El proyecto transformador de la educación pública en el nivel superior está en marcha, definió el subsecretario Luciano Concheiro en una conferencia en la UPN a finales de la semana pasada. La instrucción presidencial —detalló— prioriza las 100 universidades juaristas y reforzar la red de 254 institutos tecnológicos. Y los encargados de ejecutar ambas acciones … Continued
El proyecto transformador de la educación pública en el nivel superior está en marcha, definió el subsecretario Luciano Concheiro en una conferencia en la UPN a finales de la semana pasada. La instrucción presidencial —detalló— prioriza las 100 universidades juaristas y reforzar la red de 254 institutos tecnológicos. Y los encargados de ejecutar ambas acciones son Raquel Sosa Elízaga y Enrique Fernández Fassnacht, respectivamente.
Sobre el Instituto Politécnico Nacional, definió, existe la intención de cumplir con los “compromisos heredados” y llamar a la comunidad de esa casa de estudios a Congreso Nacional, antes de que concluya el actual ciclo lectivo. Concheiro, con su declaración, inició la cuenta regresiva para el Congreso Nacional Politécnico, emplazado hace cuatro años tras las protestas que derivaron en la salida de la entonces directora, Yoloxóchitl Bustamante.
El secretario general de la institución, Héctor Martínez Castuera, ya había convocado a los integrantes del Consejo Consultivo Académico, para presentar la propuesta de convocatoria al Congreso, pero la Asamblea General Politécnica desconoció tales iniciativas y recordó que los acuerdos del 2014 estipulaban que la comunidad trabajaría conjuntamente en el proceso.
Hace dos semanas, el exdirector de la institución, Miguel Ángel Correa Jasso, públicamente criticó la administración del actual titular, Marco Antonio Rodríguez Casas, cuya permanencia se ha vuelto uno de los puntos álgidos, en vísperas de la publicación de la convocatoria.
Cercanos a la dirección general del IPN no logran encontrar la fuente de los cuestionamientos, aunque ubican entre los inconformes al exsecretario académico, Emmanuel Merchán, y a la Sección 60 del SNTE, encabezada por Guadalupe Alejandro Garduño López, esta última inconforme con la propuesta de hacer al IPN un ente autónomo.
Actualmente, el IPN es un hervidero. Un grupo de académicos encabezado por Daniel Ramos Sánchez y Filiberto Cipriano Marín ha denunciado un subejercicio de 1,107 millones de pesos del presupuesto de egresos del Instituto, destinados para el primer semestre del 2018; que habrían sido desviados a las campañas priistas del 2018.
El pasado sábado 26, la Asamblea General designó cinco representantes para acudir a la mesa de trabajo convocada por Rodríguez Casas. Otros cinco acudieron como parte del Comité de Comunicación Social Politécnica (3) y la mesa técnica (2), aunque esta decena se deslindó de otras “personas ajenas” que pudieran acudir a la reunión, que tenía el propósito de socializar las reglas del proceso para elegir a los representantes de la Comisión Organizadora del Congreso.
En la víspera se conoció un texto firmado por Luis Niño de Rivera y Oryazabal, académico de la ESIME Culhuacán, en el que advierte sobre un presunto intento de desestabilizar al IPN, por parte de un sector de Morena.
“Conocemos bien a los experredistas politécnicos (que) aliados con los impulsores de la autonomía trastocada del panismo, al que obedeció Miguel Ángel Correa Jasso… que ahora son enjundiosos morenistas, nuevamente en campaña por llegar a la dirección general”, subraya la misiva dirigida al subsecretario de Educación Superior.
Sin esperar estas definiciones, el titular del COFAA, Eleazar Lara Padilla, ya realiza cabildeos para colocar representantes de la Comisión Organizadora del Congreso.
Y este mediodía, los líderes del movimiento por la Unidad Politécnica emplazarán públicamente al director general a presentar su renuncia, ante el cúmulo de irregularidades administrativas, laborales y académicas que ha tolerado.
A su juicio, la consulta sobre el Congreso Politécnico, convocada por el subsecretario Concheiro Bórquez, tendría que quedar cesante en tanto no haya definiciones sobre la permanencia de Rodríguez Casas al frente del IPN. Otro grupo de académicos encabezado por José Antonio Rueda Márquez y Horacio Sánchez Bárcenas ha convocado a una consulta a la comunidad politécnica sobre la permanencia de Rodríguez Casas, que tendría verificativo el próximo 6 de marzo. Este grupo disidente tendría el respaldo de la diputada Adela Piña, presidenta de la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y de Rubén Rocha, presidente de la Comisión de Educación de la Cámara de Senadores.
Marco Antonio Méndez Cuevas, presidente del Consejo Nacional de Egresados del IPN, también ha solicitado la renuncia de Rodríguez Casas.
EFECTOS SECUNDARIOS
REHABILITADOS. Las fundaciones de Telefónica Movistar y BBVA Bancomer han rehabilitado 24 escuelas que cerraron sus puertas a raíz de los daños generados por los sismos de septiembre del 2017 en los estados de México, Chiapas, Morelos, Oaxaca, Puebla y la CDMX, con lo que más de 15,000 jóvenes han podido regresar a clases. El Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa tiene el registro de 6,970 planteles escolares con daño severo en 10 entidades del país a causa de esos eventos.
HALLAZGOS. La globalización requirió una nueva terminología. En la Guerra Fría, un conjunto de naciones en el que está México conformaban el Tercer Mundo, que no era otra cosa que lo que muchos economistas clásicos englobaban en el subdesarrollo. Ahora son países de ingresos medios y bajos (LMIC, por su sigla en inglés) y en materia sanitaria, las cifras siguen lejanas a los estándares de calidad determinadas en las Metas del Desarrollo Sustentable. Un reporte elaborado el año pasado por The Lancet revela que la recopilación de datos de los sistemas de salud en estas naciones con frecuencia es costosa, descoordinada y desconectada de la toma de decisiones. Las herramientas e indicadores están fragmentados por la fuente de la enfermedad y la financiación, con una armonización inadecuada y pocos planes nacionales para la coordinación y el uso de datos. En el caso mexicano —determinaron— existen más de 1,000 indicadores que se recopilan a nivel nacional en los tres principales sistemas públicos de salud en México, pero sólo en 27 se superponen al menos dos sistemas de salud.
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