A 15 años de su instauración, el Seguro Popular podría convertirse en el único programa del gobierno federal que trascenderá las siglas partidistas. Concebido por los técnicos de Julio Frenk pero implementado a trompicones durante el foxismo por el actuario José Antonio Fernández Ortiz, este nuevo modelo de atención vivió una segunda época durante el … Continued
A 15 años de su instauración, el Seguro Popular podría convertirse en el único programa del gobierno federal que trascenderá las siglas partidistas. Concebido por los técnicos de Julio Frenk pero implementado a trompicones durante el foxismo por el actuario José Antonio Fernández Ortiz, este nuevo modelo de atención vivió una segunda época durante el sexenio calderonista.
Justo hace 12 años, Felipe Calderón Hinojosa seleccionaba —con Juan Camilo Mouriño y Ernesto Cordero— los proyectos prioritarios de su administración y en esa tesitura entrevistó a Lía Limón, Daniel Karam y Salomón Chertorivski, quien venía de trabajar como asesor en política social de Lázaro Cárdenas Batel. Ninguna de las propuestas presentadas por los jóvenes formados en la costa este de Estados Unidos pasó ese filtro, pero sus talentos fueron orientados a la mejora del modelo de asistencia.
Limón quedó a cargo del programa de Estancias Infantiles del IMSS; mientras que Karam primero y Chertorivski después, encabezaron la comisión nacional para la protección de la salud. El manejo del Seguro Popular permitió a los economistas del ITAM catapultarse, el primero al IMSS y el segundo, a la Secretaría de Salud federal.
En el 2012, Enrique Peña Nieto envió a esa instancia al exsecretario de Salud del gobierno mexiquense, Gabriel O’Shea, quien después de cinco años decidió regresar a la vecina entidad.
En 15 años, cinco directores para el Seguro Popular. Y un modesto impacto, según las conclusiones del estudio elaborado por Zlatko Nikoloski y Elías Mossialos, publicado en la edición más reciente de la revista Health Affairs: los “gastos catastróficos” de sus afiliados han observado una pequeña reducción en estos tres lustros.
La membresía del Seguro Popular —identificaron los académicos después de analizar los resultados de las ediciones 2006 y 2012 de la Encuesta Nacional de Salud— gasta menos en el pago de los servicios, pero casi todo lo que gasta va a la compra de medicamentos.
“Las decisiones de política son necesarias para abordar las brechas en la cobertura y el acceso a los medicamentos”, señalan Nikoloski y Mossialos. “Mejorar la calidad de la atención e incluir más medicamentos clínicamente efectivos y rentables en el paquete del Seguro Popular podría reducir significativamente los gastos directos de atención de la salud en México”.
El Seguro Popular estaba diseñado para extender la cobertura de los servicios sanitarios a los trabajadores informales y los segmentos más depauperados de la población, marginados del IMSS y del ISSSTE. El acceso y el derecho a la atención médica, claramente, están determinados por la posición del derechohabiente en el mercado laboral.
Las políticas públicas implementadas por las administraciones panistas y priistas han avanzado en la dirección correcta pero su viabilidad estaría en duda, con el arribo del nuevo gobierno de Morena y, sobre todo, con las propuestas de racionalidad del gasto y la austeridad republicana. Diversas organizaciones no gubernamentales del sector que tuvieron contacto con los equipos de los candidatos presidenciales públicamente se han pronunciado a favor de la continuidad del Seguro Popular y de las políticas regulatorias de la Cofepris.
En el combate a la corrupción, la extensión del modelo de compras consolidadas actualmente vigente para la adquisición de medicamentos y equipo médico es una medida plausible, pero ¿y qué hay de la cobertura universal? El incremento de los apoyos para los adultos mayores o las becas a los jóvenes resultan pobres paliativos para el verdadero problema del sistema, que no es otro que la viabilidad financiera del sistema de pensiones, puntal de la seguridad social y la estabilidad del país.
Jorge Alcocer está perfilado para la Secretaría de Salud. Y el economista Luis Antonio Ramírez, para el ISSSTE. Pero nada aún se sabe sobre los prospectos para el Seguro Popular ni para Cofepris.
EFECTOS SECUNDARIOS
DESLICES. Académica, defensora de derechos humanos y legisladora, Loretta Ortiz Ahlf, podrá acusar inexperiencia en la política pero no es mentirosa. Su idea de que el Vaticano intervenga en el proceso de pacificación iba viento en popa hasta que comprometió la participación del papa Francisco en una videoconferencia. Y otra buena idea —la consulta popular para decidir sobre la construcción de nuevo Aeropuerto Internacional de la CDMX— podría irse al caño por la desidia de los colaboradores de AMLO. La buena fe de Javier Jiménez Espriú no justifica su desconocimiento del marco legal vigente. La convocatoria a las consultas populares es prerrogativa del Congreso de la Unión, que calificará sobre la trascendencia nacional de los temas propuestos por los parlamentarios o el Ejecutivo federal, con excepción de las propuestas por los ciudadanos, sobre las que resolverá la SCJN. Unas y otras podrán ser presentadas a partir del 1 de septiembre del segundo año de ejercicio de cada legislatura y hasta el 15 de septiembre del año previo al que se realice la jornada electoral federal, lo que implica que sólo hasta el 2019 podría realizarse dicho trámite. El resultado de la consulta popular es vinculante para los poderes Ejecutivo y Legislativo federales, así como para las autoridades competentes, cuando la participación total corresponda, al menos, a 40 por ciento de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores. A los errores de los subalternos de AMLO se suman versiones interesadas en descarrilar los planes de la cuarta transformación. Allí están, por ejemplo, las versiones que señalan a Alfonso Romo y Alfonso Durazo como los autores intelectuales del plan para sustituir al CISEN por una Agencia Nacional de Inteligencia.
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