Para resolver sobre este asunto, el director general de CFE ha consultado a Nevárez Elizondo y al exdirector general de administración Héctor de la Cruz
Ha pasado casi un año de que la Secretaría de la Función Pública resolvió el expediente PA/055/2017. Ese procedimiento administrativo involucraba, entre otros servidores públicos, a María Isabel Zárate Vázquez, entonces adscrita a la Comisión Federal de Electricidad.
El 3 de julio del 2019, la titular del área de Responsabilidades de la SFP, Heidi Jiménez Reyes, giró el oficio 18/UR/CFE/AR/928/2018 para notificar a Zárate Vázquez su fallo definitivo, consistente en su destitución y su inhabilitación para desempeñar un empleo, cargo o comisión en el servicio público por un plazo de 10 años, aplicable una vez que el expediente quedara inscrito en el Registro de Servidores Públicos Sancionados.
Entonces, ya no trabajaba en CFE, por lo que su destitución no pudo ejecutarse en los términos ordenados por Jiménez Reyes. No obstante, acudió al Poder Judicial para tramitar un amparo en el Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa del Primer Circuito contra el titular del Área de Responsabilidades de la Unidad de Responsabilidad de CFE, que fue desechado en primera instancia por notoriamente improcedente.
Zárate Vázquez —abogada, egresada de la Unitec— había fungido como subgerente de trabajo y Servicios Administrativos de la división de Distribución Valle de México. El gerente divisional era Guillermo Nevárez Elizondo hasta el 2015.
Ambos servidores públicos son los protagonistas de una denuncia presentada ante el actual director general de CFE, Manuel Bartlett Díaz, que también fue remitida al Palacio Nacional. Y es que Zárate Vázquez —no obstante la sanción impuesta hace un año— mantiene su posición.
Nevárez Elizondo había cumplido con 30 años de servicio en CFE cuando se jubiló, en el periodo de Enrique Ochoa Reza al frente de la empresa. Pero inmediatamente el presidente Enrique Peña Nieto lo designó director general de Desarrollo Ferroviario y Multimodal de la SCT.
La queja presentada hace dos semanas refiere presuntos actos de corrupción e impunidad que atribuye a Zárate Vázquez. “Aun cuando está inhabilitada, no solamente le siguen pagando como subgerente, sino que sigue tomando decisiones y acomodando amigos personales en posiciones estratégicas de la empresa”, reclaman los quejosos, cuya identidad se mantiene bajo reserva. Y denuncian el conflicto de interés en que incurrirían ambos funcionarios.
En el ojo del huracán, Nevárez Elizondo afronta cuestionamientos por su relación conyugal y también por su anterior encargo. Y es que bajo las órdenes de la subsecretaria Yuriria Mascott, resolvió el destino del Tren Interurbano México-Toluca.
En la víspera de que se califique a los participantes en la licitación para la adquisición de medidores —contrato valorado en 95 millones de dólares— padece la presión de los jugadores de un mercado sumamente competido… ¿o acaso es fuego amigo?
Entre los postores están Carlos Peralta y Andrés Tort. Y para resolver sobre este asunto, el director general de CFE ha consultado a Nevárez Elizondo y al exdirector general de administración Héctor de la Cruz.
EFECTOS SECUNDARIOS
MISTERIO. En vísperas de un cambio en el mando actual del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales, la Auditoría Superior de la Federación ha requerido toda la información de los avalúos levantados en la época que la actual diputada priista Soraya Pérez estuvo al frente de ese organismo, para determinar el valor de Agronitrogenados, la planta de fertilizantes que AHMSA cedió al gobierno federal, tras desembolsar 293.7 millones de dólares. Los avalúos encargados por el Indaabin a técnicos especializados buscaban el valor comercial de la maquinaria y equipo, así como estimar el valor de la unidad económica como negocio en marcha, aunque fuera una planta chatarra.
ÉXODO. Con la salida de Javier Guerrero de la Unidad de Gobierno de la Secretaría de Gobernación, cierra un ciclo renovador en la dependencia encabezada por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, dirán los optimistas. Lo cierto es que cuatro unidades de esa dependencia actualmente operan con encargados de despacho, tras de las renuncias de Guerrero y Clicerio Coello Garcés, titular de la Unidad de Normatividad de Medios; Héctor Gandini Estrada, de la Unidad de Comunicación Social, y Jaime Rochín, presidente de la Comisión Especial para la Atención a Víctimas.
¿PRECISOS? La oficina de comunicación social del IMSS llevaba casi 24 horas acéfala cuando fue divulgado el comunicado 169/2019, cuyo tercer párrafo textualmente enuncia: “la creación de empleos durante el quinto mes del 2019 fue de 3,983, resultado de la disminución de 36,861 empleos eventuales acompañados de la creación de 40,664 empleos permanentes, comportamiento explicado, principalmente, por efectos cíclicos”. El boletín cerraba con el registro de 609,399 “aprendices” asignados a un centro de trabajo, de los cuales 481,548 habían sido incorporados a los servicios médicos del Seguro Social. ¿Debían incorporarse los becarios del programa Jóvenes Construyendo el Futuro a las estadísticas de nuevos empleos, como reclamó AMLO? En su primera conferencia de prensa, Zoé Robledo reconoció que no se incluyeron esas cifras y atribuyó a la estacionalidad las malas cifras. (Robledo todavía no es ratificado por el consejo de administración, cuya sesión —programada tentativamente para este jueves 20— está en suspenso). En el ISSSTE sí hubo sesión de la Junta Directiva y el titular del organismo, Luis Antonio Ramírez Pineda, reconoció pasivos por 20,000 millones de pesos; no obstante, aseguró que cuenta con la suficiente solvencia económica para dar respuesta a los compromisos heredados.
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