Faltaban dos semanas para el “destape” de José Antonio Meade, aunque su nominación ya había sido decidida por el jefe máximo del PRI
Justo hace un año, a Los Pinos llegaban los reportes de un estudio demoscópico levantado en los 300 distritos del país, agrupados en las cinco circunscripciones electorales. En cada una de ellas se entrevistaron a 5,000 personas sobre el acuerdo con la gestión presidencial y también sobre sus preferencias electorales.
Faltaban dos semanas para el “destape” de José Antonio Meade, aunque su nominación ya había sido decidida por el jefe máximo del PRI. En asamblea extraordinaria, la cúpula tricolor había validado la reforma estatutaria que eliminaba los obstáculos para el entonces secretario de Hacienda y también para Aurelio Nuño, el poderoso titular de la SEP.
La megaencuesta mostraba que justo cuando Enrique Peña Nieto cumplía cinco años en la Presidencia de la República, la sucesión estaba en empate técnico: AMLO aparecía al frente, con 25% de la intención de voto, mientras que el PAN y el PRI registraban 22%, respectivamente.
Entre la renuncia de Meade a la SHCP y su ratificación como candidato presidencial transcurrieron tres meses y un periodo de intercampañas insulso cuyo efecto, en la intención del voto, resultó contraproducente. El abanderado de Morena consolidó su posición de puntero y Ricardo Anaya emergió como su rival, mientras que el tricolor quedaba rezagado. La campaña formal refrendó el peor escenario: el PRI sólo podría ganar si 80% de los inscritos en el padrón electoral acudían a las urnas, el 1 de julio. Era una misión imposible.
Nuevamente en la oposición, con una enerve representación en el Congreso de la Unión, los priistas pactaron una tregua. Formalmente, será hasta el año próximo cuando resuelvan su futuro pero a dos semanas de la mudanza en Los Pinos al interior del partido se vive una etapa bulliciosa, con un cúmulo de aspirantes a la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional.
El último en incorporarse a tal dilatada lista es Ismael Hernández Deras, exgobernador de Durango y actual dirigente nacional de la CNC, quien ha desplegado a un grupo de operadores políticos —encabezado por el exlíder del PRI de Jalisco, Javier Guízar— en todo el país para asegurar apoyos a su “proyecto transformador”. Entre sus recientemente contactados está el exasambleísta Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, quien todavía no acepta la invitación al diálogo.
El arranque de la nueva administración federal obliga al PRI a definir posturas y redirigir su rumbo. Y como ocurrió hace dos décadas, los gobernadores podrían convertirse en los nuevos dueños de las estructuras partidistas. Alejandro Murat, de Oaxaca; Alfredo del Mazo, del Estado de México, y Alejandro Moreno, de Campeche, apenas cumplen el primer tramo de sus respectivos mandatos. Nadie espera que escuchen el canto de las sirenas.
Los ex gobernadores Ulises Ruiz, de Oaxaca, y Rubén Moreira Valdez, de Coahuila, aparecen en los primeros lugares de la lista de aspirantes por la presidencia del PRI, que estaría en juego en agosto del año próximo. La senadora Claudia Ruiz Massieu aceptó concluir con el último tramo del periodo que inició Manlio Fabio Beltrones en el 2015 y quedaría impedida de competir por el cargo.
La ex gobernadora de Yucatán, Ivonne Ortega, y el exsecretario de Operación Política del CEN, José Ramón Martell, contarían con el respaldo de sectores de la militancia partidista, aunque sus intenciones resultan exiguas ante las aspiraciones del exsecretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, o del exgobernador de Guerrero, René Juárez Cisneros. Ambos ahora están al frente de las bancadas del tricolor en el Congreso de la Unión y, por lo mismo, a cargo de la interlocución con la mayoría morenista.
Del gabinete peñista también surgirían otros interesados: el secretario de Salud, José Narro Robles, concita simpatías de amplios sectores y el respeto de la nomenklatura. Y el secretario de Turismo, Enrique de la Madrid Cordero, ha ganado respaldos tras de convertirse en uno de los principales defensores del modelo económico de la administración saliente.
¿Y Aurelio Nuño? Entumecidas, sus aspiraciones dependen de su reinserción en la escena pública. Hubo un primer intento por reactivarlo, como presidente de la Fundación Colosio, pero esa jugada quedó supeditada a la providencia de José Murat Casab, quien espera llegar a la CNOP para dejar al think tank tricolor.
El sector popular del PRI está acéfalo, en efecto. Y es que el exsenador Arturo Zamora lo dejó vacante, para incorporarse a la secretaría general del partido. De allí —con el apoyo de Emilio Gamboa— podría buscar la presidencia del CEN.
EFECTOS SECUNDARIOS
FISCALÍAS. Por mayoría calificada —lo que significa que la oposición no respaldó la propuesta de la gobernadora priista Claudia Pavlovich—, el Congreso del Estado aprobó por mayoría calificada la designación de la ciudadana Claudia Indira Contreras Córdova cómo fiscal general de Justicia. Y justo dentro de un mes, en la Ciudad de México ocurrirá el cambio de relevo. La jefa de Gobierno electa, Claudia Sheinbaum, también quiere a una mujer como procuradora de Justicia pero no encuentra quién quiera asumir las riendas del aparato judicial y de la policía ministerial. Entre sus prospectos están Martha Laura Almaraz, Patricia Bugarín y Ernestina Godoy.
FORMACIONES. La expresidenta del INAI y actual diputada federal priista, Ximena Puente de la Mora, propuso una reforma legal que busca incluir en los planes y programas de educación básica temas transversales de transparencia, acceso a la información pública, rendición de cuentas y protección de datos personales sobre la base que estos asuntos resultan fundamentales para el correcto desarrollo de una sociedad.
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