El acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) entrará en vigor hasta el 2019. En 60 días, los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, junto con el primer ministro, Justin Trudeau, suscribirán el tratado que sustituirá al TLC, el cual quedará sujeto a la ratificación de las … Continued
El acuerdo comercial entre Estados Unidos, México y Canadá (USMCA, por su sigla en inglés) entrará en vigor hasta el 2019. En 60 días, los presidentes Enrique Peña Nieto y Donald Trump, junto con el primer ministro, Justin Trudeau, suscribirán el tratado que sustituirá al TLC, el cual quedará sujeto a la ratificación de las instancias legislativas de los tres países de América del Norte.
La modernización del marco transaccional en uno de los mercados comerciales más grandes del mundo implicará también nuevas reglas en terrenos arcanos. La inclusión de medidas de prevención y combate a la corrupción que afectan el comercio y la inversión, con base en convenciones y compromisos internacionales, es una de las principales innovaciones que tendrán impacto en México.
El proteccionismo, potestad de la administración Trump, queda incólume. Las medidas arancelarias que afectan a los acereros mexicanos y canadienses, en última instancia, disminuyen la competitividad de la región. Pero también se extiende a otros terrenos. En materia de propiedad intelectual, la extensión de 10 años que ampara a los medicamentos biológicos y un amplio rango de productos elegibles afectará a las farmacéuticas enfocadas en la producción de productos bioequivalentes.
Y en materia de derechos de autor, la ampliación de los plazos —más de 70 años para las personas y un mínimo de 75 años después de la primera publicación autorizada. Los innovadores farmacéuticos y también los agrícolas gozarán de protección: las indicaciones geográficas, más que las denominaciones de origen, permitirán a los productores de Estados Unidos utilizar nombres comunes sobre una amplia gama de productos.
El acceso al mercado mexicano para los quesos de Estados Unidos etiquetados con ciertos nombres ya no estará restringido. Y los compromisos de no discriminación y transparencia con respecto a la venta y distribución de bebidas alcohólicas, así como nuevas disposiciones de etiquetado y certificación evitarán obstáculos técnicos al comercio de vinos y bebidas destiladas. Las cervezas artesanales podrán expandirse y el bourbon, whiskey, Tennessee whisky, tequila, mezcal y canadian whiskey quedaron reconocidos como productos distintivos.
Las aduanas sufrirán una transformación radical, con la implantación de protocolos de tolerancia cero para la introducción ilegal de mercancías a través de los puertos marítimos y aéreos. Aquéllas presuntamente falsificadas deberán ser requisadas por las autoridades, ya sea en los puntos de entrada y salida, o ya sea en tránsito por el territorio de cualquiera de los tres países del USMCA.
Cero tolerancia, también, para la grabación no autorizada de películas, fuente importante de películas pirata que ahora se difunden en línea. Y para el robo de señales vía satélite y cable, con el endurecimiento de las sanciones civiles y penales.
Y cero tolerancia para la violación del secreto comercial con la imposición de castigos como en ningún otro acuerdo comercial firmado por Estados Unidos con cualquier otro país o región.
El comercio digital, en cambio, no tendrá restricciones. Los libros electrónicos, los videos, las grabaciones musicales, el software o los videojuegos, por ejemplo, no estarán sujetos a aranceles aduanales o cualquier otro mecanismo discriminatorio. Tampoco habrá restricciones para el uso de la autenticación digital o las firmas electrónicas.
Los gobiernos de los tres países quedarán obligados a promover el acceso abierto a las bases de datos públicas, para mejorar el uso innovador en aplicaciones y servicios comerciales.
El capitulado final del nuevo acuerdo comercial incluye un apartado sobre derechos laborales que significa una transformación radical del marco vigente.
El capítulo del trabajo incluye un anexo sobre la representación de los trabajadores en la negociación colectiva en México, en virtud del cual México se compromete a adoptar medidas legislativas específicas para prever el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva.
El capítulo del trabajo requiere que las partes adopten y mantengan en la ley y practiquen los derechos laborales reconocidos por la Organización Internacional del Trabajo, para hacer cumplir efectivamente sus leyes laborales y no renunciar o derogar sus leyes laborales.
Además, el capítulo incluye nuevas disposiciones para tomar medidas para prohibir la importación de bienes producidos por el trabajo forzoso, para abordar la violencia contra los trabajadores que ejercen sus derechos laborales y para garantizar que los trabajadores migrantes estén protegidos por las leyes aplicables en la materia. Ni más ni menos.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿BATEADORES EMERGENTES? No fue —por mucho— la boda del año. Pero la presencia del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador en Puebla, como testigo de honor del enlace de Diana Silva y César Yáñez, atrajo los reflectores. Entre los invitados que llamaron la atención estuvieron también integrantes del próximo gabinete, gobernadores en funciones y mandatarios electos. Entre los poblanos destacaron el senador Alejandro Armenta y el rector de la BUAP, Alfonso Esparza, además del diputado federal Fernando Manzanilla. De esa terna —observaron puntillosos analistas locales— saldrán futuros gobernadores. ¿Será?
VACANTES. Este mediodía arranca formalmente el proceso para seleccionar a un nuevo integrante del comité de participación ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, que de acuerdo con lo establecido en la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, renovarán a sus cinco integrantes de manera escalonada. Para el pleno funcionamiento de esa instancia multidisciplinaria, está pendiente la integración del nuevo fiscal en la materia, que deberá estar nombrado a más tardar en cuatro semanas de acuerdo con el cronograma presentado por la futura secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, al presidente electo. Antes, Enrique Peña Nieto nombrará al fiscal general, que saldrá de una terna que se decantará entre una decena de candidatos antes de que concluya este mes.
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