Hace una semana —la noche del 8 de enero—, Julio Scherer Ibarra remitió sendas comunicaciones signadas por el Ejecutivo federal para proponer a Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios como integrantes de la Junta de Gobierno del Inegi, así como de Jonathan Ernest Heath Constable y Gerardo Esquivel Hernández como miembros de la … Continued
Hace una semana —la noche del 8 de enero—, Julio Scherer Ibarra remitió sendas comunicaciones signadas por el Ejecutivo federal para proponer a Enrique Jesús Ordaz López y Adrián Franco Barrios como integrantes de la Junta de Gobierno del Inegi, así como de Jonathan Ernest Heath Constable y Gerardo Esquivel Hernández como miembros de la Junta de Gobierno del Banco de México. Ambas duplas deberán ser examinadas por las comisiones primera (Gobernación y Puntos Constitucionales) y tercera (Hacienda) antes de ser dictaminadas en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.
Los futuros subgobernadores de Banxico —originalmente propuesto para ser subsecretario de Ingresos en SHCP— habían sido perfilados por AMLO incluso antes de que arrancara formalmente su administración, ante la salida de Manuel Ramos Francia (quien tras concluir su mandato ahora dirige el Cemla) y la renuncia de Roberto del Cueto Legaspi, por motivos de salud.
Esquivel ocuparía la vacante de Del Cueto. En el INEGI, Ordaz López terminaría el periodo que dejó inconcluso Rolando Ocampo Alcántar. En el camino quedan Arturo Blancas y la actual encargada del Inmujeres, Marcela Eternod, así como la directora del Colegio de México, Graciela Teruel, y la exdiputada Araceli Damián. La primera —de acuerdo con reportes generados en Aguascalientes— contaba con el aval de la secretaria de Gobernación, mientras que la titular de Economía impulsaba a sus excompañeras del Colmex, al igual que el canciller y el secretario de Hacienda.
¿La estadística de género o los estudios demográficos? Terceros en discordia, los “internos” del Inegi —liderados por Mario Palma— parecían en desventaja, aunque contaban con el consejero jurídico de la Presidencia y un proyecto que empató con la nueva administración: “rescatar” al organismo, del que se quisieron apoderar los itamitas.
La fanfarronada del presidente del Instituto, Julio Santaella —dispensar un aumento de las percepciones de los mandos medios y superiores—, fue una de las determinantes en esta historia. Otra, el amago de articular una demanda colectiva contra antes de la expedición de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos.
Pero ni la independencia del Poder Judicial ha podido resistir la austeridad republicana. Santaella presentó ante Hacienda su requerimiento presupuestal para el 2019 (18,500 millones de pesos), que además de cubrir las percepciones de los empleados, estaría enfocado en los dos proyectos especiales: el levantamiento de los censos económicos y los preparativos del Censo de Población y Vivienda, en el 2020.
En el Paquete Económico propuesto por el Ejecutivo, sólo autorizaron 12,000 millones al Inegi. Y un mes después —no obstante los recursos legales contra la nueva ley de remuneraciones— ya fue oficializado el nuevo tabulador de percepciones brutas mensuales para los servidores públicos considerados como personal de mando permanente en el Inegi, con el ajuste de 40% a la baja.
Santaella, en su calidad de presidente del Inegi, está catalogado con el nivel HC3 (equivalente a subsecretario de Estado), aunque tendrá los mismos ingresos contemplados que los otros cuatro integrantes de la Junta de Gobierno: 27,352 pesos como sueldo base más 125,748 pesos de “compensación garantizada” y 785 pesos de despensa. Las percepciones suman 153,885 pesos, por 44,628 pesos de deducciones correspondientes a lo estipulado en la legislación fiscal y no incluye el seguro colectivo de retiro. Su ingreso neto: 106,652 pesos…
Nadie en el Inegi ganará más que el presidente de la República. Como en el INAI, el INE y el resto de los órganos autónomos, hubo una reducción obligatoria del gasto corriente. Los consejeros electorales solicitaron 16,313 millones de pesos, de los cuales 7,132 millones serían para cubrir el capítulo 1000, referido a servicios personales, y 4,965 millones para financiamiento de los partidos.
Los límites de percepción ordinaria total para la administración pública federal quedaron establecidos en el PEF 2019 y en el Manual de Percepciones de los Servidores Públicos de las dependencias y entidades de la administración pública federal, publicado el pasado 31 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación.
Para los mandos medios y superiores, hay una reducción de sus ingresos a partir de la quincena que se pagará mañana. Para el resto de los mandos de estructura, vendrá un incremento. Respecto de las remuneraciones del personal administrativo, éstas se revisarán como cada año atendiendo a lo señalado en la Ley Federal del Trabajo y los respectivos contratos colectivos.
El PEF 2019 dejó intocadas las prerrogativas a las fuerzas políticas, pero el INE se inconformó con el presupuesto aprobado por los legisladores, pues “no solamente compromete la operación regular de la institución, sino que imposibilita la realización de las elecciones locales del 2019” —el primer domingo de junio del 2019 habrá comicios en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, cuya organización requiere 619 millones de pesos— y amagó como la reformulación del esquema de entrega de credenciales para votar, actualmente sin costo para los ciudadanos.
Al margen de los recortes, la disputa por las vacantes ha evidenciado una lucha entre distintas facciones morenistas. En el Instituto Nacional de las Mujeres —acéfalo desde hace 10 meses—, la senadora Malu Micher no pudo concretar la instrucción presidencial de una transición tersa en esa dependencia y bloqueó la unción de Nadine Gasman.
Para el INAI, Julio Scherer impulsa al abogado Ernesto Villanueva. Pero el nombramiento del suplente del recientemente fallecido Carlos Bonnin Erales pasa por el Senado de la República, donde se inició formalmente el proceso para seleccionar al nuevo comisionado. La primera fase concluyó hace un mes, con 29 aspirantes registrados, pero las comisiones unidas no han dictaminado sobre la idoneidad de los candidatos.
“Va Villanueva” —refieren en la Cámara alta, “porque tiene el respaldo del consejero jurídico del presidente y, a menos que hubiera un cambio de señales o de que lo tumbaran, Ricardo Monreal sacará adelante esta encomienda”. La comisionada del InfoDF Elsa Bibiana Peralta quedaría en el camino, no obstante que su candidatura estaría respaldada por la secretaria Sánchez Cordero.
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