Enrique González Tiburcio y Armando Saldaña son los dos exfuncionarios de más alto rango que hasta ahora han sido sujetos a proceso penal por la Estafa Maestra
Enrique González Tiburcio y Armando Saldaña son los dos exfuncionarios de más alto rango que hasta ahora han sido sujetos a proceso penal, en la causa derivada de la Estafa Maestra. Han pasado de denunciantes, a imputados.
En julio del 2017, ambos ya estaban en la Sedatu, al lado de Rosario Robles: el primero era subsecretario y el segundo –su subordinado– se desempeñaba como director general de Ordenamiento Territorial y de Atención a Zonas de Riesgo. En el primer tramo del sexenio peñista habían formado parte de los mandos superiores de la extinta Sedesol.
Un mes antes, ambos habían acudido ante el titular del Órgano Interno de Control, Miguel Ángel Vega, para presentar sendas denuncias para desconocer la suscripción del convenio con la Universidad Politécnica de Francisco I. Madero, de Hidalgo y, en consecuencia, de los términos pactados con dicha institución académica. En términos similares establecieron que jamás signaron documento alguno, sea convenio, contrato, recibo o cualquier otro.
Vega no dio vista a la Secretaría de la Función Pública, sino que remitió los expedientes a la Unidad Especializada de Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos y contra la Administración de Justicia de la PGR. El último día del sexenio –es decir el pasado 30 de noviembre – González Tiburcio fue notificado de dos causas penales en su contra y emplazado a presentarse al juzgado.
En audiencia celebrada el 29 de enero de 2019, correspondiente a la causa penal 443/2018, el juez de control, Orlando Íñiguez Delgadillo, vinculó al exfuncionario a proceso, por el delito de falsedad de declaración a una autoridad distinta de la judicial. Haber negado que la rúbrica que aparece en el Convenio Marco, fechado el 4 de enero de 2016, fue la causa de su imputación. La prueba que presentó la fiscalía fue el resultado de grafoscopía realizado el pasado 24 de julio, en el que se señala que la firma del convenio es auténtica.
El pasado 10 de febrero, la defensa de González Tiburcio presentó apelación. Los convenios específicos signados por Saldaña Flores con la Universidad Politécnica Francisco I. Madero, significaron erogaciones por 185 millones de pesos. Y ayer Marco Antonio Fuerte Tapia, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, lo vinculó a proceso, tras considerar que existen los indicios suficientes para procesarlo por el delito de ejercicio indebido del servicio público.
El pasado martes 19, otros dos excolaboradores de Rosario Robles –Pedro de León Mojarro, excoordinador de delegaciones en Sedesol, y Marcos Salvador Ibarra Infante, quien dirigió un área similar en Sedatu– fueron citados por un juez. La audiencia tuvo que ser diferida, a petición del abogado del exfuncionario zacatecano, y se reprogramó para el próximo lunes 25.
En los próximos tres meses, la Fiscalía General de la República deberá presentar las evidencias del involucramiento de los exfuncionarios –al menos otros 10 serían imputados en las próximas semanas– en la trama que desvió más de 5,000 millones de pesos. En las pesquisas será indispensable determinar quiénes autorizaron la liberación de los recursos entregados a la Universidad Politécnica y otras instituciones educativas.
EFECTOS SECUNDARIOS
TURBULENCIAS. Días difíciles para Interjet. La aerolínea de la familia Alemán atraviesa por problemas financieros, confirmados por su director general William Shaw en reunión con el personal sindicalizado. Así quedó en evidencia tras la filtración de un video en redes sociales donde les anunció la complejidad de la situación por la que atraviesa la aerolínea. Un efecto dominó se ha presentado, ya que debido a la falta de liquidez, las tripulaciones de Interjet amenazan con ir a huelga ante condiciones de trabajo menos favorables. Además, de momento la aerolínea no cuenta con director de operaciones, una figura esencial responsable de supervisar los vuelos y el mantenimiento de sus aviones según la NOM-008-SCT3-2002. En medio de estos problemas, también circula una demanda colectiva en Chicago por diversas cancelaciones en los primeros meses del año, aunque la aerolínea podría salir bien librada porque dicen que fueron cancelaciones por condiciones climatológicas, una causa no imputable a las aerolíneas.
¿CONSOLIDADOS? La Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en acompañamiento al Sector Salud, convocó ayer miércoles 20 de marzo en Nacional Financiera a proveedores de la industria farmacéutica y de insumos para la salud para participar en la sesión informativa con motivo de la compra consolidada de medicamentos y material de curación para abastecer a todas las entidades federativas durante el presente ejercicio fiscal, sin embargo las más de 60 compañías que asistieron reportaron desorganización debido a la falta de lugares para todos los representantes. De acuerdo a las compañías, este tipo de actos desafortunados muestran improvisación y generan desconfianza entre los participantes de dicha licitación a causa de la falta de orden. Entre los funcionarios presentes, se encontraron Marco Solís de la Cofepris; Fernando Cotrim, de la oficina de la ONU/UNOPS para América Latina y el Caribe, y Luis Abel Romero, titular de la Unidad de Oficialía Mayor.
¿FESTIVOS? Han pasado cinco años desde la irrupción del IEPS para las bebidas embotelladas elaboradas con azúcar y diferentes estudios han mostrado que han sido suficientes para identificar que esa medida fiscal no funcionó para lo que fue creado -bajar los índices de obesidad-. Otro descubrimiento es que este impuesto ha aumentado la desigualdad social en el país porque limita el poder de compra de los más pobres. Cada familia por cada 10 pesos que paga en refrescos, alrededor de 3 pesos son impuestos (16% de IVA más $1.17 por litro de IEPS), lo que se traduce en que están pagando más de 30% de sobreprecio. No es una sorpresa, entonces, que los más pobres hayan pagado más de 60% de lo recaudado por este IEPS.
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