Con los gobiernos morenistas ocurrirá un “experimento muy interesante” que de concretarse cambiará de fondo el sistema de procuración de justicia. De acuerdo con la senadora electa Olga Sánchez Cordero, el plan piloto de esa reforma tendrá lugar en la Ciudad de México, apenas si entre en vigor la nueva Constitución local (cuya promulgación está … Continued
Con los gobiernos morenistas ocurrirá un “experimento muy interesante” que de concretarse cambiará de fondo el sistema de procuración de justicia. De acuerdo con la senadora electa Olga Sánchez Cordero, el plan piloto de esa reforma tendrá lugar en la Ciudad de México, apenas si entre en vigor la nueva Constitución local (cuya promulgación está vigente por la controversia presentada por el TSJDF contra la Asamblea Constituyente).
Ese nuevo entramado legal contempla la instauración de tribunales de tutela y fiscales de proximidad que en un máximo de 10 días, a través de la oralidad, resolverían sobre los asuntos de su competencia con especial cuidado en la protección de los derechos humanos. En segunda instancia, los asuntos irían a una sala constitucional para que a través de un juicio de revisión se resuelvan, de manera expedita.
“Si este proyecto es exitoso, podremos replicarla en todas las entidades federativas”, prometió la futura secretaria de Gobernación a notarios, jueces y magistrados de la capital de la República mexicana, a finales de la semana pasada.
El audio de su intervención en el evento —realizado a puerta cerrada en el salón de un hotel del perímetro A— fue filtrado y de primera mano pudieron conocerse las intenciones reformistas de la exministra de la SCJN. ¿La más polémica? La ley que permitiría la eutanasia.
Sánchez Cordero acudió a una comida que congregó a jueces y magistrados del Tribunal Superior de Justicia de la CDMX con notarios. Para ambos gremios, la futura secretaria de Gobernación tuvo una actitud obsequiosa, de acuerdo con la grabación de su discurso, de 10 minutos que ha circulado profusamente desde finales de la semana pasada.
A sus excompañeros, la también senadora electa ofreció cuatro garantías para su “auténtica autonomía e independencia”: presupuesto seguro para una justicia imparcial; la inamovilidad de jueces y magistrados; la creación de una escuela nacional que instrumente la capacitación y actualización; además de los haberes de retiro.
A los notarios, Sánchez Cordero prometió que la próxima administración dejará de considerarlos meros “agentes económicos” y que vendrá una nueva Ley General del Notariado, que eliminará la asignación de las patentes únicamente a los compadres y amigos de los gobernadores.
En efecto, en Jalisco justo acaba de estallar la polémica, por la intención del mandatario saliente, Aristóteles Sandoval, de repartir notarías entre familiares y aliados políticos. Además de asignarlas únicamente por la vía del concurso de oposición, la funcionaria lopezobradorista dijo que los fedatarios públicos se convertirán en coadyuvantes del aparato judicial, en materia de lavado de dinero, pero también como instancias mediadoras de conflictos con lo que aligeraría —en 80%— la carga laborar de los fiscales.
Sánchez Cordero recordó que, por diseño constitucional, la Secretaría de Gobernación asumirá la coordinación de gabinete —¿acaso hay dudas al respecto?— y que estará encargada de instrumentar un modelo de “justicia transicional” que además de pacificar al país buscará rescatar el Estado de Derecho.
Ayer, a puerta cerrada, el candidato ganador de las elecciones presidenciales se reunió con los diputados y senadores electos al Congreso de la Unión postulados por los partidos coaligados en el frente Juntos Haremos Historia. Ante ellos —trascendió— perfiló un paquete de “posibles reformas” a implementar en el primer trienio de su administración.
La lista de 13 modificaciones legales se suma al paquete de 35 proyectos prioritarios definidos la semana pasada por AMLO. Ni uno más, ni uno menos. ¿Y las promesas de Sánchez Cordero?
EFECTOS SECUNDARIOS
SEGUNDO AIRE. Los ministros en retiro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ahora son políticamente activos. Olga Sánchez Cordero será secretaria de Gobernación en la administración AMLO y Genaro David Góngora Pimentel, expresidente de la SCJN, estará al frente del consejo académico de México Justo, una asociación civil que vigilará el desempeño de las instancias de procuración y administración de justicia.
¿MALOGROS? El capítulo mexiquense de la Cámara de la Industria de la Construcción denunció que ingenieros y arquitectos de distintos ramos dictaminaron sobre la seguridad estructural de un millar de planteles escolares en aquella entidad, desde finales del año pasado, pero que el gobierno que encabeza el priista Alfredo del Mazo ha sido omiso en liberar los recursos que permitan la rehabilitación de los planteles escolares. La tarea correspondía al Instituto de Infraestructura Física Educativa que efectivamente recurrió a CMIC durante la emergencia, en el entendido —ahora explican— que sería un “apoyo social” y sin compromiso posterior para la adjudicación de contratos. El dirigente estatal, Mario Vallejo, reclama pagos a un centenar de empresas, por los trabajos realizados.
¿TRANSEXENAL? El gobierno federal contrató deudas por 713,842 millones. Esta cifra representa 2.9 por ciento del PIB y si bien Gerardo Esquivel, próximo subsecretario de egresos de la SHCP, ha afirmado que es posible ahorrar hasta 500 mil millones de pesos del gasto, será necesario tomar medidas adicionales para rescatar las finanzas públicas y eficientar el gasto. Por ejemplo, las economías estatales han registrado un mayor endeudamiento para el gobierno federal; los impuestos subnacionales, es decir, los de los estados representan una recaudación total de menos de 2 puntos del PIB. Con excepción del impuesto predial, los demás impuestos locales no tienen un potencial propio que permita al menos duplicar el índice de recaudación subnacional. Ya lo confirmó Carlos Urzúa, próximo secretario de Hacienda, los municipios no recaudan lo que deben recaudar con el predial, en países como EU, este impuesto representa de 3 a 4 por ciento del PIB.
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