miscelánea fiscal, tiene que ser una de las primeras propuestas que envíe al Congreso en septiembre durante la próxima legislatura.
Es muy simple, si una reforma fiscal está llamada a elevar los ingresos y eventualmente a reconsiderar la forma en que se ejerce el gasto, tiene que llegar antes de que se discuta la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos correspondiente al 2022.
Al menos debe llegar a la par, el 8 de septiembre.
No va a ser un estreno nada sencillo para Ramírez de la O al frente de la Secretaría de Hacienda porque él como experto que entiende muy bien a la iniciativa privada no debería permitir que una reforma fiscal dañe más a las inversiones.
Debe tener la capacidad de romper esas inercias que giran en torno al Presidente y que el repiten como rezos muchos planteamientos ideológicos que poco tienen que ver con la realidad económica actual del país.
Y debe tener la capacidad de que la voz que escuche el Presidente en esos temas sea la suya como experto y titular de las finanzas públicas. En resumen, nada fácil para el futuro secretario.
El Presidente tiene muchas ideas fijas y no muy buenas que se dejan ver en la manera en que se ejerce el gasto público. Se ha derrumbado el gasto de inversión para privilegiar el gasto asistencialista, incluso por arriba de muchos programas sociales que, al quedase sin los recursos suficientes, han generado estragos en la sociedad, como los medicamentos para niños con cáncer, por ejemplo.
Si la anunciada reforma tributaria sólo se concentra en la parte de ingresos, y no admite un rediseño del gasto, podría tener efectos contraproducentes porque una eventual mayor contribución de los agentes económicos no tendría un mejor retorno social en infraestructura, por ejemplo.
Así que, además de conocer los alcances de una eventual reforma fiscal para septiembre, habrá que ver el grado de influencia que pueda tener un experto, conocedor de las necesidades de la iniciativa privada, como lo es el futuro secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O.
Ojalá no sea solamente una caja de resonancia más del gabinete de los deseos incuestionables del Presidente.
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