Estas son las cinco noticias de América Latina y las tres claves internacionales a las que Radar Latam 360 recomienda poner foco
Como todos los días, Radar Latam 360 comparte las 5 principales noticias de América Latina y las 3 claves internacionales para estar muy bien informado.
AMÉRICA LATINA
1. Doble pulso electoral en América del Sur: Chile elige presidente y congreso; Ecuador decide su futuro constitucional
Chile y Ecuador entran en la recta final de sus respectivos procesos electorales. En el caso de Chile, este domingo 16 de noviembre se elige Presidente de la República, se renueva por completo la Cámara de Diputados y la mitad del Senado. El escenario más probable apunta a la necesidad de dirimir la Presidencia en un balotaje el próximo 14 de diciembre, entre los dos candidatos más votados en la primera vuelta.
Por primera vez desde el retorno a la democracia habrá voto obligatorio, lo que anticipa la llegada a las urnas de un volumen muy alto de nuevos electores -especialmente jóvenes y sectores populares- motivados por la amenaza de multas que rondan los 103.000 pesos chilenos (algo más de 100 dólares). Esta masiva incorporación genera un alto nivel de incertidumbre sobre el comportamiento electoral.
La candidata oficialista, Jeannette Jara, llega como una de las favoritas para pasar a segunda vuelta, aunque arrastra su militancia en el partido comunista y el desgaste del Gobierno y la baja popularidad del presidente Boric (30–32%).
La derecha —favorita en estas elecciones— llega fragmentada en tres candidaturas: Evelyn Matthei, de la derecha tradicional; José Antonio Kast, del Partido Republicano, quien lideraba el sector hasta el cierre de encuestas (en Chile hay veda de encuestas 2 semanas antes de las elecciones); y Johannes Kaiser, del Partido Nacional Libertario, representante de la extrema derecha y posible “sorpresa” si lograra avanzar al balotaje. Las prioridades de la campaña han sido la inseguridad (en primerísimo lugar), seguida por la migración y la economía, ámbitos en los cuales la derecha aparece mejor posicionada.
Por su parte, Ecuador enfrentará un proceso electoral doble. Los ciudadanos deberán pronunciarse en una consulta popular impulsada por el presidente Noboa para definir si apoyan la convocatoria a una Asamblea Constituyente con el fin de “refundar el Estado”, reformar el marco institucional y responder a los desafíos de justicia, seguridad y gobernabilidad. Si la consulta se aprueba, en un plazo de 90 días se elegirán 80 asambleístas encargados de redactar una nueva Constitución en 180 días, prorrogables por 60 adicionales. El texto resultante deberá someterse a referendo.
Simultáneamente, se votará un referendo con tres preguntas clave: reducir el número de asambleístas del actual unicameral Legislativo (de 151 a 73); eliminar el financiamiento público a los partidos políticos -manteniendo el financiamiento a campañas electorales-; y permitir la instalación de bases militares extranjeras, modificando la prohibición establecida en la Constitución de 2008.
Desde Radar LATAM 360 daremos seguimiento muy cercano y en tiempo real a ambos procesos durante todo el fin de semana.
2. Bolivia: Rodrigo Paz anticipa un camino difícil en plena crisis y redefine el rol de las Fuerzas Armadas
El presidente Rodrigo Paz Pereira delineó con crudeza el escenario que enfrenta Bolivia y el alcance de las transformaciones que pretende impulsar. “No es fácil lo que viene”, advirtió al juramentar al nuevo alto mando militar, en un mensaje que combinó diagnóstico crítico, promesas de reforma profunda y un giro estratégico en el papel de las Fuerzas Armadas.
El nuevo mandatario anunció que el Ejército contará con fuentes propias de financiamiento vinculadas a la entrada de Bolivia en “una nueva era de bonos de carbono”, con la ambiciosa meta de captar USD 25.000 millones en los próximos 20 años.
Bajo este modelo, el resguardo del medioambiente se convierte en condición para generar retornos económicos, integrando a las Fuerzas Armadas en una agenda de sostenibilidad, defensa institucional y apoyo directo a la economía nacional.
