Entre el chantaje y la denuncia, los organismos autónomos del Poder Ejecutivo luchan por su sobrevivencia. El INE, inconforme con el recorte decretado por la Cámara de Diputados, estaría por condicionar el pago del ISR a la Tesorería de la Federación, a cambio de la entrega de 619 millones de pesos —por la vía de … Continued
Entre el chantaje y la denuncia, los organismos autónomos del Poder Ejecutivo luchan por su sobrevivencia. El INE, inconforme con el recorte decretado por la Cámara de Diputados, estaría por condicionar el pago del ISR a la Tesorería de la Federación, a cambio de la entrega de 619 millones de pesos —por la vía de las suficiencias presupuestales—, cifra coincidente con el costo estimado para las cinco elecciones locales que ocurrirán el próximo 2 de junio en Baja California, Durango, Aguascalientes, Tamaulipas y Quintana Roo.
Obligados a la austeridad, los consejeros electorales procedieron a un “ejercicio de presupuestación responsable (sic)” y pidieron 11,347 millones de pesos para este año fiscal a la Secretaría de Hacienda pero los diputados federales les bajaron otros 950 millones. Para el INE, es imposible absorber un recorte “tan grande” por lo que entraría en incumplimiento de obligaciones fiscales en el segundo semestre del año.
En los próximos meses, el INE buscaría negociar “con las autoridades competentes” para conseguir los recursos que les quitó el Poder Legislativo.
La defensa de los órganos autónomos toma distintas vías.
Las organizaciones Artículo 19 y Fundar, Centro de Análisis e Investigación, pidieron adhesiones a una misiva que será entregada a Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, para exigir que la designación del nuevo comisionado del INAI sea a través de un proceso que garantice la máxima publicidad y la paridad.
Bajo la etiqueta #SinCoutasNiCuates, la exigencia ocurre a 45 días de que esa instancia legislativa convocara a cubrir la vacante y admitiera la inscripción de 35 aspirantes. Pero las comisiones de Justicia y de Anticorrupción, Transparencia y Participación Ciudadana no han definido un procedimiento para desahogar la selección.
“El fortalecimiento de las instituciones atraviesa por designaciones que aseguren un debate amplio sobre los méritos, la experiencia y la capacidad de las personas, y con ello dotar de confianza y legitimidad de origen las decisiones públicas”, insisten los colectivos ciudadanos.
Y a finales de la semana pasada, el INEE activó la campaña #ACiegasNo a través de las redes sociales, con la que busca generar empatía con diversos sectores académicos y sociales en vísperas del arranque del proceso legislativo que derivará en una contrarreforma educativa, con la instauración de un nuevo ente público para evaluar a los actores del proceso educativo.
Para el INEE, la reforma al Artículo Tercero constitucional que presentó el Ejecutivo federal pone en riesgo la obligación del Estado de dar a conocer a los padres de familia el nivel de aprendizaje de sus hijos, así como la información, evaluación y diagnósticos técnicamente sólidos que sirven para mejorar la enseñanza y rendir cuentas a la sociedad sobre el estado que guarda el sistema educativo del país.
En su defensa, los comisionados del INEE decidieron visibilizar los riesgos de la propuesta del nuevo gobierno, que implementaría un nuevo sistema de evaluación que involucraría a las autoridades educativas de los tres órdenes de gobierno. “La SEP y las secretarías de educación de los estados no deben ser juez y parte en esta tarea”, definen.
EFECTOS SECUNDARIOS
ESTÁTICAS. La binacionalidad mantiene congelado el litigio entre Perforadora Oro Negro, la sociedad de responsabilidad limitada encabezada por Gonzalo Cañedo White e Integradora de Servicios Petroleros Oro Negro, en la que invirtieron bonistas estadounidenses y europeos. Ambas acudieron a tribunales en la CDMX y Nueva York por lo que quedaron involucradas en un procedimiento dual de quiebra. Aquí, el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles designó como conciliador a Fernando Pérez Correa en el proceso abierto en el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil del primer circuito. Y en la Corte de Distrito de Manhattan, un juez de quiebras informó a las partes que designará un mediador en una disputa de incautación de una plataforma de perforación.
¿AFORTUNADOS? A más tardar, en una semana sesionará el consejo de administración de Bansefi. La última, antes de su conversión al Banco del Bienestar. Rabindranath Salazar propondrá a la nueva directiva de la institución y en la lista aparece Francisco Javier López Arteaga como nuevo encargado de Banca Social. En la Secretaría de Hacienda revisan cuidadosamente su expediente, particularmente por sus antecedentes casineros. Y es que hace siete años se involucró en la Impulsora de Entretenimiento y Destreza Turín, que quiso abrir una casa de juegos y apuestas remotas junto con Raúl Rocha, propietario del Casino Royale, de tan infausta memoria. ¡Bingo!
BANCARIZADOS. Para el presidente de la Condusef, Oscar Rosado Jiménez, las ocho acciones para impulsar el sector financiero anunciadas por la Secretaría de Hacienda y el Banco de México ayudarán a captar y promover el ahorro para destinarlo a la inversión productiva. Y en esta tarea —juzgó— será fundamental la plataforma de Cobro Digital (CoDI), en la que el teléfono celular será una herramienta básica para los pagos y cobros. “No hay un lugar, por apartado que esté, en donde, si hay una razonable conectividad de Internet, no pueda utilizarse este esquema”.
EMPLAZAMIENTO. “No podemos dejar de ver que hay empresarios ricos con empresas quebradas, afortunadamente no son todos”, comentó el dirigente de los trabajadores sindicalizados de la radio y la televisión, Ricardo Acedo, luego de solicitar 15% de aumento salarial. Los expertos en la radiodifusión recuerdan que la CIRT concedió 4.5% de aumento y evitó una huelga nacional. En el sector telecomunicaciones, hace una semana, se dio el sexto aplazamiento de huelga, por parte del Sindicato de Telefonistas.
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