Organizaciones ciudadanas que buscan el reconocimiento del INE como partidos políticos nacionales avanzan con lentitud, en el propósito de inscribir a 234,000 afiliados
Sin financiamiento público, con las aportaciones de sus simpatizantes y los donativos de sus patrocinadores, las organizaciones ciudadanas que buscan el reconocimiento del INE como partidos políticos nacionales avanzan con lentitud, en el propósito de inscribir a 234,000 afiliados.
Sus limitaciones, empero, no son presupuestarias. La autoridad electoral estableció un tope de 2 millones 148,000 pesos para las aportaciones individuales —ya sean en efectivo o en especie— provenientes de personas físicas; aunque las entregas —sin importar cuántas sean o el monto de cada operación— deberán realizarse a cuentas bancarias, ya sea por depósitos en efectivo o transferencia electrónica.
Las organizaciones de ciudadanos, agrupaciones políticas nacionales y las asociaciones civiles que buscan registro no podrán contratar o difundir propaganda para atraer afiliados en radio y televisión, aunque sí podrán adquirir espectaculares y colocar anuncios en la vía pública, para la difusión de su plataforma política y convocar a las asambleas, en las demarcaciones que hayan notificado al INE.
Eso sí, cualquier otro tipo de “amenidades” —espectáculos artísticos incluidos— quedaron proscritos, para atraer a los ciudadanos a las asambleas, definidas como “actos a los que debe acudirse voluntariamente, con el único propósito de manifestar la voluntad de afiliarse” a la formación partidista en ciernes.
El proceso para que las organizaciones interesadas puedan constituirse en partidos políticos nacionales arrancó hace siete meses. Además del número mínimo de afiliaciones equivalente a 0.26% del padrón electoral (233,945 ciudadanos), las organizaciones deben celebrar al menos 20 asambleas estatales o 200 asambleas distritales y que en estas asambleas participen 3,000 afiliados por entidad o bien 300 por distrito electoral; la autoridad electoral podrá constatar que en las asambleas no participen organizaciones gremiales.
A la mitad del año, sólo 80 organizaciones siguen en el esfuerzo de constituir a los nuevos partidos políticos. El INE recibió aviso de 106 APN y AC, pero 13 no fueron procedentes; y otras tantas se desistieron. Redes Sociales Progresistas —la única que optó por las asambleas estatales— y Encuentro Solidario registran los mayores avances.
Ambas formaciones —una identificada con Elba Esther Gordillo y la otra, con Hugo Érick Flores, expresidente del PES— estarían abiertamente identificadas con la Cuarta Transformación y han cumplido con la mitad de las asambleas programadas.
Fundación Alternativa, del expriista César Augusto Santiago, y Tendiendo Espacios —una escisión del PES— seguirían en la lista. Nosotros y el Movimiento Ambientalista Social por México, de Nicolás Mollinedo y Mauricio Soto, también avanzan, aunque apenas han rebasado 25% de las afiliaciones, lo mismo que México Libre, la agrupación convocada por Margarita Zavala, que apuesta a las “activaciones” para reunir a sus nuevos adeptos. Le siguen: Gente Humanista, México Nuevo y VAMOS.
En el camino, el movimiento Nosotrxs, en el que participan activistas sociales y académicos, acudió a la autoridad electoral para reclamar una presunta usurpación de identidad. Y es que el INE admitió los trámites para constituir un nuevo partido de una organización con ese mismo nombre, promovida por el expresidente nacional del PAN Manuel Espino Barrientos.
Esa organización, representada por Brenda Yasbeth Moreno Barrera, ha realizado 27 asambleas distritales pero deberá cambiar de denominación, luego de que la sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación atendiera las quejas y reconociera que existe un riesgo real de confusión de la ciudadanía cuando dos asociaciones civiles se ostentan con el mismo nombre, dado el ámbito en el que ambas desarrollan sus actividades.
Los promotores de Nosotrxs, entre quienes se cuentan Lourdes Morales, Mauricio Merino y el senador Emilio Álvarez Icaza, reafirmaron que se mantendrán al margen de la contienda electoral para luchar “por una representación política digna” y su apuesta por un modelo de incidencia y participación en la vida pública mediante vías no partidistas.
EFECTOS SECUNDARIOS
SEÑALES. La maestra Yalitza Aparicio, nominada al Oscar como mejor actriz secundaria, acudió al Centro de Convenciones para atestiguar los festejos del primer lunes de cerro, en la Guelaguetza. ¿Y la sección 22 de la CNTE? ¿Y las otras organizaciones que integran la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca? Cumplieron con su palabra de no hacer movilizaciones o bloqueos.
DESTIEMPOS. Luego de 11 días y una crisis mediática, Grupo México dio su versión de los hechos, sobre el derrame de ácido sulfúrico ocurrido en la terminal marítima de Guaymas, Sonora. El incidente —una falla en una válvula de uno de los tanques de almacenamiento— derivó en el vertimiento del equivalente a 1.2 tinacos de uso doméstico del material tóxico. “Esa cantidad en proporción al volumen de agua en la bahía no es representativa, además se neutralizó inmediatamente al entrar en una solución alcalina como es el mar. Por otra parte, el ácido sulfúrico derramado en el piso de concreto de la Terminal fue neutralizado con bicarbonato de sodio, gracias a la oportuna intervención de nuestro personal calificado”, explicaron. La firma de Germán Larrea refirió un informe de la Secretaría de Marina —“(…) que no se observaron evidencias visibles de daño ambiental, en las inmediaciones del punto de vertimiento de ácido sulfúrico y sus alrededores (…)”— para esquivar las “falsas acusaciones y descalificaciones contra la empresa”.
DESAJUSTES. La Comisión Permanente del Congreso de la CDMX, encabezado por el morenista Ricardo Ruiz, decidió relevar al oficial mayor, Javier González Garza, y a la titular de la Unidad de Transparencia, Judith Minerva Vázquez. Se cuestiona si la comisión tiene esa facultad. Pero ya nombraron encargados de despacho en ambas dependencias. El resto de las unidades administrativas no ha comunicado nada. Las turbulencias administrativas ocurren mientras los legisladores capitalinos están en receso. Será hasta la próxima semana cuando reanudarán actividades, en un periodo extraordinario de sesiones convocado para discutir y aprobar iniciativas en temas de seguridad, transparencia y una reforma federal sobre derechos de las personas afromexicanas.
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