El presidente Trump transfirió a México la culpa de la incapacidad estadounidense para hacer cumplir sus propias leyes de inmigración
El plan especial para frenar la migración centroamericana está en curso, con el despliegue del personal operativo del Instituto Nacional de Migración, la Secretaría del Bienestar y la Guardia Nacional. La primera misión del equipo encabezado por Marcelo Ebrard consiste en desactivar a las organizaciones delincuenciales dedicadas al tráfico de personas.
“Ha habido una tolerancia a este tráfico (durante) muchos años, pero es lo más peligroso que puede haber para las personas: puede haber situaciones catastróficas o pérdidas de vidas humanas muy lamentables, como ya hemos tenido experiencia en el pasado”, describió ayer el secretario de Relaciones Exteriores.
¿Tráfico ilícito de migrantes o trata de personas? Han pasado 10 de los 45 días concedidos por la administración Trump para la activación del plan que frenará las oleadas de migrantes centroamericanos que cruzan por México en busca del sueño americano. De su implementación depende la aplicación de aranceles.
Seguramente el presidente de Estados Unidos tiene otros datos y dirá que el ICE ha sido implacable en la detención de los migrantes. Las estadísticas intercambiadas por la Secretaría de Gobernación y el Departamento de Seguridad Interior muestran que el año pasado, México deportó a más inmigrantes de los países del llamado Triángulo del Norte (Guatemala, Honduras y El Salvador). Y que de hecho mandó de regreso a sus países a casi a todos los migrantes que fueron detenidos, mientras que Estados Unidos no lo hizo… pues dejó esa tarea a sus vecinos del sur.
En los últimos 15 años —de acuerdo con los reportes de ambas instancias—, México deportó a 1.7 millones de centroamericanos a los países del Triángulo del Norte, mientras que Estados Unidos expulsó 1.1 millones de centroamericanos. En los dos últimos años de la administración de Vicente Fox —214,738 casos en el 2005 y 190,528 en el 2006— se registraron los récords del periodo. En el sexenio de Felipe Calderón sólo un año superaron los 100,000 casos y en el primer trienio de Enrique Peña Nieto se registró un repunte que duplicó la cifra de deportaciones, para situarse en 165,524 casos en el 2015.
En esos tres lustros, que abarcan entre el 2004 y el 2018, fueron detenidos 1 millón 850,000 ciudadanos de esas tres naciones, de los cuales, 1 millón 750,000 personas fueron deportadas desde México.
En ese periodo, Estados Unidos deportó 1.1 millones de centroamericanos, mientras que detuvieron a 1.7 millones sólo en la frontera, alrededor de 10% son detenidos en el interior.
El último año del sexenio peñista, México deportó 6,177 migrantes más del Triángulo del Norte que EU en ese año. México también deportó más en el 2015, el 2016 y el 2017.
De acuerdo con las Naciones Unidas, en Estados Unidos residen actualmente 3 millones de ciudadanos de los países del Triángulo del Norte, mientras que sólo 80,000 se habían asentado en México. Con la nueva política migratoria, esas cifras sufrirán una dramática transformación. La saturación de los 125 albergues para migrantes —efecto directo de las caravanas— es la primera evidencia contundente.
El presidente Trump transfirió a México la culpa de la incapacidad estadounidense para hacer cumplir sus propias leyes de inmigración o disuadir a los centroamericanos del sueño americano. México ha realizado más deportaciones de centroamericanos que su vecino del sur y a partir de ahora sólo es posible esperar que esa tendencia se mantenga.
En el fondo de esa problemática está la reforma al sistema de inmigración legal aprobada por el Congreso estadounidense hace casi tres décadas. Desde entonces, las cuotas de inmigración obsoletas y arbitrarias del sistema han duplicado los tiempos de espera de las tarjetas verdes para inmigrantes legales. Y en la frontera surgió un nuevo desafío en forma de inmigración ilegal y solicitantes de asilo de Centroamérica.
En Estados Unidos subsiste un amplio acuerdo bipartidista sobre la necesidad de reformar las políticas de inmigración, tanto temporales como permanentes. Sin embargo, el Congreso y la administración Trump no han logrado un consenso.
Con las naciones del Triángulo del Norte ya se ha instrumentado un mecanismo de intercambio de información y acción conjunta, confirmó ayer Marcelo Ebrard. “El objetivo es no permitir la trata de personas y menos de menores de edad, porque es lo que más están haciendo ahora mismo… Estados Unidos tiene que asumir su responsabilidad en esto también”, sentenció.
El jueves, en Tapachula, Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador recibirá a su homólogo salvadoreño, Nayib Bukele.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿OMISO? En el desahogo de una controversia de arrendamiento que involucra a Banca Mifel y la firma Korn Ferry México, el juez vigésimo séptimo de lo civil de la CDMX, Carlos Miguel Jiménez, requirió al alcalde de Miguel Hidalgo, Víctor Hugo Romo, una copia certificada de las actuaciones del expediente 1490/2018/0B. Entre febrero y mayo del 2019, el juez remitió en cuatro ocasiones sendos oficios, de conformidad con el artículo 288 del Código de Procedimientos Civiles. La última petición ocurrió justo hace cinco semanas, con una excitativa para que fuera entregado el expediente completo en la oficialía de parte. La respuesta sigue sin llegar, en los términos solicitados.
AVANCES. Después de tres intentos, las Redes Sociales Progresistas lograron construir su delegación en Nuevo León. El protopartido elbista tiene en una directiva colegiada en la que trabajan Juan Iván Peña Neder, José Fernando González Sánchez y René Fujiwara Montelongo. Y han logrado la validación del INE en Chiapas, Campeche, Durango, Hidalgo, Sinaloa, Veracruz y el Estado de México. Necesitan otras 12 asambleas estatales para cumplir con el requisito constitucional.
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