Paz aprovechó la ceremonia para cuestionar el legado de los 20 años de gobiernos del MAS, denunciando la ausencia de un “modelo sostenible” en la estructura militar y afirmando que impulsará nuevas fuentes de ingresos y procesos administrativos para modernizar la institución.
La designación de autoridades militares -Víctor Hugo Balderrama como jefe de las Fuerzas Armadas; Héctor Alejandro Alarcón Antezana en el Ejército; Sergio Armando Lora Araoz en la Fuerza Aérea; y Ernesto Adalid Amparo Palma en la Armada- marca el inicio de esta reconfiguración. Balderrama garantizó actuar con “transparencia, humildad y certeza”, subrayando el papel del Ejército como eje fundamental de la defensa nacional.
En un mensaje político particularmente duro, Paz aseguró haber encontrado un Estado “convertido en una cloaca de dimensiones extraordinarias”, denunciando corrupción sistémica y degradación institucional heredada del gobierno de Luis Arce. Para enfrentar este panorama, anunció auditorías en empresas públicas clave como Emapa -encargada de la distribución de alimentos subsidiados- y la petrolera YPFB, responsable de la importación de combustibles. Su objetivo, dijo, es realizar “una autopsia” que permita la construcción de un nuevo Estado al servicio del país.
3. Estados Unidos y Brasil aceleran negociaciones para un acuerdo comercial provisional “este mes”
Washington y Brasilia dieron un paso decisivo para destrabar su relación económica tras meses de tensiones, luego de que el canciller brasileño, Mauro Vieira, se reuniera en la capital estadounidense con el secretario de Estado, Marco Rubio. El encuentro -el segundo en menos de 48 horas tras una cita al margen del G7- se produjo en plena negociación por los aranceles del 50% impuestos por el presidente Trump a una parte sustancial de las exportaciones brasileñas, uno de los gravámenes más elevados en el comercio internacional.
Según Vieira, Rubio ratificó la disposición de la Casa Blanca a cerrar “un acuerdo provisional a finales de este mes o principios del próximo”, que funcionaría como una hoja de ruta para un proceso de negociación más amplio, estimado en dos a tres meses, destinado a resolver todos los temas pendientes de la agenda bilateral.
La señal enviada por Washington marca un giro relevante tras el deterioro provocado por el juicio y la condena a 27 años de prisión del expresidente Jair Bolsonaro, estrecho aliado político de Trump. Ese episodio desencadenó la ofensiva arancelaria estadounidense, que golpeó especialmente a sectores como el café, cuyo precio aumentó un 21% interanual en el mercado de Estados Unidos. Aunque los detalles técnicos del eventual acuerdo aún no se han divulgado, el Tesoro adelantó que “en breve” habrá un anuncio “sustancial” sobre los precios del café y las bananas, un indicio de que podrían venir ajustes específicos para aliviar sectores críticos. Ambos gobiernos han intercambiado propuestas en las últimas semanas y ahora se espera una respuesta formal de Washington a la última oferta brasileña.
El Departamento de Estado confirmó que la reunión sirvió para avanzar hacia un “marco recíproco” en la relación comercial y dio continuidad al diálogo iniciado en la cumbre del G7 y a los contactos directos entre Trump y el presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva durante la ASEAN. Para Brasil, la prioridad inmediata es revertir el arancel adicional del 50%, considerado una carga desproporcionada y políticamente motivada. Para Estados Unidos, el acuerdo provisional permitiría estabilizar un vínculo estratégico en un momento de reordenamiento global de cadenas productivas y realineamientos comerciales. Si se concreta, el entendimiento abriría una ventana de distensión en una relación que, hasta hace pocos meses, parecía encaminada a una escalada comercial sin salida.
4. Costa Rica: Rodrigo Chaves enfrenta un nuevo proceso de desafuero por presunta intervención en las elecciones de 2026
Costa Rica entra en una fase de tensión institucional inédita mientras el presidente Rodrigo Chaves comparece ante una comisión legislativa que evalúa retirarle la inmunidad, a solicitud del Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), por presunta injerencia indebida en el proceso electoral de 2026.
Se trata del segundo intento de desafuero contra el mandatario -el primero fracasó en septiembre- y reúne 15 denuncias por “beligerancia política”, una figura que prohíbe a funcionarios, incluido el presidente, influir en campañas, utilizar actos oficiales con fines partidarios o atacar públicamente a líderes y partidos en competencia.
