En resistencia, para defender “espacios de libertad” tanto en la UNAM, como el Politécnico Nacional, la UAM y el CIDE, un conjunto de académicos e intelectuales declaradamente en rebeldía, ahora está dispuesto a confrontar al gobierno entrante. Las solicitudes de información de la próxima directora del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, María … Continued
En resistencia, para defender “espacios de libertad” tanto en la UNAM, como el Politécnico Nacional, la UAM y el CIDE, un conjunto de académicos e intelectuales declaradamente en rebeldía, ahora está dispuesto a confrontar al gobierno entrante. Las solicitudes de información de la próxima directora del Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla Roces, encendieron las señales de alarma y sirvieron como toque de carga para la siguiente batalla.
Luego de tres semanas de trabajos con los funcionarios designados por el actual director del Conacyt, Enrique Cabrero Mendoza, vino la inusual petición de declarar suspendidas las convocatorias vigentes “que comprometan recursos presupuestales para ejercicios 2019 y subsecuentes y que hayan sido emitidas después del 31 de julio”.
Álvarez-Buylla Roces invocó el artículo 61 de los Lineamientos Generales decretados por la Secretaría de la Función Pública para regular la entrega-recepción. Esa normativa —que forma parte del capítulo referente a la transparencia— alude a los titulares de las dependencias federales de la administración saliente, para “facilitar el acceso a la información a la administración entrante”, pero en referencia a los procesos de entrega-recepción institucionales y a los individuales, en caso de determinados requerimientos. Ni más ni menos.
¿Excedió sus facultades? La futura funcionaria se ostentó como “integrante del equipo de transición del presidente electo 2018-2024” en el oficio TRAN/003 que remitió a la oficina de Cabrero Mendoza, el pasado 24 de septiembre.
Justo tres meses antes, Isaac Gamboa Lozano, jefe de la Unidad de Política y Control Presupuestario de la SHCP, comunicó las disposiciones específicas para el cierre del ejercicio presupuestario del 2018 a los oficiales mayores o equivalentes de las entidades que integran la administración pública federal.
Las fechas límite fijadas en esa ordenanza no admitían controversia: después del 16 de julio no se podrían realizar contrataciones de servicios personales de carácter permanente, ni en plazas de carácter eventual ni bajo la modalidad de servicios profesionales por honorarios. A partir de esa fecha, las entidades ejecutoras de gasto tampoco podrían iniciar procesos de contratación de obras públicas y servicios. En el caso de las adjudicaciones directas, el 31 de julio quedó como fecha límite para formalizar compromisos.
Tales disposiciones no son aplicables al gasto no programable ni al presupuesto de los ramos 19, 23 y 33. Tampoco, a los recursos destinados a los consulados y a las embajadas. ¿Y para las becas de los estudiantes matriculados en universidades e institutos en el exterior?
Los recursos del fondo sectorial de investigación en materias agrícola, pecuaria, acuacultura, agrobiotecnología y recursos fitogenéticos provienen de Sagarpa y, de manera complementaria, de la iniciativa privada. Y quedarían congelados indefinidamente, si el oficio de Álvarez-Buylla Roces fuera obedecido sin objeciones por las actuales autoridades del Conacyt. Igual pasaría con el programa de estímulos a la innovación y el Desarrollo Tecnológico, o el Fondo CIBIOGEM, que financia la investigación en bioseguridad y biotecnología, por citar tres de los programas prioritarios.
Otros ejemplos: los proyectos FOMIX y FORDECyT vigentes, con una primera ministración cumplimentada, pero dos adicionales pendientes (2019 y 2020), también pierden la posibilidad de recibir la segunda y tercera ministración.
Suspender no es cancelar, argumentó la colaboradora de AMLO, ante la oleada de críticas. Pero en el Conacyt tienen la certeza de que, de aplicarse, estas medidas se traducirían en la parálisis total de la institución.
Las becas y las cátedras ya autorizadas. Los nuevos ingresos al Sistema Nacional de Investigadores quedarían en el limbo académico, pues los trámites administrativos quedarían suspendidos.
Entre profesores e investigadores que tramitan esos apoyos cunde la molestia. “Presentamos propuestas largas y complejas, que requirieron muchas horas de trabajo y coordinación con otros equipos del país y fuera, para que hagan esto”, refirieron ayer.
Las impugnaciones apuntan hacia las usurpaciones de una integrante del equipo de transición que sin atribución legal alguna, ordenó a una autoridad en funciones incumplir con el mandato de sus superiores y la Ley Orgánica de la administración pública.
¿Ignorancia de la ley o plan con maña? Como afiliada al SIN, Álvarez-Buylla Roce está familiarizada con la operación de los fondos y los programas de la institución. Y también, de los procesos de renovación de directores generales en los Centros Públicos de Investigación que coordina el Conacyt que están en ciernes. En algunos casos, con entrevistas con candidatos programadas incluso para esta misma quincena. ¿El “derecho” de designar a los nuevos funcionarios es de la administración saliente o de la entrante?
Una señal ominosa movilizó a la comunidad científica y tecnológica del país, que repudió la prepotencia de la próxima titular del Conacyt.
EFECTOS SECUNDARIOS
QUERELLAS. A un mes del arranque de la nueva Legislatura en el Estado de México —en la que Morena y sus aliados tienen mayoría absoluta— toman ritmo los trabajos parlamentarios, con la instalación de las comisiones y la glosa del primer informe del gobernador Alfredo del Mazo Maza. La atención está centrada en la comparecencia del secretario de Finanzas, Rodrigo Jarque Lira, por la modificación fast track de la Ley del ISSEMYM, que protege a los burócratas estatales y sus familias. El director del organismo, Alberto Peredo, encargó al abogado Ernesto Ampudia Mello emprender un ajuste obligado, ante la amenaza de una crisis financiera. El funcionario afronta actualmente una denuncia por presunta colusión, en una licitación de expedientes médicos electrónicos. La empresa demandante reclama más de 250 millones de pesos de indemnización, lo que agravaría la precaria situación del ISSEMYM. El coordinador de la bancada morenista, Maurilio Hernández, advirtió que la nueva mayoría corregirá esa ley.
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