Las candidaturas independientes son un derecho recuperado por la sociedad. Las Constituciones Federales de 1824 y 1857 no consideraban la existencia de los partidos políticos. Esto permitía a los ciudadanos ser candidatos a ocupar cargos de elección popular a través del sufragio público o la elección indirecta y de representación mayoritaria. Entre los años 1876 … Continued
Las candidaturas independientes son un derecho recuperado por la sociedad. Las Constituciones Federales de 1824 y 1857 no consideraban la existencia de los partidos políticos. Esto permitía a los ciudadanos ser candidatos a ocupar cargos de elección popular a través del sufragio público o la elección indirecta y de representación mayoritaria. Entre los años 1876 y 1911, no obstante el texto constitucional en materia de cargos de elección popular, éstos eran ocupados por lo que mandaran los de abajo. Los de abajo, también llamados los huérfanos, los tanates, los huevos del General Porfirio Díaz.
En 1911, el presidente Francisco I. Madero promulgó una Ley Electoral donde se reconocía y regulaba a los partidos políticos; éstos podían postular candidatos para cargos de elección popular pero también podían concursar para tales cargos los aspirantes independientes.
En 1916, don Venustiano Carranza promulgó la Ley Electoral para la Formación del Congreso Constituyente, en la cual se reconoció el derecho de nombrar candidatos de los partidos políticos, tanto como independientes. En la Ley para la Elección de Poderes Federales del 2 de julio de 1918, todavía era presidente Carranza, se consideraron a los candidatos independientes bajo la denominación de “candidatos no dependientes”, para serlo era necesario estar apoyados por lo menos por 50 ciudadanos del distrito donde se postularan. (De lo anterior se colige que en aquel tiempo era más fácil ser “candidato no dependiente” que, en la actualidad, aspirante a Jefe de Manzana).
El 7 de julio de 1920, al presidente provisional Adolfo de la Huerta, una tarde en que no tenía nada que hacer después de su clase de canto, se le ocurrió reformar la ley del 18, mediante un decreto en el que por primera vez se utilizó el concepto: candidatos independientes. Desde esta fecha y hasta 1946 rigió esta legislación electoral, que sirvió para lo que se unta al queso. Sobre todo si consideramos que en 1929 se formó el Partido Nacional Revolucionario, una trituradora electoral a la que ningún ciudadano se atrevería a ponerse enfrente de manera independiente a riesgo, no de perder, sino lo que le sigue y, sentar plaza de pendejo.
El 7 de enero de 1946 se promulga, bajo la presidencia del General Manuel Ávila Camacho, una Ley Electoral en la que se restringe el derecho a registrar candidatos independientes, sólo con el apoyo de un partido se podía ser candidato a un cargo de elección popular.
Pero en el siglo XXI, los ciudadanos protestaron por esta característica de nuestra restringida democracia. Tal fue el caso del excanciller Jorge G. Castañeda quien presentó en el 2005 su candidatura independiente a la presidencia que le fue negada. Su caso lo llevó hasta la Corte Interamericana de los Derechos Humanos.
En el 2009, el presidente Felipe Calderón envió una iniciativa de ley para que sea posible contender electoralmente como candidatos independientes. La ley fue aprobada en el 2012 para lo cual se reformaron los artículos constitucionales 35 y 116 -a fin de que, a partir de mayo del 2014, entrara en vigencia la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con la que se está rigiendo el actual proceso electoral para el cual se inscribieron 48 aspirantes a contender por la Presidencia de la República. De los cuales, finalmente, quedaron cinco y sólo tres presentaron las 866 mil 593 firmas o más, requeridas para ser candidata o candidato. Según se publicó en El Economista de ayer el consejero electoral del INE, Marco Antonio Baños, Jaime Rodríguez Calderón presentó 2 millones 34,403 firmas, pero sólo 835,111 no tenían alguna irregularidad. Es decir, quedó con 31,082 firmas menos que el mínimo requerido. Armando Ríos Píter registró un millón 765,599 firmas, pero sólo 242,646 fueron válidas. Le faltaron 623,947 para llegar a la cantidad requerida. Margarita Zavala entregó un millón 568,665, de esta cifra le anularon por irregularidades 698 mil 497. Aún así le alcanzó para rebasar con 3,575 firmas el umbral estipulado.
¿A quién beneficia que Margarita Zavala esté en la boleta de los aspirantes a la Presidencia de la República el 1 de julio? Obvio que a Margarita y a su marido don Felipe de Jesús, pero también beneficia al PRI: en la lógica tricolor la señora Zavala le va a quitar muchos votos a Ricardo Anaya. También, en mi opinión, favorece a los comicios en sí, al estar en la competencia una mujer, aporta en la boleta una cuota de 25% de feminismo.
No me hagan mucho caso porque no me consta nada pero ya he oído y leído por ahí sobre una posible declinación de Margarita a favor de José Antonio Meade en lo más álgido de la campaña. Por lo pronto tendré el atrevimiento de parodiar al gran Rubén Darío:
Margarita está linda la boleta
y el voto
como partida secreta
en tu cuenta te lo anoto.
Será tu actuación discreta
sin hacer gran alboroto.
Margarita está linda la boleta
apunta bien la receta
a Anaya quítale votos
y deja que Meade sea
de tu nave el gran piloto.
Minuto a minuto
