Con clases suspendidas en tres planteles y daños estructurales en otros seis, el Tecnológico Nacional de México reportó a finales del 2017 pérdidas por 1,203 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública. Una cifra preliminar, pues los directivos de una docena más de planteles esperaban que los organismos constructores locales y la compañía … Continued
Con clases suspendidas en tres planteles y daños estructurales en otros seis, el Tecnológico Nacional de México reportó a finales del 2017 pérdidas por 1,203 millones de pesos a la Secretaría de Educación Pública. Una cifra preliminar, pues los directivos de una docena más de planteles esperaban que los organismos constructores locales y la compañía de seguros proporcionaran información del costo de la rehabilitación de la infraestructura dañada.
El año anterior, la SEP habría suscrito el contrato plurianual 05.ABP.DGASAI para el servicio integral de aseguramiento de bienes patrimoniales, responsabilidades y seguro de embarcaciones con Grupo Mexicano de Seguros, SA de CV La póliza estaría vigente entre el 1 de junio del 2016 y el 31 de diciembre del 2017.
Desde el primer sismo —el 7 de septiembre— los planteles afectados tramitaron los reportes de siniestro, requisito exigido por la aseguradora y también por el Fondo de Desastres Naturales. Los primeros en cumplir fueron los IT del Istmo y de Comitancillo, en Oaxaca; y de Cuautla y Zacatepec, en Morelos, además del Centro Nacional de Investigación y Desarrollo Tecnológico (Cenidet). Después llegarían los de Cintalapa, Tapachula y Tuxtla Gutiérrez. Y el cálculo de lo necesario para reabrir esa docena de planteles: 1,800 millones de pesos.
Pasada la emergencia y tras de la reanudación de clases —suspendidas hasta mediados de octubre, mientras los DRO autorizados emitían los dictámenes exigidos por Protección Civil—, la SEP emprendió las tareas de reconstrucción. Al cierre del 2017 fueron contabilizados 19,194 planteles educativos con afectaciones materiales en la Ciudad de México y Chiapas, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala y Veracruz.
GMX Seguros, en primera instancia, pero también el Fonden y el Programa de Escuelas al 100 aportarían los recursos para la reconstrucción o rehabilitación de los planteles. De las oficinas centrales —donde todavía entonces despachaba Aurelio Nuño— determinaron que el Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (Inifed) fungiera como perito especializado en materia de evaluación de los daños y trabajara conjuntamente con los ajustadores de la aseguradora para determinar el monto de las indemnizaciones.
Un año después de los siniestros, la SEP había reportado sólo 3,995 planteles a la aseguradora, y de éstos, se había efectuado la conciliación de daños —con la participación del Inifed— en apenas 3,754 escuelas. Entonces se supo que GMX Seguros podría cubrir, por contrato, hasta 1,800 millones de pesos. Ésa era la responsabilidad máxima de la aseguradora.
El monto indemnizable por plantel, raquítico, resultaría insuficiente de cualquier forma ya que la Ley General de la Infraestructura Física Educativa estipula que las actividades de construcción, rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción o habilitación de la infraestructura educativa pública o privada deben cumplir con las normas y lineamientos que rigen la infraestructura física educativa y la normatividad en materia de obras.
Bajo ese tenor, el Inifed autorizó proyectos de atención integral de 93 planteles con un costo de 1,310 millones de pesos con el fin de que éstos se reconstruyan de acuerdo con las condiciones establecidas en las normas y lineamientos que rigen la infraestructura física educativa. Por su parte, GMX Seguros asignó trabajos de reconstrucción de esos 93 planteles a 39 empresas contratistas, de las cuales 10 concentran 58 planteles que representan 62.4% del total de centros educativos, y cuyo avance promedio al mes de septiembre del 2018 es de sólo 14.7%, en detrimento de la necesidad imperiosa de que los alumnos cuenten con la infraestructura necesaria para tener acceso a la educación.
En el 2016, de acuerdo con la información revisada por la ASF, la SEP erogó 341 millones de pesos para el aseguramiento de los bienes patrimoniales sin haberse asesorado o consultado con la SHCP, como mandata la normatividad vigente. En un proceso en el que participaron tres aseguradoras, GMS Seguros resultó ganador por descarte, luego de que en la evaluación técnica, las propuestas de los otros proveedores fueron desechadas por incumplir con los requisitos técnico-administrativos; no obstante que el criterio de evaluación descrito en la convocatoria fue binario, por lo que debió imperar la oferta con el precio más bajo.
Los auditores determinaron que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector Público, la licitación debió declararse desierta, ya que al comparar la propuesta de GMS Seguros superaba al promedio determinado por el área requirente en el análisis de la investigación de mercado.
Y emitieron una promoción de responsabilidad administrativa sancionatoria para que el Órgano Interno de Control en la SEP realice las investigaciones pertinentes y, en su caso, inicie el procedimiento administrativo correspondiente a las irregularidades de los servidores públicos que en su gestión no acreditaron haber implementado las medidas de control que permitieran realizar el seguimiento de los siniestros, lo que pone en riesgo la recuperación del daño.
EFECTOS SECUNDARIOS
PENDIENTES. En los reportes sobre la cuenta pública 2017 publicados en su portal informativo, la Auditoría Superior de la Federación omitió los correspondientes a la auditoría de desempeño 9-GB (Estrategia Nacional Digital de la Presidencia de la República) y a la auditoría forense 1697-GB (Autorizaciones de Servicios de Comunicación Social y Publicidad de la Administración Pública Federal, al Amparo del Artículo 17 del Presupuesto de Egresos de la Federación de la Secretaría de Gobernación).
RIESGOSO. Noticias del sureste asiático generan inquietud en el mundo del espectáculo mexicano: y es que para la temporada 2020 de la Fórmula 1, la ciudad de Hanoi, en Vietnam, sería incorporada al calendario de la llamada Gran Carpa del automovilismo mundial. Falta la confirmación de la FIA y, sobre todo, conocer la sede que saldría del programa oficial. La CDMX concluye su contrato el próximo año y no ha renovado.
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