¿La instrucción? Avanzar en una solución definitiva de un conflicto heredado de hace dos sexenios
Han pasado dos sexenios desde que los trabajadores de la mina Buenavista del Cobre cerraron las instalaciones de la planta que había adquirido Germán Larrea. Javier Lozano estaba al frente de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, mientras Álvaro Castro Estrada era el subsecretario del ramo y Enrique Andrade Salaverría estaba al frente de los asuntos jurídicos de la dependencia.
Castro y Andrade ya habían pasado por la STPS durante el foxismo, junto con su antiguo jefe, Carlos Abascal Carranza, quien los últimos 18 meses de ese sexenio estuvo al frente de Gobernación y tuvo que lidiar con el accidente en la mina de Pasta de Conchos, la irrupción de la APPO en Oaxaca, el conflicto poselectoral del 2006 y el bloqueo de la toma de posesión de Felipe Calderón.
Entre el Palacio de Cobián y el edificio del Ajusco se movió esa dupla entre el 2000 y el 2006. Javier Lozano requirió sus servicios para atender la huelga promovida por Napoleón Gómez Urrutia a la mina de Grupo México en Cananea, pero en el 2008 decidió reforzar su equipo de trabajo. Andrade Salaverría fue enviado a la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje.
El conflicto entre los 672 huelguistas desde el 30 de julio del 2007, afiliados a la sección 65 del Sindicato de Trabajadores Mineros y Metalúrgicos de la República Mexicana y la empresa de Larrea, llegaría a esa instancia. El paro se prolongó por casi dos años. En este lapso, las instalaciones de la empresa fueron vandalizadas, lo que —a juicio de sus propietarios— imposibilitaba laborar en ese centro de trabajo.
El 14 de abril del 2009, la JFCA resolvió declarar terminado el contrato colectivo de trabajo y la huelga dejó de tener efectos. La resolución mandataba el pago de las indemnizaciones correspondientes. Desde entonces, Gómez Urrutia solicitó la protección de la justicia federal, incluso a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero todas sus impugnaciones fracasaron. Con la negativa definitiva del amparo, la resolución quedó firme y siendo cosa juzgada, los extrabajadores de Buenavista del Cobre habrían perdido todo derecho a recuperar salarios caídos u otras prestaciones.
La JFCA mandató la liquidación de los mineros, afiliados a la sección 65 del SNTMMRM, pero la representación sindical se desistió de la presentación de pruebas y se allanó a las cantidades ofrecidas por la empresa, que procedió a depositar los cheques, en febrero del 2018, ante la instancia conciliatoria.
Han pasado 17 meses desde entonces y un año del regreso de Gómez Urrutia a México, después de su autoexilio en Canadá. El senador por Morena y los dirigentes de la sección 65 sostienen que la huelga en Cananea sigue viva y que todavía es posible revertir la terminación de las relaciones de trabajo y de la huelga, decretadas en abril del 2009 por la instancia que entonces encabezaba Enrique Andrade Salaverría, quien después de servir ocho años como titular de la JFCA pasó a retiro. Su jefe, Álvaro Castro Estrada, terminó el sexenio calderonista como coordinador de asesores del secretario del Trabajo y después fue designado presidente del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje. En abril del 2015 fue designado magistrado del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde actualmente preside la décimo segunda Sala Regional Metropolitana.
Una minoría de extrabajadores de Buenavista del Cobre aceptó sus liquidaciones y también las utilidades, correspondientes al ejercicio fiscal del 2007. El bloqueo en las instalaciones de Grupo México sigue. Ahora son las esposas de los extrabajadores quienes bloquearon las vías del ferrocarril justo en el centro de Cananea. Los huelguistas mantienen en demanda su reinstalación y la liberación de más de 134 millones de pesos, correspondientes al pago de utilidades; 180,000 pesos para cada uno de los paristas.
Justo hace cuatro meses, el presidente Andrés Manuel López Obrador realizó una gira de trabajo en Sonora y atendió a representantes de los huelguistas, quienes habían amagado con cerrar totalmente los accesos a las instalaciones de Grupo México.
Por intercesión del senador Gómez Urrutia y del secretario de Seguridad Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, el Ejecutivo federal ordenó la activación de un mecanismo de conciliación, al que se integraron representantes de las secretarías de Economía y del Trabajo, el gobierno sonorense y las autoridades municipales. ¿La instrucción? Avanzar en una solución definitiva de un conflicto heredado de hace dos sexenios.
EFECTOS SECUNDARIOS
RELEVADOS. Con la salida de Pedro Díaz de la Vega de la Dirección de Comunicación Social de la SEP, se completa la docena de comunicadores destituidos por la 4T en apenas siete meses. Los relevos coinciden justamente con los exfuncionarios designados por los secretarios y prevalecen aquellos nombrados directamente por Jesús Ramírez Cuevas. Con la nueva plantilla de voceros, a la que se integra Juan Ramón Flores Gutiérrez, deberá comenzar el despliegue de las campañas que coemitirán las dependencias federales. Hay más de 3,000 millones de pesos pendientes de ejercer.
ACOSO. El FBI y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han conseguido acceso a los registros estatales de conductores para obtener datos de reconocimiento facial, sin el conocimiento o permiso de los usuarios. La utilización de las bases de datos de propietarios de vehículos y licencias de conducir para fines de vigilancia fue denunciada por Adam Levin, de la firma CyberScout. “Esto es una clara violación de la privacidad del consumidor… Combinar esto con la tecnología de reconocimiento facial sólo lo hace más peligroso, ya que la tecnología en sí no siempre es precisa, ha sido criticada por sesgo racial y es otra herramienta que se suma a nuestra economía de vigilancia”, denunció. Mientras, la administración Trump interpuso una moción de emergencia ante el Tribunal del Noveno Circuito para bloquear un fallo de un juez que le impide al Departamento de Defensa pagar seis tramos del muro fronterizo.
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