El próximo jueves se definirá la situación jurídica de cuatro colaboradores del exgobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quienes enfrentan cargos por peculado, ejercicio indebido del servicio público, asociación delictuosa y lavado de dinero. La defensa de los acusados solicitó la duplicidad del término constitucional, mientras que el juez dictó prisión preventiva justificada para los involucrados. Este caso sigue generando gran atención debido a las implicaciones legales y políticas en juego
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