De avanzar el proceso, Chaves podría enfrentar sanciones de inhabilitación para ejercer cargos públicos e incluso la destitución, un escenario que eleva el clima de confrontación en un país tradicionalmente reconocido por la estabilidad de sus instituciones democráticas.
El caso estalló tras reiterados episodios en los que Chaves habría utilizado actos oficiales para cuestionar a partidos opositores y condicionar el ambiente político previo a los comicios del 1 de febrero de 2026.
El presidente niega las acusaciones, denuncia que el TSE está extralimitando sus competencias y asegura que un eventual desafuero equivaldría a un “golpe de Estado”. La comisión legislativa de tres miembros emitirá un informe recomendando si el fuero debe levantarse, decisión que luego deberá ser sometida al voto del pleno de la Asamblea Legislativa, donde se necesitan 38 de los 57 votos -dos tercios- para proceder. En vísperas de su comparecencia, Chaves llamó a sus seguidores a movilizarse frente al Congreso para “defender la democracia”, un gesto que ha generado preocupación entre sectores que temen una escalada de tensión social.
El episodio se suma a una larga cadena de enfrentamientos del mandatario con instituciones clave: Corte Suprema, Fiscalía, Contraloría, Asamblea Legislativa y ahora el TSE. Este patrón ha alimentado críticas sobre un deterioro progresivo de los contrapesos democráticos y un estilo de liderazgo confrontacional que polariza el sistema político costarricense en la antesala de un ciclo electoral crucial.
Costa Rica elegirá en febrero de 2026 al presidente y a los 57 diputados del periodo 2026-2030, en un contexto en el que el propio presidente enfrenta un juicio político potencial que podría redefinir el equilibrio de poder antes de los comicios.
5. Panamá niega que las maniobras de EE.UU. en territorio panameño busquen presionar al régimen de Maduro
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, buscó desactivar las especulaciones regionales al asegurar que los entrenamientos militares que Estados Unidos realiza en territorio panameño no tienen como finalidad apoyar acciones hostiles contra Venezuela ni contribuir a un cambio de régimen en Caracas. En su conferencia semanal, y en pleno despliegue militar estadounidense en el Caribe, Mulino enfatizó que todas las actividades de las fuerzas estadounidenses están “debidamente autorizadas” bajo un acuerdo bilateral firmado en abril, que regula de forma estricta la presencia temporal de personal militar y el uso de bases aéreas y navales por periodos prorrogables de hasta tres años.
El mandatario insistió en que Panamá, sin fuerzas armadas desde 1990, necesita fortalecer las capacidades de sus cuerpos policiales y garantizar la seguridad del canal interoceánico, un activo estratégico global de interés para América, Europa y Asia.
Los ejercicios estadounidenses -centrados en entrenamientos de supervivencia en la selva del Darién y prácticas conjuntas en bases de la costa caribeña- coinciden con la mayor operación naval antidrogas desplegada por Washington en dos décadas, que incluye el portaaviones USS Gerald R. Ford y ataques a embarcaciones vinculadas a redes criminales, con más de 70 muertos reportados desde agosto.
Este despliegue ha alimentado la narrativa de la dictadura de Maduro, que acusa a Estados Unidos de usar la lucha antidrogas como cobertura para incrementar la presión militar. Mulino rechazó esos señalamientos: “Panamá no está prestando su territorio para ningún acto hostil contra Venezuela ni contra ningún otro país”, afirmó, insistiendo en que “no tiene que ver una cosa con la otra”.
El gobierno panameño recordó que estas actividades se enmarcan en programas de cooperación habituales, como los ejercicios multinacionales Panamax, y responden a la necesidad de capacitar fuerzas policiales en entornos de alta complejidad, como la selva del Darién, considerada un espacio óptimo para entrenamientos de combate y sobrevivencia. Funcionarios del Pentágono destacaron que estas prácticas regresan a Panamá tras más de veinte años y podrían expandirse gradualmente en los próximos años como parte de una estrategia para robustecer la cooperación en seguridad hemisférica. Más allá de lo técnico, la relación bilateral se asienta también en preocupaciones estratégicas más amplias: Washington mantiene un interés permanente en evitar que actores externos -incluida China- incrementen su influencia sobre el canal de Panamá. En este contexto, Mulino busca proyectar una imagen de neutralidad regional y, al mismo tiempo, reafirmar la alianza histórica con Estados Unidos como pilar de seguridad y estabilidad para el país.
