El tono ácido de las campañas y el cruce de acusaciones entre candidatos implican un riesgo que va más allá del desencanto por nuestra desvencijada democracia. A diferencia de otros ciclos electorales, los señalamientos no solo tienen que ver con propuestas consideradas peligrosas o con una deficiente gestión de gobierno. Lo que presenciamos ahora es … Continued
El tono ácido de las campañas y el cruce de acusaciones entre candidatos implican un riesgo que va más allá del desencanto por nuestra desvencijada democracia.
A diferencia de otros ciclos electorales, los señalamientos no solo tienen que ver con propuestas consideradas peligrosas o con una deficiente gestión de gobierno. Lo que presenciamos ahora es una escalada de denuncias de presuntos ilícitos que, se dice, podrían ameritar la cárcel.
Estas imputaciones son particularmente graves en un contexto de pérdida de confianza en las instituciones y de decepción por el funcionamiento de la democracia.
A finales del año pasado, dos estudios sobre el estado de la democracia en el mundo reflejaron un panorama triste para México. En el Latinobarómetro 2017 aparecemos casi al fondo de la lista de países en el tema de satisfacción con la democracia, con solo 18 por ciento de respuestas positivas.
Por su parte, un estudio del Pew Research Center, no solo reporta que México tiene uno de los menores índices de compromiso con la democracia (9%) entre los 38 países analizados, sino que se coloca entre las naciones que más apoyan alternativas no democráticas (27%).
Las severas acusaciones en las campañas no pueden sino profundizar esta decepción. Y, sin embargo, no creo que estemos ante el peligro de un retroceso autoritario. Todavía hay diques que previenen ese desenlace. Muestra de ello es la reciente movilización de intelectuales y líderes de opinión, quienes en una carta han alertado sobre el peligro que implica el “uso del poder del Estado para incidir en el destino de los comicios”.
El riesgo mayor de estas campañas es que el desdén hacia la autoridad y la legalidad se extienda y se ahonde. Una y otra vez, vemos a candidatos y voceros culpando a sus adversarios de infringir la ley. Al final, lo único que queda es la percepción de conflicto y la duda de quién dice la verdad.
Difícil saber si esta dinámica beneficia a algún candidato. Lo que es un hecho es que este tipo de campañas nada bueno dejan ni para el país ni para sus ciudadanos.
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