El día de hoy los diputados estatales de Jalisco habían citado a comparecer al fiscal General de la entidad, para hablar sobre el secuestro y asesinato del legislador federal, Gabriel Gómez Michel, la semana pasada. Sin embargo, el funcionario canceló su visita de última hora. Luis Carlos Nájera, titular de la Fiscalía General del Estado, … Continued
El día de hoy los diputados estatales de Jalisco habían citado a comparecer al fiscal General de la entidad, para hablar sobre el secuestro y asesinato del legislador federal, Gabriel Gómez Michel, la semana pasada. Sin embargo, el funcionario canceló su visita de última hora.
Luis Carlos Nájera, titular de la Fiscalía General del Estado, pospuso su comparecencia ante el Congreso por “cuestión de agenda” hasta la siguiente semana, justificación que fue criticada por los diputados del PAN y de Movimiento Ciudadano.
El primero en reaccionar fue el panista José Luis Murguía, quien funge como presidente de la Comisión de Seguridad en el Congreso del Estado, exigiendo explicaciones de cómo los delincuentes pudieron cruzar el área metropolitana de Jalisco y varios municipios sin que las fuerzas federales o estatales se dieran cuenta al respecto.
Por otro lado, Clemente Castañeda, el líder de la bancada estatal de Movimiento Ciudadano, tercera fuerza en el Congreso estatal, acusó que el fiscal general intenta culpar a la Policía Municipal de Tlaquepaque por el secuestro y la inacción. Castañeda Hoeflich aprovechó la coyuntura exigiendo que el funcionario estatal debería de explicar varias inconsistencias en materia de seguridad en Jalisco.
“Hizo lo mismo cuando ocurrió el asesinato del alcalde de Ayutla, responsabilizando al ayuntamiento por no haberse adherido a la Fuerza Única (…) hay que cuestionarlo sobre la aplicación de la Ley de Víctimas en la entidad, sobre la tortura y las decapitaciones”, sentenció.
Jalisco es una de las 10 entidades con mayor tasas de homicidios y extorsiones, según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública; entre los casos están los de 70 funcionarios de los tres niveles de Gobierno que han sido asesinados desde la toma de posesión de la administración del gobernador Aristóteles Sandoval, el 1 de marzo de 2013.
Con información de El Universal
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