El Diario Oficial de la Federación apareció la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales
Falta una semana para que la cuarta transformación cruce el primer umbral de su cronograma. El frenesí de los primeros 100 días de Andrés Manuel López como presidente de la República sacudió a la anquilosada clase política, mientras que puso en pie de guerra a las organizaciones civiles y empresariales, al cortar de tajo con el esquema de financiamiento.
El pasado viernes 1, en la edición matutina del Diario Oficial de la Federación apareció la reforma a la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, que redefinió los requisitos para detentar la titularidad de una de esas instancias, tras del nombramiento presidencial (“ser ciudadano mexicano y estar en pleno goce y ejercicio de sus derechos civiles y políticos; y haber desempeñado cargos de alto nivel decisorio en forma destacada en actividades profesionales, de servicio público, administrativo o sustancialmente relacionadas con materias afines a las de competencia de cada entidad paraestatal”, Artículo 21). Esa misma edición incluyó el nuevo reglamento interior de la Consejería Jurídica del Ejecutivo federal y los acuerdos que instauran las nuevas fiscalías especializadas en Delitos Electorales y Combate a la Corrupción.
A tres meses del cambio de gobierno, apenas llegan los mandos medios y superiores que tendrán a su cargo las nuevas políticas públicas. Algunos otros, como Nadine Gasman, Jenaro Villamil y Paco Ignacio Taibo II asumieron sus dependencias —Inmujeres, SPR y FCE, respectivamente— sin que la Consejería Jurídica hubiese expedido sus nombramientos.
La nueva Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos y la reformada Ley Orgánica de la Administración Pública Federal resultaron insuficientes —en la primera etapa— para depurar las instancias gubernamentales. Pero sobre todo, las limitaciones presupuestarias y una sorprendente oleada de amparos (individuales y colectivos) ralentizaron los relevos.
Justo hace un mes quedó definido el mecanismo para cubrir “una compensación económica” a los servidores públicos de carrera, por la terminación de la relación laboral al amparo de la reestructuración de los organigramas, pero sobre todo por la cancelación de plazas y la compactación del aparato gubernamental, consecuencias inevitables de la austeridad.
Una propuesta sin espacio para la negociación: tres meses de sueldo mensual bruto —producto del cálculo del sueldo base y, en su caso, de la compensación garantizada— más 20 días por cada año de servicios ininterrumpidos como servidor público. Aquellos mandos medios que no fueron despedidos entre septiembre y diciembre del año pasado tampoco tuvieron margen de maniobra: la aceptación de las nuevas condiciones salariales implicaba una reducción de ingresos y un finiquito para cancelar la diferencia entre el tabulador anterior y el que entró en vigor con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019. La eliminación tajante de los privilegios de la alta burocracia acarrearía una oleada de litigios con los directamente afectados y también, con las empresas que perdieron clientes por la cancelación de los seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizada. En cualquier escenario, la apuesta de los abogados del gobierno federal radica en el pago de la “penalidad menor”, basados en los antecedentes del calderonismo.
En las entidades paraestatales, en cualquier caso, estos procesos aun serán más lentos. En la Comisión Federal de Electricidad, por ejemplo, más de 6,000 empleados subordinados tenían sueldos más altos que su superior jerárquico sin contar con los trabajadores de base —auxiliares, asistentes, secretarias y choferes, entre ellos— con ingresos anuales de 800,000 pesos libres.
En el fondo de este atorón burocrático está el poliedro diseñado (sic) para la operación del nuevo gobierno: los titulares de las unidades de administración y finanzas (o equivalentes) de las dependencias federales quedó supeditada a los designios del secretario Carlos Urzúa (aunque esto no aplicó en SRE, Segob y el IMSS-ISSSTE por las pugnas internas), mientras que la designación de los “enlaces de comunicación” —también con sus contadísimas excepciones— y los coordinadores jurídicos quedó en la esfera de Palacio Nacional. Los titulares de los OIC, finalmente, estarán bajo la coordinación de la Secretaría de la Función Pública.
Efectos secundarios
¿CARTAS MARCADAS? El Senado de la República abrirá la máxima tribuna del país a las tres candidatas a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mientras un amplio sector de la academia y las ONG se han pronunciado porque los parlamentarios rechacen la terna propuesta por el Ejecutivo federal, un bloque morenista intentaría tener los votos suficientes para aprobar la designación de Yasmín Esquivel Mossa, presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa en la CDMX. Sin negar su cercanía con la Presidencia de la República, la magistrada ha sostenido que recusaría, en caso de que llegara a su ponencia un asunto que implicara conflicto de interés. Habrá quienes recuerden que en el 2012, participó en la resolución del litigio por la Supervía Poniente a pesar de que la empresa de su esposo participó en la construcción de un tramo de la obra, pero lo que más polémica generaría es el señalamiento de la reciente incorporación de la exministra Margarita Luna Ramos al TJA, como titular del Instituto Especializado en Justicia Administrativa. De confirmarse ese nombramiento y bajo el supuesto de que la exministra no tenga impedimento legal para ocupar ese encargo, los cuestionamientos a Esquivel subirán de intensidad.
¿ATRASADOS? Mientras en los juzgados deliberan sobre la consulta popular que el gobierno de Baja California convocó para definir sobre la construcción de una planta cervecera en Mexicali, Baja California, Constellation Brands informó que al cierre de febrero acumula 4 millones 20,274 horas hombre seguras y sin accidentes en la construcción del complejo cervecero, donde también lograron 416 días sin incidentes de tiempo perdido, con 1,881 trabajadores en sitio.
¿REIVINDICACIONES? Activista social, filántropa, escritora, pintora y poeta, Sara Paola Galico Félix Díaz tiene una amplia trayectoria artística. Formó parte del talento de TV Azteca y compitió —postulada por el PVEM— por una curul federal en el 2015. Conversa al lopezobradorismo, compitió el año pasado por la alcaldía de Cuajimalpa, pero fue derrotada por el priista Adrián Ruvalcaba. Al inicio de la administración morenista, Claudia Sheinbaum la designó directora del Fondo Mixto de Promoción Turística. ¿Cómo podrá hacerlo si se ostenta como abogada, sin haberse titulado o tener la cédula profesional que acredite sus estudios terminados? La exlegisladora tuvo un paso fugaz en el staff de la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, para después incorporarse al gobierno capitalino.
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