Al paso del tiempo, estos tijuanenses de corazón coincidieron en sus renuncias al PRI y en su acercamiento al lopezobradorismo
Con apenas 130 años de historia, Tijuana ha recibido recientemente con los brazos abiertos a los migrantes, ya sean centroamericanos, caribeños o africanos. Entre ellos destacan los haitianos, dechado de laboriosidad y regodeo.
La urbe fronteriza también ha sido generosa con la clase política migrante. Allí está, por ejemplo, el ingenio Jorge Hank Rhon, quien hipotecó su futuro como heredero del Grupo Atlacomulco para hacer patria y fortuna con los casinos, los hoteles y los Xolos, negocios que le permitieron llegar a la alcaldía y enfilar a la gubernatura… hasta que los calderonistas lo taclearan, políticamente hablando.
Antes que Hank, a TJN habían llegado un cúmulo de sinaloenses y también Alcides Beltrones Rivera. Otra oleada de foráneos se instaló allá hace cuatro décadas, concitados por Xicoténcatl Leyva, quien sería el último gobernador priista de Baja California.
Xico, abogado originario de Xalapa, Veracruz, fue enviado a aquella ciudad fronteriza en 1971. Y tardó una década en alcanzar la alcaldía, para después brincar a la gubernatura. Otros estudiosos del derecho hicieron equipo con él, entre ellos el potosino Amador Rodríguez Lozano y el chiapaneco Rutilio Escandón Cadenas.
Lagunero de nacimiento, pero también tijuanense por adopción, es el arquitecto Jaime Martínez Veloz, quien casi simultáneamente con Rodríguez Lozano arrancó una carrera legislativa hace dos décadas. El primero fue diputado federal en 1994; el segundo fue senador y al igual que Escandón, formó parte de la Comisión para la Concordia y Pacificación para Chiapas, que propició el diálogo entre el EZLN y el gobierno federal.
Escandón migró a Tijuana cuando era apenas un muchacho. Allá estudió la preparatoria y la carrera de abogacía, en la UABJ, para después cumplir con una breve carrera en el periodismo y enseguida trabajar en el catastro municipal, cuando Xico fue gobernador.
Al paso del tiempo, estos tijuanenses de corazón coincidieron en sus renuncias al PRI y en su acercamiento al lopezobradorismo. Escandón, con mayor intensidad, por su matrimonio con la actual jefa del SAT Rosalinda López Hernández, quien es originaria de Villahermosa y es hermana del gobernador tabasqueño, Adán Augusto López Hernández.
Rodríguez Lozano fue procurador en Chiapas justo al mismo tiempo que Escandón Cadenas presidía el Tribunal Superior de Justicia. Y actualmente preside el Instituto de Administración Pública en aquella entidad del sureste, al tiempo que mantiene sus actividades como operador electoral, al servicio de políticos izquierdistas en pos de gubernaturas, como ocurrió con su paisano Ricardo Gallardo Juárez, alcalde perredista de San Luis Potosí; con Escandón, y con Jaime Bonilla, en Baja California.
Suya es la idea de rectificar la “aberrante” reforma constitucional del 2014, que estableció la minigubernatura para la que Bonilla fue electo, hace un año. Rodríguez formó parte del equipo jurídico que asesoró al entonces candidato de Morena, quien al registrarse —en marzo del 2018— se inscribió para competir por un periodo de cinco años.
La litis, en este farragoso asunto, radica en el texto del artículo 44 de la Constitución de Baja California. Y como determinante, el pleito entre Bonilla y Martínez Veloz, quienes disputaron la candidatura morenista. El perdedor entonces decidió emprender una lucha jurídica para hacer valer el artículo transitorio, que estableció que el gobernador cumpliría apenas un bienio.
El asunto fue resuelto por el Tribunal Electoral de Baja California, para establecer que el 1 de julio del 2018 los electores votarían por un gobernador de seis años, pero tres días antes de los comicios, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación revocó esa decisión.
Rodríguez Lozano está entre los abogados chiapajuanenses que sostienen que la reciente reforma constitucional para ampliar el mandato de Bonilla “es legal, legítima, apegada a la letra y espíritu de la Constitución y democráticamente apoyada por la mayoría del pueblo de Baja California”.
En esa misma dirección se apuntó el subsecretario de Gobierno de la Segob, Ricardo Peralta Saucedo, quien hizo suyos los argumentos de los abogados morenistas, y tomará posesión dentro de dos semanas, y sostuvo que en la boleta electoral los bajacalifornianos votaron por candidatos y partidos y no se manifestaron por la vigencia del gobierno.
Además de las evidencias sobre la cercanía entre el funcionario federal y el gobernador electo —a través del administrador de la Aduana de Tijuana, Alejandro Miramontes Armenta—, los sospechosistas observan en su postura una muestra más de la injerencia federal en los asuntos locales.
Y es que Peralta Saucedo es el encargado de las relaciones con los congresos locales.
EFECTOS SECUNDARIOS
FRENO. Las redadas contra inmigrantes en Estados Unidos están en ciernes. Los oficiales del ICE han trabajado a medio gas, en espera de que los jueces resuelvan el cúmulo de demandas interpuestas contra la medida anunciada por el presidente Donald Trump. Abogados de distintas organizaciones civiles reclamaron respeto a la legislación vigente en materia de protección de refugiados. Antes de ser deportados, insistieron, tienen el derecho de ser presentados ante un juez de inmigración. El debido proceso, en todo caso, tiene nuevas reglas: ahora los migrantes que soliciten asilo deberán hacerlo desde un tercer país seguro y después de que en su éxodo les hayan negado refugio. La nueva disposición está vigente a partir de este martes.
CONGELADORA. Ya se sabe que el senador guerrerense Félix Salgado Macedonio fue el que propuso que los servidores públicos comprendidos en los grupos jerárquicos de mando superior que se separen de su cargo —es decir, secretarios de Estado, subsecretarios, oficiales mayores o equivalentes, jefes de unidad y directores generales— no puedan ocupar, durante los siguientes 10 años, puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público. Tal medida “puede generar incentivos perversos como el darle la vuelta a la ley a través de consultorías, o bien, buscar enriquecerse para un retiro cómodo y seguro”, advirtió Lourdes Morales, de la Red de Rendición de Cuentas.
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