Pablo Salazar Mendiguchía quiere regresar a la política; ahora, como candidato independiente al Senado de la República. Sin problema, el exgobernador de Chiapas reunió los 35,000 apoyos ciudadanos exigidos por el INE para otorgarle registro y, de hecho, cuenta con el doble y salvo en uno de los 13 distritos federales, supera el requisito con … Continued
Pablo Salazar Mendiguchía quiere regresar a la política; ahora, como candidato independiente al Senado de la República. Sin problema, el exgobernador de Chiapas reunió los 35,000 apoyos ciudadanos exigidos por el INE para otorgarle registro y, de hecho, cuenta con el doble y salvo en uno de los 13 distritos federales, supera el requisito con holgura (en dos distritos, tiene 500% de firmas).
Superado ese umbral, Salazar ahora puede darse el lujo de aceptar la invitación del PRD para encabezar la fórmula a la Cámara alta o, en su defecto, de aparecer en un lugar privilegiado en la lista nacional del sol azteca. Si eso ocurre, ¿su esfuerzo durante cuatro meses habrá sido en vano?
En Tabasco, el empresario Manuel Paz Ojeda aspiraba a la candidatura independiente por el gobierno de Tabasco, con el respaldo de una “red ciudadana” compuesta mayoritariamente por mujeres cacaoteras. Cuando el INE impuso la captura de las firmas con una app, interpuso una queja ante el Tribunal. Su plan tenía que modificarse, porque sus auxiliares tuvieron que conseguir tablets y smartphones.
El costo de las firmas y unas prerrogativas raquíticas, en caso de obtener el registro de la autoridad estatal, hicieron inviable esa ruta para Paz Ojeda, quien aceptó el ofrecimiento de Nueva Alianza y ahora es su abanderado.
¿Y las firmas? Chiapas, Tabasco, Nuevo León y la CDMX son —como muestran los cortes informativos del INE— entidades en las que los aspirantes independientes han sido exitosos a la hora de recopilar firmas.
¿Los requisitos y las restricciones “irracionales (Manuel Clouthier dixit) están detrás del cúmulo de falsificaciones detectadas por el INE en los trámites de los aspirantes independientes”? ¿O evidencian un “mercado de apoyos” controlado por operadores electorales sin mayor lealtad que el dinero. “Una firma se cotiza, mínimo, en 50 pesos… pero hay aspirantes que están pagando hasta 1,000 pesos”, refiere un ex consejero electoral familiarizado con esta temática.
Los integrantes de la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos del INE han consultado a representantes de las principales casas encuestadoras para deslindar responsabilidades. En casa tienen a un demóscopo, Virgilio Rivera, y a un politólogo, Benito Nacif, ambos con la suficiente experiencia para saber que en realidad tal indagatoria debería focalizar a las camperas, esas mismas empresas que lo mismo trabajan para aquellos investigadores de la opinión pública que para las agencias de investigación de mercados o para partidos.
Esas indagatorias, si van a fondo, tendrían que haber seguido la pista de independientes unidos de la República, una confederación de aspirantes a alcaldes, diputados locales y gobernadores de una veintena de entidades federativas, que por lo menos desde finales del 2016 comenzaron a articular una red de apoyos mutuos. Allí coincidieron Jaime el Bronco Rodríguez Calderón y Jorge G. Castañeda, quien luego de retirarse de la carrera a Los Pinos heredó esas conexiones al senador Armando Ríos Piter, uno de los tres independientes que llegaría a la boleta electoral de acuerdo con las proyecciones.
Con 900,000 firmas en una decena de estados, el Jaguar está seguro de acopiar las firmas validadas y cumplir con el mínimo de 17 entidades en dispersión, establecidos por el INE. Y sobre las prácticas indebidas —la venta de credenciales y el “mercado negro de padrones”— hizo una crítica, en Tlaxcala. “Por la cantidad de firmas en mesas de revisión, hicimos una supervisión en diciembre con el INE y desde entonces estamos atentos a que no metan basura”.
Ríos Píter explicó, el pasado sábado 13 en Tlaxcala, que el éxito de su estrategia de recolección de firmas está basado en el movimiento nacional de independientes. “Tejimos alianzas con otros aspirantes que conocen a nivel local el territorio y empezamos a tocar puertas”, describió. Tales alianzas implicarían un esfuerzo conjunto para recolectar las firmas de aspirantes locales con el Jaguar. Lo que no resulta tan obvio ni tan transparente es quién sufragó los recorridos de esos brigadistas.
Justo en aquella entidad del Altiplano se registra algunos de los casos que más llama la atención de las autoridades electorales. Raymundo Vázquez Conchas, cuñado de la senadora petista Lorena Cuéllar, ya superó el umbral de firmas. Odeb Javier Pérez Cruz es uno de los tres aspirantes tlaxcaltecas a una candidatura al Senado y ostenta el récord de apoyos recabados en promedio por auxiliares (1,743).
Nadie como el exasambleísta del PAN César Daniel González Madruga, quien al grito de “México ya no está pa’ cobardes” recolecta respaldos para ser senador en la CDMX. Al cierre de la primera quincena de enero, suma 70% de los apoyos necesarios, pero tiene un auxiliar que solito —tal vez él mismo— había conseguido 93,323 firmas.
El INE tiene apartada una bolsa de 42.9 millones de pesos para los independientes que obtengan su registro. A un mes de que cierre el plazo para recolectar las firmas de respaldo ha quedado claro que para estar en la boleta, los aspirantes deberán abstenerse de timideces o miserias. Si la investigación del INE comprueba que algunos independientes incurrieron en prácticas fraudulentas para alcanzar las firmas, ¿anulará su registro? ¿O castigará a los “promotores” de firmas y los mercaderes del padrón?
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