Era un megaproyecto de infraestructura, que involucró a los mejores arquitectos e ingenieros. Un plan transexenal y con capitales de ambos lados del río Bravo que comenzó a gestarse hace una década, pero que ahora deberá cancelarse, por la oposición de los “grupos radicales” y la cercanía del proceso electoral. Una red de plantas desalinizadoras … Continued
Era un megaproyecto de infraestructura, que involucró a los mejores arquitectos e ingenieros. Un plan transexenal y con capitales de ambos lados del río Bravo que comenzó a gestarse hace una década, pero que ahora deberá cancelarse, por la oposición de los “grupos radicales” y la cercanía del proceso electoral.
Una red de plantas desalinizadoras de agua es la solución para cubrir el abasto del líquido en los municipios fronterizos con Estados Unidos. Un ducto de 5 kilómetros para conectar a Rosarito, Baja California con la Mesa de Otay, del lado estadounidense, además de ser una propuesta disruptiva, era una afrenta para los ambientalistas.
La administración Trump otorgó hace siete meses el permiso para construir el ducto transfronterizo y las obras —de acuerdo con lo proyectado por la Otay Water District— concluirían en el 2021. En febrero del año pasado, tras de que se conocieran los primeros detalles, el movimiento Mexicali Resiste —que se opone a dotar de agua del cauce del río Colorado a la nueva planta cervecera de Constellation Brands, no obstante que cuenta con los permisos federales y estatales— encontró un nuevo foco de resistencia.
“No hay ningún interés o plan para exportar agua a Estados Unidos”, desmintió Francisco Rueda Gómez, secretario general de la administración estatal, luego de que medios informativos de San Diego buscaran una declaración oficial tras la cancelación indefinida del proyecto en el que se habían erogado 4.1 millones de dólares, principalmente para revisiones ambientales. El presupuesto, de 6.5 millones de dólares, finalmente no se consiguió.
“El agua producida será exclusivamente para los de Baja California y quien diga lo contrario es una mentira”, matizó el funcionario panista. Justo un año antes, una mayoría de los diputados al Congreso estatal habían expedido el Decreto 57, por el que quedaban establecidas las contraprestaciones que las concesionarias de las dos plantas desalinizadoras que se construirán en Playas de Rosarito y Ensenada deberán pagar a la Comisión Estatal del Agua y a los departamentos de servicios públicos de los dos municipios involucrados.
Aguas de Rosarito es la razón social de la APP constituida para edificar la primera, una concesión por 37 años a partir de junio del 2019, que deberá pagar 149.3 millones de pesos mensuales por la entrega de 378,500 metros cúbicos de agua al día. El Sistema Integral Hídrico San Quintín estará bajo contrato a partir de este mes y durante 30 años, para entregar 22,000 metros cúbicos de agua por día, por una contraprestación de 11.1 millones de pesos mensuales.
Ambas plantas requieren inversiones millonarias: 447.9 millones de pesos, la desalinizadora de Rosarito; por 33.4 millones de pesos por la Desaladora Kenton, en San Quintín. La operación de la primera —se supo posteriormente— fue proyectada para abastecer a la zona residencial de Chula Vista, pero el proyecto ha enfrentado críticas de ambientalistas y otros grupos sociales del lado mexicano. En San Diego ya dan por cancelada esta opción, ante la falta de certeza que ofrece la parte mexicana.
“El personal ha suspendido todas las actividades relacionadas con este proyecto”, quedó asentado en el acta de la sesión de comité del Otay Water District, del pasado 6 de diciembre, “todos los gastos se suspenderán hasta que se logren más avances del proyecto en México”.
La expectativa de los inversionistas es que las obras avancen lo suficiente durante el 2018 para cumplir con lo originalmente planeado y generar 189,250 metros cúbicos diarios al cierre del año y otro tanto, de manera progresiva, hasta el 2024. Pero la incertidumbre jurídica es el principal riesgo ahora mismo, pues indígenas originarios y residentes de Baja California acudieron al poder Judicial federal para ampararse por los efectos del Decreto 57, cuya constitucionalidad también fue atacada por el PRI. El próximo 26 de enero se desahogará la primera audiencia incidental.
Mientras avanza la polémica en la península californiana, en el golfo de México avanza el proyecto de la empresa Aguakan —con capitales ibéricos— para habilitar dos desaladoras, cada una con capacidad de 50 litros por segundo, en Playa del Carmen.
De acuerdo al Inventario Nacional de Plantas Municipales de Potabilización y de Tratamiento de Aguas publicado por Conagua, sólo hay otras cuatro instalaciones de este tipo que cumplen con la NOM-127- SSA1-1994 de la Secretaría de Salud.
La infraestructura instalada en la península de Yucatán permitirá extraer agua del manto salino mediante dos pozos para utilizar la Ósmosis Inversa, tecnología en la cual se separa un solvente de una solución concentrada al aplicar presión. El agua pasa a niveles óptimos de desalinización de forma natural y sin generar impacto al medio ambiente.
“Estamos apostando por tecnología de punta que permita mejorar en el inmediato, corto y mediano plazos el abastecimiento de agua en Playa del Carmen, atendiendo así al crecimiento exponencial de la población”, afirmó César Espinoza, gerente de Planificación, Proyectos y Obras de AGUAKAN.
Luego de seis meses de trabajos y una inversión que superó 85 millones de pesos, entrará en operaciones antes de que finalice enero.
Hoy día en Quintana Roo hay plantas desalinizadoras usadas por el sector hotelero, pero la producción es menor y sólo para consumo de clientes, mientras que este proyecto impulsado por la concesionaria beneficiará a más de 200,000 habitantes en el municipio de Solidaridad.
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