A punto de cumplir 20 años de instituida, la Policía Federal no se ha consolidado, según el diagnóstico validado por el presidente electo
A punto de cumplir 20 años de instituida, la Policía Federal no se ha consolidado, según el diagnóstico validado por el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. En ese lapso ni pudo adquirir el suficiente profesionalismo ni pudo dar pruebas plenas de su integridad. Tampoco, la Policía Ministerial.
Para combatir al crimen organizado, la administración entrante analizó un abanico de opciones; revisó los modelos de España y Francia —del que hace seis años, por recomendación del general colombiano Naranjo, asesor especial del presidente Enrique Peña Nieto, retomó la Gendarmería Nacional— y decidió involucrar a las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad interior.
En su origen, la Policía Federal fusionó a la Policía Federal de Caminos y a los encargados de la vigilancia en las aduanas y los puntos migratorios, con los elementos de la 3ª Brigada de la Policía Militar hasta contar actualmente con 40,000 elementos. De éstos, refirió AMLO en la presentación del Plan Nacional para la Paz y la Seguridad, casi la mitad cumplen con tareas administrativas.
Adiós al Mando Único Policiaco. También, a la PFP y a la Gendarmería Nacional, incluidas sus diversas divisiones.
La Guardia Nacional que propuso el presidente electo requiere al menos de 150,000 elementos que patrullarán las calles a más tardar en tres años. Su comandante en jefe será López Obrador, pero sus mandos operativos estarán en la Secretaría de la Defensa Nacional y en la Marina, de cuyos cuarteles saldrán las tropas que darán cobertura a las 150 primeras regiones, en el 2019.
En el 2020, los elementos de la Guardia Nacional —provenientes de las brigadas de la Policía Militar y de la Policía Naval— expandirán su presencia a 200 regiones y para el 2021 estarán en 266 regiones. Entonces ya se habrán incorporado los 50,000 nuevos reclutas, llamados por la cuarta transformación.
Antes, en la Cámara de Diputados se originará el proceso legislativo que permitirá concretar esta nueva estrategia para pacificar al país. El plan estratégico y la propuesta de nuevo entramado institucional ya están sobre la mesa.
En el Senado de la República, mientras tanto, quedará lista la nueva Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República que además de especificar las atribuciones del nuevo encargado de la procuración de justicia y del Ministerio Público federal, contempla la creación de las nuevas fiscalías especializadas en materia de Derechos Humanos y en Asuntos Internos, además de la Fepade y la especializada en el combate a la corrupción.
Los órganos que harán frente a la problemática actual de inseguridad y corrupción ya están perfilados. La persecución de los delitos y la vigilancia del debido proceso, también. Y además, la administración entrante se ha comprometido plenamente a los derechos del imputado y de las víctimas en el marco de un proceso penal garantista que también incorpore y visibilice la justicia de no repetición y reparación del daño.
La reconfiguración del marco legal permitirá la creación de la Guardia Nacional, la comisión especial para la investigación del ataque contra los normalistas de Ayotzinapa y el Consejo para la Construcción de la Paz en el que participarán —por invitación del Ejecutivo federal— tres rectores de universidades, tres representantes de organizaciones de la sociedad civil y un representante de la ONU, este último fungirá como observador permanente, con derecho a voz.
En la construcción de la propuesta de seguridad de la cuarta transformación tuvieron una participación relevante los próximos titulares de la Sedena y Semar, además de Alejandro Gertz Manero, Manuel Mondragón y Kalb y los exgobernadores Lázaro Cárdenas Batel, Alfonso Sánchez Anaya y Leonel Cota Montaño, quienes tendrán una participación relevante en la instrumentación de la nueva estrategia.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿PRESCINDIBLES? Mira Ricardel ocupa la segunda posición de importancia en el Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca pero pronto dejaría su encargo, por petición de la primera dama, Melania Trump. Su retiro refrenda el severo ajuste que está en curso, dentro del equipo del presidente de Estados Unidos, del que saldrá el fiscal general, Jeff Sessions. Otras salidas forzosas serían las del jefe del Gabinete, John Kelly, y de la secretaria de Seguridad Interior, Kirstjen Nielsen que —de confirmarse— serían una buena noticia para la cancillería mexicana, debido a sus discrepancias sobre cómo abordar los asuntos que amenazan a la seguridad nacional del país.
CORTE DE CAJA. Los conflictos al interior de los partidos políticos y las decisiones de dirigentes y autoridades partidistas fueron el motivo que llevó a más actores políticos a acudir al Tribunal Electoral del Poder Judicial Federal (TEPJF), por encima de las disputas entre partidos políticos, la revisión de la actuación de las autoridades electorales o los temas de propaganda electoral revela el segundo Informe de Labores de la presidenta del TEPJF, Janine Otálora. El TEPJF recibió 18,745 asuntos. De los cuales, la Sala Superior recibió 4,713 juicios, es decir, una cuarta parte (25%) del total. Entre las Salas Regionales, la que resolvió el mayor número de asuntos fue la Sala Guadalajara, con 5,157 (27%), seguida de la Sala Ciudad de México, con 2,248 (12%) y de la Sala Monterrey, con 2,185 (11.7 por ciento).
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