Dependiente de las importaciones de gas natural, Petróleos Mexicanos es incapaz de atender la demanda del combustible. Los recientes apagones en la Península de Yucatán quizá sean la evidencia más reciente, pero también es palpable la resistencia de la empresa productiva del Estado para cumplir con los compromisos establecidos con GPO, filial de la empresa … Continued
Dependiente de las importaciones de gas natural, Petróleos Mexicanos es incapaz de atender la demanda del combustible. Los recientes apagones en la Península de Yucatán quizá sean la evidencia más reciente, pero también es palpable la resistencia de la empresa productiva del Estado para cumplir con los compromisos establecidos con GPO, filial de la empresa suizo-alemana PRONAM AG para construir un complejo petroquímico en las costas del Pacífico, que permitiría cubrir la demanda local de fertilizantes.
La reiterada negativa para utilizar las instalaciones de Pemex en Topolobampo obligaría a los inversionistas foráneos a un plan B: la construcción de una nueva terminal marítima, adicional a la planta generadora de amoniaco anhidro que instalará en la bahía de Ohuira. Pero el proyecto —de 5 mil millones de dólares— no podría aguantar más trabas, ya fueran de la división de fertilizantes de la paraestatal o de Pemex Gas.
El gas contractual está en el centro de estas polémicas. Otras, que han surgido en el contexto de las campañas electorales, darían cuenta del favoritismo de las autoridades del sector petroquímico con firmas vinculadas a altos funcionarios de las últimas dos administraciones federales.
Los malos negocios de Pemex con Fernital, pero sobre todo con Agronitrogenados es una historia paralela a la del complejo Etileno XXI, el mayor proyecto petroquímico en México en los últimos 30 años y, por su monto —4 mil 720 millones de dólares—, una de las inversiones extranjeras directas más importantes para una empresa brasileña fuera del territorio del gigante sudamericano.
Las virtudes del proyecto se desvirtúan cuando Odebretch brota como la empresa involucrada, a través de su filial Braskem, junto con la firma mexicana Idesa. En el tercer debate presidencial, en Mérida, el abanderado del PRI, José Antonio Meade, reprochó a AMLO que su asesor, Javier Jiménez Espriú, estuviera al frente de la empresa que había sobornado a funcionarios del sector energético en todo el hemisferio.
El aludido rápidamente salió al paso de las insinuaciones. Pero abrió la caja de Pandora, pues reveló que Idesa —compañía con más de seis décadas en el mercado— fue fundada por su suegro, Pascual Gutiérrez Roldán.
El infundio, en todo caso, se convirtió en búmeran. Gerónimo Gutiérrez, nieto del fundador y actual embajador de México en Estados Unidos, quedó salpicado por las sospechas: su padre, Guillermo Gutiérrez Saldívar, estuvo más de 15 años al frente de Grupo Idesa.
Además del conflicto de intereses que involucraría al diplomático y exdirector del Banco de Norteamérica —quien estudió en el ITAM y al igual que Luis Videgaray trabajó como asesor del entonces secretario de Hacienda, Pedro Aspe—, ahora los priistas deberán afrontar cuestionamientos por dos decretos (uno, firmado por el expresidente Felipe Calderón y otro suscrito por la actual administración federal) que habrían favorecido indebidamente a Braskem/Idesa.
En medio, la intención de “beneficiar indebidamente a un particular y a sus socios en el gobierno, por montos multimillonarios y durante por lo menos 20 años, en perjuicio de Pemex y de la economía nacional”. Un “esquema criminal” —de acuerdo con la denuncia que presentó Por México al Frente en la PGR, que buscaría “garantizar impunidad transexenal a los creadores, ejecutores y beneficiarios del atraco, que se esconden detrás del pacto de impunidad”.
Parte medular de esta trama para por la imposición de un impuesto a la importación de polietileno que llevó a cabo el gobierno federal en el 2015, presuntamente para beneficiar a Braskem/Idesa. Ese decreto fue autorizado por el entonces secretario Meade en el sexenio de Felipe Calderón.
Luego está el contrato de suministro signado el 19 de febrero, que obligó a Pemex a entregar 66 millones de barriles diarios de etano, durante un periodo de por lo menos 20 años, con un precio preferencial para Idesa, que estuvo representado en esas negociaciones por Patricio Gutiérrez Fernández, hermano de Gerónimo Gutiérrez Fernández. En caso de incumplimiento, la paraestatal podría ser penalizada hasta por 300 millones.
Esta trama para favorecer a Braskem/Idesa demostraría la tesis del “pacto de impunidad” que caracteriza al sistema político mexicano, de acuerdo con la denuncia presentada ante la PGR. Trama en la que directamente participaron dos presidentes de la República y dos secretarios de Hacienda, mismos “que no pueden alegar que desconocían las características, objetivos y resultados de este esquema criminal, cuya ejecución inicia en la administración del presidente Calderón y continúa (con total impunidad) en la presente administración”.
A nombre de Por México al Frente, Paulo Díez Gargari y Alfredo Figueroa Fernández interpusieron una denuncia de hechos en la PGR. “No se trata de hechos aislados, sino de un esquema criminal diseñado y ejecutado por una sofisticada red de corrupción en la que participan empleados públicos y empresarios”, sostienen los abogados, “una auténtica asociación para delinquir. Una conspiración de Estado para beneficiar a un particular (Braskem/Idesa) y a sus socios en el gobierno, en perjuicio de Pemex, de la industria nacional y de los consumidores”.
Gerónimo Gutiérrez sirvió, en el gobierno de Felipe Calderón, como subsecretario de Gobernación. Los denunciantes además exigen que sean indagados el exsecretario de Energía, Jordy Herrera, y los exfuncionarios de Pemex, Juan José Suárez Coppel y Carlos Murrieta Cummings. Además de esclarecer la actuación en el caso Odebrecht del expresidente Calderón y de Meade Kuribreña y sancionar al exdirector de la paraestatal, Emilio Lozoya Austin.
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