Cuando el presidente se le fue a la yugular a su subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, de inmediato se alzaron voces en su defensa
Cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador se le fue a la yugular a su subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera, de inmediato se alzaron voces en su defensa. Desde los más diversos sectores abogaron por uno de los mejores funcionarios que tiene en su equipo. Y no es para menos, este personaje lucha todos los días por mantener la estabilidad financiera del país, a pesar de las ocurrencias económicas del propio presidente López Obrador. No es una tarea nada fácil.
Pero cuando el ataque presidencial se dirigió hacia el secretario de Comunicaciones y Transportes, por aquello de la confesión de Javier Jiménez Espriú de que no han encontrado actos de corrupción en la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) que se construía en Texcoco, nadie, absolutamente nadie, salió en defensa de esta persona.
Y tampoco es para menos, Jiménez Espriú fue una de las principales voces que convenció a López Obrador de cancelar el NAIM, en contra de todo sentido común, sin argumentos válidos y con un costo financiero e histórico que hoy pegan en las expectativas mismas de crecimiento del Producto Interno Bruto, de este año y los que siguen.
Los argumentos en contra del NAIM, que usó ese grupo de patrocinadores de la terminal militar de Santa Lucía, se han caído uno a uno. Resulta que nadie encontró el lago y ahora resulta que tampoco encuentran actos de corrupción.
En un extraño arranque de sinceridad, Jiménez Espriú confesó ante legisladores que no hay pruebas de irregularidades, un argumento que no era difícil de creer, porque en materia de honestidad y transparencia tampoco había como defender al gobierno anterior.
Pero esto encolerizó al presidente, quien desmintió duramente a Jiménez Espriú con argumentos de corrupción conceptual. Sí, una letanía de sus propias creencias que para el presidente equivalen a actos de corrupción.
En febrero pasado el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) requirió a la Oficina de la Presidencia de la República que explique por qué no había presentado una sola denuncia formal en contra de toda esa larga lista de supuestos funcionarios corruptos y sus actos de corrupción en la construcción del NAIM. No hay hasta la fecha una respuesta.
El tiempo dirá si este montaje para destruir una obra tan importante fue para otorgar un gran negocio a los constructores favoritos de la 4T, con Santa Lucía y la remodelación del aeropuerto actual, o bien si se trató simplemente de borrar algo que recordaría de por vida al expresidente Enrique Peña Nieto, impensable para los egos exaltados de estos tiempos.
Por lo pronto, lo que queda es un daño económico permanente. El Fondo Monetario Internacional (FMI) no tiene ningún empacho en señalar que hay factores internos que le pesan a la economía mexicana para poder crecer y la cancelación del NAIM es uno de ellos.
El FMI calcula que habremos de crecer menos, entre otras cosas por cancelar el NAIM.
No es sólo el dispendio de recursos, va más allá de mentir para sustituir el NAIM por una alternativa inviable, es el hecho de demostrar que la actual administración no requiere de la verdad ni del sentido común para tomar una decisión que afecte lo que sea y a quien sea. El verdadero costo es la desconfianza.
Por ello era muy difícil que, tras la encolerizada reacción presidencial, después del arranque de sinceridad de Jiménez Espriú, de decir que no hubo corrupción en el NAIM, alguien saliera a defenderlo como se sacó la cara por los funcionarios de Hacienda.
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