CLAVES INTERNACIONALES
1. La llegada del USS Gerald R. Ford al Caribe marca la mayor demostración de poder naval de EE.UU. en décadas Ayer inició la operación “Lanza del Sur”
El portaaviones USS Gerald R. Ford, la plataforma de combate más grande, avanzada y letal del mundo, inició sus primeras maniobras en el Caribe en apoyo al despliegue estadounidense destinado a desmantelar redes criminales y reforzar la seguridad hemisférica. Con capacidad para 4.500 tripulantes y 70 aeronaves, el buque nuclear de 335 metros -primero de su clase y sucesor de la histórica línea Nimitz- representa un salto cualitativo en tecnología militar: catapultas electromagnéticas, radares de última generación, reactores de alto rendimiento y sistemas de defensa ESSM y CIWS. Su construcción, que costó cerca de USD 13.000 millones, fue concebida para inaugurar una nueva era en la arquitectura naval estadounidense.
La llegada del Ford supone un punto de inflexión estratégico. Washington mantiene ahora en aguas latinoamericanas más de 15.000 efectivos militares, la mayor presencia en la región en décadas, reforzando operaciones que desde principios de septiembre han destruido 20 embarcaciones vinculadas al narcotráfico y dejado 80 muertos en el Pacífico y el Caribe.
El despliegue ocurre tras la orden del secretario de Guerra, Pete Hegseth, de trasladar el portaaviones desde el Mediterráneo oriental hacia el hemisferio occidental, una decisión interpretada como una escalada sustancial de la proyección de poder estadounidense en respuesta al aumento de actividades ilícitas en la región.
La Marina estadounidense describe al Ford como “la plataforma de combate más capaz, versátil y letal del mundo”, un calificativo respaldado por pruebas exigentes: en 2021 soportó tres explosiones submarinas de alto impacto en las Pruebas de Choque a Nivel de Buque, demostrando que puede seguir operando en condiciones extremas. Su presencia en el Caribe coincide con maniobras aéreas y navales destinadas a detectar, vigilar e interrumpir operaciones criminales que afectan la seguridad estadounidense y regional. “Las fuerzas reforzarán la capacidad de Estados Unidos para proteger la seguridad nacional y la del hemisferio occidental”, señaló el portavoz del Pentágono, Sean Parnell.
La llegada del Ford también tiene implicancias geopolíticas más amplias. Su presencia cerca de Venezuela se da en un contexto de creciente fricción entre Washington y el régimen de Maduro, y se integra al nuevo enfoque de presión multidimensional aplicado por Estados Unidos en el Caribe -incluyendo la operación “Lanza del Sur”- que marca un cambio doctrinario en la lucha contra el narcotráfico y el terrorismo. En este nuevo escenario, la región se convierte en un tablero estratégico donde Estados Unidos reafirma su capacidad para proyectar fuerza, disuadir actores hostiles y responder rápidamente a amenazas emergentes.
2. Zelensky condena el ataque “cruel” y “calculado” de Rusia y denuncia una ofensiva dirigida a causar “el máximo daño a la población”
Ucrania volvió a enfrentar uno de los ataques más intensos de la guerra después de que Rusia lanzara una ofensiva masiva combinada contra Kiev y varias regiones del país, empleando cerca de 430 drones y 18 misiles, incluidos proyectiles balísticos y aerobalísticos. El bombardeo, que dejó al menos cuatro muertos y decenas de heridos -entre ellos niños y una mujer embarazada-, fue descrito por el presidente Volodimir Zelensky como “cruel”, “calculado” y destinado a infligir “el máximo daño” sobre la población civil y la infraestructura crítica. Edificios residenciales en la capital resultaron gravemente dañados, mientras que fragmentos de un misil Iskander impactaron la embajada de Azerbaiyán, y las regiones de Járkiv y Odesa sufrieron ataques adicionales.
