Un conflicto social que —como muchos otros— fue traspasado a la nueva administración
Promovido por la Comisión Federal de Electricidad y con una extensión de 451 kilómetros, el gasoducto La Laguna-Aguascalientes cruzaría municipios de tres entidades para sumar diariamente 1,189 millones de pies cúbicos de gas a la red nacional. Las obras amparadas por el permiso G/20156/TRA/2017 otorgado a Fermaca debían haber concluido a mediados del año pasado, para que entrara en operación tras de una inversión de 473 millones de dólares.
Tres meses antes de que concluyera el sexenio, los trabajos registraban un avance de 41%, según reportó el gobierno de Zacatecas, y si la Federación no intervenía, se mantendría un ritmo lento. Y es que campesinos de la comunidad de Santiaguillo —ubicada a 52 kilómetros de la capital zacatecana— habían rechazado los ofrecimientos del desarrollador, de pagarles 4,200 pesos a cada uno de los 154 integrantes del comisariado ejidal por un contrato de derecho de paso que tendría una duración de 30 años.
Este conflicto social —como muchos otros— fue traspasado a la nueva administración. Pero a diferencia de los funcionarios priistas, su atención ocurrió in situ, en primera instancia. Los servidores de la nación —los mismos que levantaron los censos del bienestar, a finales del año pasado— fueron desplegados en los 11 municipios afectados por el gasoducto para una “supervisión”, tras de que las instancias locales negaran información a la delegada designada por AMLO, Verónica Díaz.
El trabajo en tierra permitió un diagnóstico certero: el abogado Faustino Adame Ortiz —identificado como operador del senador petista José Narro— estuvo detrás del bloqueo, del pasado 20 de agosto del 2018 y asesoró a los ejidatarios que se oponen al acuerdo firmado por el comisariado y los representantes de la empresa, para firmar un contrato de servidumbre voluntaria, continua y aparente de paso.
Con media docena de gasoductos en construcción y en proyecto, así como el oprobioso antecedente del ramal El Encino-Topolobampo —que tuvo que dirimirse en tribunales— entre los industriales del país se vislumbra un boom por la distribución y la comercialización de la energía generada con gas natural, no obstante la postura de la nueva administración, de renegociar los contratos firmados con los desarrolladores privados; entre ellos Carso, IEnova, Transcanada y Fermaca.
A pesar de la conflictiva social y de la postura gubernamental, los participantes del mercado han dado su aval a la conducción de Elvira Daniel Kabbaz en el Cenagas y la directriz gubernamental de impulsar proyectos de infraestructura y servicios técnicamente factibles y económicamente viables, como detonante del desarrollo económico.
Luego de cuatro semanas de consultas —entre el 4 de marzo y el 12 de abril— respecto a la oferta y demanda potencial de gas natural de los próximos tres lustros, Cenagas está por completar un ejercicio de planeación estratégica integral que se traducirá en el plan quinquenal 2020-2024 en la prestación de los servicios en transporte y almacenamiento de gas natural y contribuir a la continuidad del suministro de dicho energético en territorio nacional.
La participación en la consulta pública alcanzó niveles inéditos. Pero el entusiasmo del sector se materializó en el número de proyectos presentados ante la autoridad (121 industrias y 33 generadores de energía eléctrica), además de los 100 potenciales distribuidores y 216 comercializadores que establecieron interés en puntos de extracción e inyección del hidrocarburo.
Si bien varios participantes manifestaron su disposición para incorporarse al mercado al sustituir otros combustibles por gas natural y se recibieron solicitudes de capacidad de transporte en regiones donde actualmente no se cuenta con dicha infraestructura, la cobertura en el territorio nacional seguirá incompleta: en Baja California Sur, Guerrero, Oaxaca y Chiapas no se recibieron manifestaciones. El plan quinquenal de la anterior administración contemplaba la construcción de gasoductos Salina Cruz-Tapachula y Jáltipan-Salina Cruz, pero la cancelación del programa de Zonas Económicas Especiales daría al traste con esa proyección.
Entre aquellos que actualmente reciben gas natural, 8% confirmó su demanda y 4% manifestó una reducción en el consumo; mientras que 49% tiene intención de aumentar su consumo y 39% desea obtener acceso al suministro de gas natural. La manifestación de ampliación haría subsistir al modelo de interconexiones para la importación de gas natural desde Estados Unidos. Los nuevos demandantes serían proyectos que aún no se encuentran interconectados a algún sistema de transporte, ya sea que actualmente se encuentren operando con otros combustibles (sustitución de combustibles) o en planeación (nuevas plantas).
EFECTOS SECUNDARIOS
AVISOS. El auditor Superior de la Federación, David Colmenares Páramo, regresó a su natal Oaxaca para participar en un foro de legisladores especializados en temas hacendarios. Ante el Ejecutivo estatal, Alejandro Murat Hinojosa, el titular de la ASF advirtió su preocupación por los altos niveles de endeudamiento y su marcada tasa de crecimiento en el corto plazo, observados en algunos estados de la República. La irrupción de ese fenómeno entre los ejecutivos locales estableció, obliga a establecerlo, como tema prioritario en el programa anual de auditorías, en particular la revisión del cumplimiento de la ley de disciplina financiera, con una visión constructiva.
REBASADOS. El Pentágono asumió un rol determinante para concretar la construcción del muro fronterizo. Y ante los cambios sufridos en la Patrulla Fronteriza y el Departamento de Seguridad Interior recientemente, el Departamento de la Defensa ha definido una docena de puestos para construir secciones de muros a lo largo de la frontera suroeste entre Estados Unidos y México. Los contratos rebasan los 5,000 millones de dólares. En el sistema judicial estadounidense, por el contrario, los esfuerzos de la administración de Trump para hacer cumplir la ley de inmigración se ha traducido en un enfrentamiento entre el gobierno federal y los fiscales estatales progresistas en Massachusetts, que ha alcanzado un punto de ebullición en los últimos días con la acusación de un juez en funciones y una primera demanda de este tipo entre dos fiscales de distrito. Las audiencias para atender las solicitudes de asilo y las demandas por deportación están en el centro de la polémica.
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