Los conflictos de intereses entre representantes de The Walt Disney Company en México y el IFT, que encabeza Gabriel Contreras, están a la orden del día
Los conflictos de intereses entre el equipo de representantes de The Walt Disney Company en México y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que encabeza Gabriel Contreras, están a la orden del día.
A la revelación de los rumores de posibles tráfico de influencias entre Georgina Santiago, jefa de la Unidad de Competencia Económica del instituto, y Ernesto Estrada, exintegrante del Pleno hasta el 2017, ahora habrá que sumarle el de Lucía Ojeda, otra de las socias del despacho SAI Derecho y Economía, de Jaime Serra Puche.
Abogada egresada del ITAM, Ojeda asistió la mañana del pasado jueves 24 de enero a la sede del organismo regulador y junto con Eduardo Pérez Motta y Ernesto Estrada se acreditó como representante legal de Disney para intervenir en la reunión donde los representantes de The Walt Disney Company abordaron con los comisionados del Pleno y 16 funcionarios más del instituto lo relativo a la concentración con 21th Century Fox. Por la tarde —apenas dos horas después— se apersonó en el IFT, ahora en su carácter de integrante del Consejo Consultivo del Instituto, a la primera sesión de esa instancia asesora que analiza y hace recomendaciones a las decisiones estratégicas sobre el sector telecomunicaciones.
De acuerdo con las reglas de operación de Consejo Consultivo del IFT, Lucía Ojeda debería de ser “independiente” de relaciones con empresas reguladas por el instituto, y en caso de adquirir una relación profesional, debió de haber informado tanto a Gabriel Contreras como al presidente de dicho órgano, Ernesto Flores-Roux. ¿Conocían estos personajes su doble función como integrante del Cuarto Consejo Consultivo del IFT y representante legal de The Walt Disney Company?
Apenas hace dos semanas, el IFT decidió hacer público su Código de Ética. Y desde hace tres años, está en vigor su Código de Conducta, que estipula que sus servidores públicos deben mantener alejado al instituto de cualquier cuestionamiento o situación, que pueda catalogarse dentro de un conflicto de interés, además de conducirse con honradez e imparcialidad.
El proceso de autorización se ha llevado con tal discreción —por no decir secrecía y falta de transparencia— por parte del IFT. Y con una lentitud que alimenta el sospechosismo. Está confirmado que Georgina Santiago es la encargada del proyecto de resolución sobre la fusión Disney-Fox. Y también, que el reto para el regulador es grande, si es que quiere acreditar que la fusión no tendrá vicios en su integración de expediente y riesgos para las audiencias y operadores.
En el epicentro de esta fusión está la programación en vivo de deportes, claramente enfocada a atraer audiencias y anunciantes. ¿ESPN, de Disney, pactaría con Fox Sports para la transmisión de los partidos de la Liga del futbol mexicano y de los principales torneos? En tiempos en que disminuyen los espectadores de la televisión abierta y el cable enfrenta la férrea competencia de los servicios de streaming, los ánimos monopólicos están de vuelta.
Hace una semana, Martín Iraola, vicepresidente senior de la división latinoamericana de The Walt Disney Company, esbozó al periódico La Nación de Argentina que dentro de sus planes de expansión está la generación de contenido para Disney+, su plataforma de suscripción de video con la que buscan encarar a Netflix, Amazon Prime Video y otros competidores.
EFECTOS SECUNDARIOS
RELEVISTAS. Justo hace seis años, la mudanza del poder llevó a los principales funcionarios de las subsecretarías de Gobernación y de Normatividad y Medios al edificio de 10 niveles en la calle de Dinamarca de la colonia Juárez. En el cuarto piso despacha Norma Angélica Morales Ledesma, en la dirección general de Normatividad, y abajo, la exdiputada hidalguense Marta Gutiérrez, en la dirección general de Medios Impresos; sus relevos son el exmagistrado electoral Clicerio Coello y el periodista Carlos Avilés, quien estuvo en la vocería de la SCJN hasta hace tres semanas. El maestro Ursus Luis Alfonso Juárez Roque apenas estuvo un mes en el equipo de Zoé Robledo, quien trabajará de la mano del empresario Rafael Márquez en la definición de las campañas y la contratación de las inserciones publicitarias del gobierno federal. La piedra angular de estos esquemas son los padrones de medios (impresos y digitales) que deberán actualizarse.
¿DESVIACIONES? Definida la reforma constitucional que permitirá la conformación de la Guardia Nacional, en Parlamento Abierto ahora trabajarán los actores políticos, económicos y sociales para redireccionar la propuesta de la nueva legislación laboral, impulsada por Morena. Y mientras, el Senado de la República enfilará esta semana hacia la designación de los nuevos integrantes de la CRE y el INAI. ¿Y la nueva ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Hasta el próximo lunes 4 de marzo arrancarán las entrevistas con las tres candidatas propuestas por el Ejecutivo federal y antes, los legisladores recibirán comentarios de representantes de la sociedad civil sobre Yasmín Esquivel, Celia Maya y Loretta Ortiz. Las presiones para que sea rechazada esta terna se incrementarán en los próximos días.
CONTINGENCIA. La Comisión Nacional para la Defensa de los Usuarios de los Servicios Financieros ha visto reducida su capacidad mediadora, por el paro de labores decretado por los trabajadores sindicalizados del organismo encabezado por Óscar Rosado Jiménez. La atención de los usuarios quedó a cargo de personal administrativo y de confianza; las quejas fueron levantadas a través del sistema electrónico y las audiencias que no pudieron desahogarse serán reprogramadas.
POSTURAS. La reforma al Artículo 19 de la Constitución política, para ampliar el catálogo de delitos graves a los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa, incluyó el delito de robo a casa habitación. Y es que durante el 2018, este ilícito tuvo una incidencia de 79,022 casos por robo a casa habitación, de los cuales (6,621 fueron con violencia y 72,401 casos sin violencia) de acuerdo con el Sistema Nacional de Seguridad Pública.
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