Zelensky destacó la labor de los servicios de emergencia y de la defensa aérea ucraniana, bajo el mando del general Anatolii Kryvonozhko, y reiteró la urgencia de fortalecer el sistema de protección antiaérea con apoyo internacional. “Ucrania responde con capacidad de largo alcance, pero el mundo debe detener estos atentados mediante sanciones más duras”, afirmó, subrayando que Moscú continúa financiando su maquinaria militar a través de ingresos petroleros. En la misma línea, el jefe de la administración militar de Kiev, Tymur Tkachenko, denunció que los rusos están “atacando edificios residenciales en prácticamente todos los distritos”, mostrando la sistematicidad de los golpes contra áreas urbanas.
El ataque coincide con un invierno que se anticipa especialmente crítico. Zelensky advirtió que los cortes eléctricos y los daños a la infraestructura energética podrían convertirse en un desafío “enorme” para la población durante los próximos meses. A pesar del aumento de la importación de electricidad desde la Unión Europea, autoridades de Ukrenergo anticipan que los apagones podrían extenderse hasta ocho horas diarias si continúan los ataques rusos contra centrales y redes eléctricas. Durante una visita a Zaporizhzhia, Zelensky intentó enviar un mensaje de resistencia y esperanza: “Los rusos quieren hacer la vida insoportable en Ucrania. Nosotros estamos haciendo todo para proteger a nuestro Estado y a todos los ucranianos.”
3. Japón reafirma su apoyo a la paz y estabilidad en Taiwán ante la creciente presión del régimen chino
Japón reiteró que su posición oficial sobre Taiwán permanece sin cambios, en medio de la tensión generada por los recientes comentarios de la primera ministra Sanae Takaichi sobre una posible intervención militar si China atacara la isla. El jefe del Gabinete, Minoru Kihara, aclaró que la postura japonesa sigue alineada con el Comunicado Conjunto Japón-China de 1972 y subrayó que la paz y la estabilidad en el Estrecho de Taiwán son esenciales no solo para la seguridad nacional, sino también para la estabilidad internacional. La intervención de Kihara buscó contener el impacto diplomático desatado por las declaraciones de Takaichi, quien planteó que un conflicto armado en la zona podría constituir una amenaza directa a la supervivencia del país bajo el principio de “autodefensa colectiva”.
Las afirmaciones de Takaichi desencadenaron una reacción inmediata de Beijing. El régimen chino convocó al embajador japonés en la capital, Kenji Kanasugi, para presentar una protesta formal y exigir la retractación de lo que calificó como “comentarios incorrectos” sobre la soberanía china. En comunicados posteriores, Beijing advirtió que responderá “de manera contundente” ante cualquier intervención en su aspiración de unificar Taiwán, mientras que portavoces del Ministerio de Exteriores instaron a Tokio a corregir “de inmediato” su postura. La presión fue acompañada de incidentes diplomáticos adicionales, como un mensaje amenazante publicado -y luego retirado- por el cónsul chino en Osaka, que Japón calificó de “altamente inapropiado”.
Takaichi, conocida por su dureza frente a China y por promover un mayor alineamiento de seguridad con Taiwán, defendió sus declaraciones ante el Parlamento y aseguró que no planea retirarlas, aunque se comprometió a evitar referencias explícitas a escenarios hipotéticos en el futuro. En paralelo, el canciller japonés Toshimitsu Motegi pidió a Beijing manejar la situación con responsabilidad para evitar un deterioro mayor de la relación bilateral, mientras participaba en reuniones del G7 en Canadá.
El contexto se vuelve más tenso en un Indo-Pacífico marcado por rivalidades estratégicas crecientes. La legislación de seguridad japonesa de 2015 permite invocar la autodefensa colectiva si se identifica una amenaza clara para la existencia del país, un marco que adquiere mayor relevancia dado que Beijing insiste en que Taiwán forma parte de su territorio y no descarta el uso de la fuerza para lograr la unificación. Así, Japón intenta mantener un equilibrio delicado: reafirmar su compromiso con la estabilidad regional y con Taiwán, sin escalar una disputa diplomática que podría tener profundas implicancias estratégicas para toda Asia.
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