Por la introducción de autos chocolate, importadores y agentes aduanales han tenido que rendir testimonio ante jueces y magistrados en materia penal
Por la introducción de autos chocolate, importadores y agentes aduanales han tenido que rendir testimonio ante jueces y magistrados en materia penal, en las investigaciones iniciadas por el SAT por el supuesto contrabando de vehículos automotores seminuevos que fueron introducidos al país al amparo de interlocutorias de suspensión y sentencias de juzgados de la frontera norte.
El TLCAN tenía una rendija que fue aprovechada al máximo. Para la chatarrización del parque vehicular, el gobierno mexicano impuso restricciones a través de decretos a fin de mitigar los riesgos a la salud y el medio ambiente que supone la importación indiscriminada de vehículos automotores.
Por años, ante las diferentes restricciones legales, reglamentarias, operativas, al comercio vehicular entre los países de América del Norte, hubo comerciantes para quienes no fue posible importar automóviles; no obstante, hubo también quienes lograron realizar dichas importaciones con el sustento que daba contar con la autorización expresa de una resolución (provisional o definitiva) de alguno de los órganos del Poder Judicial de la Federación, lo cual es válido y perfectamente coherente con nuestro sistema normativo y de justicia.
“En el pasado, la importación de vehículos se realizó cumpliendo los extremos legales que se exigía”, explica Carlos Sarabia, del despacho Xtrategia, “tuvieron que cumplirse las disposiciones fiscales, aduaneras, así como las restricciones no arancelarias atinentes y si en algunos casos no fue así en su totalidad, se sabe que tal excepción se debía a la existencia de resoluciones judiciales (sentencias a las cuales se ha hecho referencia en los párrafos que anteceden) que concedían la suspensión o amparo de la justicia federal, con sustento en la interpretación constitucional de los juzgados o tribunales competentes (según sea el caso), por lo que a todas luces existió una permisión dentro del marco normativo para la realización de la importación de vehículos usados”.
En todo caso, insisten los agentes aduanales, habría una responsabilidad compartida incluso desde el personal de apoyo para el despacho de mercancías en aduanas, hasta quienes las dirigen y las supervisan a nivel central, pues se conocía de la operación de importación de vehículos y más allá, tal responsabilidad iría también a personal del Poder Judicial de la Federación, que dentro de su autonomía juzgó pertinente en sus resoluciones y sentencias permitir el libre comercio de automotores.
Que se hable de una práctica indebida y hasta de contrabando de vehículos por parte de los importadores y hasta de los agentes aduanales que intervinieron en tales operaciones no sólo es inexacto, también es injusto y plantea una serie de dilemas que tendrían que abordarse si se quiere tratar seriamente el tema.
Los asuntos aduanales han ganado notoriedad en fechas recientes. Al correo de Signos Vitales llegaron una docena de denuncias, provenientes de distintos ámbitos de la Administración General de Aduanas, que cuestionan las decisiones de la nueva directiva. En todos los casos, aceptaron compartir la información a condición de mantener la identidad de los denunciantes bajo reserva, por temor a represalias.
Sobre la Administración Central de Apoyo Jurídico de Aduanas, quedó expuesta la obligatoriedad de inscribirse a una maestría de comercio exterior impartida en el Centro Universitario de Estudios Jurídicos —lunes, miércoles y viernes, de 7:00 a 9:00 horas—, que es dirigido por el titular de esa área, Juan Rabindrana Cisneros. Ese curso es impartido en las instalaciones de la AGA.
El pasado 9 de enero, el administrador general de Aduanas, Ricardo Peralta Saucedo, remitió el oficio 800-00-00-00-00-2019-0130, para mandatar a Rabindrana Cisneros que cualquier autorización o trámite de su área quedaría a expensas de una autorización expresa y escrita de su superior jerárquico. ¿Consecuencia? Un deliberado rezago de tres meses y un acumulado de trámites vencidos que afectan directamente a los contribuyentes.
Una mayoría rotunda de las denuncias apunta a un esquema de venta de plazas y al favoritismo imperante, que habría beneficiado al nuevo administrador de la aduana de Naco, Sonora, Abel Martínez Lizárraga; al nuevo administrador de San Luis Río Colorado, Edgar Jiménez, y a Carlos Franco, a quien premiaron con la aduana de León, Guanajuato.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿MARGINADOS? En el ramo petrolero suena —desde hace unos días— el nombre de Abraham David Alipi Mena, quien estaría próximo a convertirse en subdirector de Pemex Exploración y Producción. Tabasqueño, egresado de la Universidad Olmeca, y especializado en comercio exterior y aduanas, carece de experiencia en el ramo de la producción de hidrocarburos, pero tiene cercanía a la familia del Ejecutivo federal. ¡Órale!
EN ESPERA. En el desahogo del conflicto entre Translog y Baxter, que actualmente se litiga en tribunales de México y Estados Unidos, el proveedor global de productos y dispositivos médicos reitera que opera bajo estrictos estándares de ética y apego a la ley. “En este sentido, nos encontramos esperando respetuosamente la decisión que la autoridad correspondiente dictamine”.
CONTRADICCIONES. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, quien hace unos días diera a conocer que la empresa Aeropuertos de París (operadora y administradora del aeropuerto Charles De Gaulle de dicha ciudad y experta en proyectos aeroportuarios) apenas se había integrado al análisis y desarrollo del proyecto para poder proceder a confirmar su viabilidad, puesto que hasta ahora sólo se cuenta con estudios que no han sido considerados como definitivos. Otra interrogante es si ya se cuenta con los permisos necesarios para comenzar a modificar el terreno en la zona y quiénes son las empresas a las que se asignaron las licitaciones de las diversas obras del proyecto. Aunado a estos cuestionamientos, hay más frentes abiertos, como las excavaciones que realiza el INAH, en las que podría verse afectado el patrimonio histórico, o también las demandas de los dueños de las tierras aledañas a la base militar, los cuales han afirmado que no van a regalarlas sino venderlas.
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