Implacable, el cronograma de la Cuarta Transformación está en ciernes. El pasado jueves 18, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Mario Delgado, presentó al pleno de la Cámara de Diputados su propuesta de iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre sus primicias contiene la mutación de … Continued
Implacable, el cronograma de la Cuarta Transformación está en ciernes. El pasado jueves 18, el coordinador de la bancada morenista en San Lázaro, Mario Delgado, presentó al pleno de la Cámara de Diputados su propuesta de iniciativa de la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, que entre sus primicias contiene la mutación de Sedesol en la Secretaría del Bienestar y la creación de la nueva Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana; además de una Oficialía Mayor Única, incrustada en la Secretaría de Hacienda.
Para la administración entrante, la centralización de funciones es la vía para materializar los criterios de austeridad definidos por Andrés Manuel López Obrador. En materia de administración y finanzas, así como en TIC, las estructuras gubernamentales se alinearán a la SHCP y a la oficina encargada de la Estrategia Digital, dentro de la Presidencia de la República.
Aunque la viabilidad del rediseño institucional está supeditada a la negociación presupuestal, la nueva Ley Orgánica de la Administración Pública Federal estará sancionada a más tardar dentro de un mes. Pero el cambio de paradigma está en curso. El pasado viernes 19 de octubre expiró el plazo para que los titulares de las 3,003 entidades que componen el sector central de la administración saliente —incluyendo dependencias y órganos desconcentrados— presentaran la reestructura organizacional de plazas de confianza. ¿La meta? Generar una disminución de 70% de plazas de segundo y tercer nivel jerárquico.
Paradojas de la transición: la primera etapa del plan de austeridad quedó en manos de los funcionarios peñistas. La segunda etapa quedará concluida a más tardar el próximo 31 de diciembre, cuando los titulares de las dependencias deberán haber gestionado ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y la Secretaría de la Función Pública la formalización de los ajustes de la estructura para dependencias y órganos desconcentrados.
Y, a más tardar el 31 de marzo del 2019, los titulares de las entidades paraestatales deberán haber realizado las gestiones correspondientes ante sus órganos de administración, para la autorización de la modificación a la estructura organizacional —la cual deberá generar una disminución de 70% en plazas desde Dirección General Adjunta— y el ajuste del tabulador de sueldos y funciones, que deberá homologarse al sector central, conforme las disposiciones aplicables.
Para cumplir con tal porcentaje de ahorro —se recomienda en una guía de siete páginas que circuló profusamente entre mandos medios y superiores de la administración saliente— podrían prescindir de las estructuras de las oficialías mayores y los órganos internos de control. La eliminación de ambas instancias representaría un ahorro de al menos 30% en plazas y costos, además de otras economías, por cambios de tabulador. El área de Estrategia Digital de la Oficina de la Presidencia también sufrirá un adelgazamiento, en la misma dimensión y con la misma profundidad que las otras dos instancias.
Las dependencias, los órganos desconcentrados y las entidades de la Administración Pública Federal deberán —por su parte— generar ahorros para el ejercicio fiscal 2019, a través de una reducción de 30% de los costos de las actuales plazas de confianza, aunado al cambio de tabulador.
Para el trienio de la transición también hubo disposiciones específicas. Las contrataciones por el servicio profesional de carrera y cualquier otro tipo de alta de personal quedaron suspendidos. ¿La excepción? Las “sustituciones inmediatas” que procederían siempre y cuando fueran consensuadas entre los funcionarios entrantes y salientes.
El cronograma de Cuarta Transformación establece que a más tardar el próximo 30 de noviembre, la Secretaría de Hacienda deberá hacer público el cálculo del ahorro mínimo en la Administración Pública Federal a partir de la base de datos donde se encuentran registradas todas las plazas y tabuladores, mismo que sería incorporado en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
Los criterios de austeridad en servicios personales definirán la reingeniería de las dependencias, órganos desconcentrados y entidades públicas. Las secretarías sólo podrán tener dos subsecretarías y sus titulares sólo podrán contar con particulares (no auxiliares) y hasta tres asesores, además de chofer. Se eliminan todas las direcciones generales adjuntas, las áreas de equidad y género, las oficinas de comunicación social y asuntos internacionales.
Los secretarios, subsecretarios y funcionarios homólogos —dice la guía— podrán contar con “gabinetes de apoyo”. Y sólo la Secretaría de Relaciones Exteriores mantendrá las oficinas y representaciones en el exterior. El resto de las dependencias y entidades deberán cerrar todas sus oficinas foráneas y cancelar las plazas respectivas.
Las delegaciones estatales desaparecen, así como los representantes encargados de los programas de desarrollo social, a fin de no duplicar funciones con la Coordinación para el Desarrollo de Proyectos Integrales, que dependerá de la Oficina de la Presidencia de la República.
Las dependencias, órganos desconcentrados y entidades deberán remitir a la Subsecretaría de Egresos el cálculo de las indemnizaciones correspondientes a la reestructuración de plazas de confianza, excluyendo vacantes, plazas de libre designación y los casos de rescisión laboral justificada, para ser considerado en la integración del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2019.
En los primeros 15 días de diciembre deberán quedar designados los titulares de las entidades y su primer equipo, en cumplimiento del cronograma de designación de mandos superiores y las disposiciones previstas por los titulares de las áreas de administración y finanzas.
La contratación de empleados eventuales y por honorarios quedará cancelada durante el ejercicio fiscal 2019. La Subsecretaría de Egresos cancelará las pensiones a expresidentes.
EFECTOS SECUNDARIOS
NOSTÁLGICOS. Por su cumpleaños, pero también como despedida tras su paso por el Fondo de Cultura Económica, José Ramón Carreño Carlón fue agasajado el pasado fin de semana por sus amigos más cercanos, entre ellos el expoderoso asesor presidencial, José Córdoba Montoya, y Carlos Emiliano Salinas Occelli.
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