Este gobierno no será capaz de conseguir condiciones de financiamiento, si es que le interesa la participación privada, bajo las mismas condiciones que se lograron para el NAIM. Hay que pagar un sobreprecio a los que se animen a invertir
Muchos de los funcionarios públicos que hoy tienen que hacer malabares financieros para que cueste lo menos posible la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM), eran unos convencidos, durante la campaña, de que no había manera de que el entonces aspirante presidencial Andrés Manuel López Obrador optara por cancelar semejante obra.
Los que hoy tienen que negociar con los tenedores de los bonos del fideicomiso de infraestructura y bienes raíces (fibra) diseñado para fondear la construcción del aeropuerto en Texcoco, aseguraban sin temor a equivocarse que la amenaza de tirar a la basura una obra de esta envergadura para hacer dos pistas en la base aérea militar de Santa Lucía, era simplemente una estrategia de campaña.
Que era, nada más, una forma de ganar adeptos. Como lo fue su propuesta de bajar los precios de las gasolinas o de retirar al Ejército de las calles.
Cuando el triunfo electoral se vio como algo inminente, al interior del equipo de López Obrador se empezaron a mover los grupos más duros dentro de ese híbrido de agua y aceite que se aglutinó en torno a la figura del gran líder.
Cuando la avalancha se desató y en cuestión de unas cuantas semanas se pasó de la manipulada consulta a la decisión de cancelar el NAIM, los moderados quedaron apabullados. Ninguno tuvo la honestidad moral de renunciar, a pesar de que entendían las consecuencias negativas de la determinación arbitraria.
Resulta que hoy se presume que el último día de este mes se van a pagar por adelantado las participaciones, por 34,000 millones de pesos, a los tenedores de bonos del Fibra E del NAIM. Que las afores que habían invertido en el proyecto recuperan el dinero y que, salvo el pago de intereses, no hay que desembolsar ni un peso de recursos públicos, más allá del monto concentrado en el fideicomiso.
Vamos, que el gobierno federal se cortó una pierna, pero tuvo la suerte de encontrar una prótesis barata.
El daño mayor e inmediato tras la cancelación del NAIM se dio en la confianza. Por eso es que basta que haya señalamientos en contra de empresas concesionarias de la Comisión Federal de Electricidad para que haya presiones cambiarias y pérdidas bursátiles. Porque realmente se cree en el potencial de destruir lo construido sin ningún miramiento.
Hay una pérdida importante en la calidad de la infraestructura. Los parches en los aeropuertos de Santa Lucía, Ciudad de México y Toluca, más la nueva ocurrencia de Tizayuca, no son sino un paliativo del que ni siquiera se tiene la certeza que vaya a tener el visto bueno de las líneas aéreas.
Y en lo financiero tampoco hay la certeza de que la cancelación de la obra del NAIM y la construcción por parte del Ejército de un aeropuerto civil en su base militar realmente sean una solución más barata.
De entrada, este gobierno no será capaz de conseguir condiciones de financiamiento, si es que le interesa la participación privada, bajo las mismas condiciones que se lograron para el NAIM. Hay que pagar un sobreprecio a los que se animen a invertir.
Pero entre desmontar la obra inconclusa en Texcoco como marca la ley, construir la terminal de Santa Lucía, construir vialidades y medios de transporte y reequipar dos aeropuertos existentes, es posible que la cuenta salga mucho más cara que el plan original.
Así que realmente no hay nada que festejar en la liquidación de esa deuda contraída para el frustrado proyecto inicial de tener un aeropuerto digno del país que pretendíamos ser.
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