Desde hace dos semanas, los derechohabientes del ISSSTE diariamente reciben un mensaje en sus smartphones en el que se presume las mejoras en el organismo que encabeza el exgobernador José Reyes Baeza y, sobre todo, son enaltecidas las acciones del presidente Enrique Peña Nieto. Los empleados federales y sus familias, en esa lógica informativa, deben … Continued
Desde hace dos semanas, los derechohabientes del ISSSTE diariamente reciben un mensaje en sus smartphones en el que se presume las mejoras en el organismo que encabeza el exgobernador José Reyes Baeza y, sobre todo, son enaltecidas las acciones del presidente Enrique Peña Nieto.
Los empleados federales y sus familias, en esa lógica informativa, deben conocer los logros de la administración peñista. ¿Así se cuenta y cuenta mucho? Los “impactos” en las redes sociales —ya sean SMS o mensajes vía Whatsapp, Twitter o Facebook— y la conexión con los cibernautas son prioridad actualmente en la comunicación gubernamental.
Los cambios tecnológicos han modificado drásticamente las pautas publicitarias. ¿Y también, el ánimo imperante? La insatisfacción ciudadana con la marcha del gobierno y el desempeño de los políticos es manifiesta. Las mediciones más actuales también reflejan que la credibilidad de los medios de comunicación se ha reducido, pero que las vías para informarse siguen inalteradas.
Para informarse, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Consumos Audiovisuales levantada en el 2016, 83.4% de la población ve los informativos, 32.1% consulta periódicos (impresos o en línea), 30.1% recurre a familiares y amigos; 28.7%, a Internet; 28.5% al radio y 15.2% redes sociales.
La Cuarta Revolución Industrial —la de las tecnologías de la información— ha trastocado los procesos comunicacionales. En ciernes, un nuevo ecosistema de información que tiene a sus principales plataformas en el espacio digital. Y en el campo de la comunicación gubernamental y el marketing político, poco ocurre sin la injerencia del imperio GAFA (Google, Apple, Facebook y Amazon).
Todo esto quedó en segundo plano en la última polémica del 2017, detonada por la presunta censura al periodismo de investigación y el panorama mediático en la Ciudad de México denunciada antier por The New York Times.
Las voces de empleados y exempleados de medios impresos sustentan el reportaje, mientras que las réplicas y las críticas a esas versiones provienen de directivos y dueños. ¿Y nadie del gobierno federal? Y sobre todo, ¿los medios “alternativos” y electrónicos que concentran 85% de los anuncios pautados por las agencias gubernamentales?
La estrategia de difusión decidida en Los Pinos estuvo focalizada en opciones digitales y multimedia. Un estimado de Fundar, citado por NYT, sobre los primeros cinco años de la administración peñista ubica en 2,000 millones de dólares el gasto oficial en estos rubros. Lo que esa ONG no demuestra y NYT tampoco de falla es el favoritismo que imperaría en la asignación de esas partidas presupuestales. Tampoco hay claridad ni precisión para identificar a los “secretarios de prensa” que exigirían abiertamente una cobertura positiva antes de firmar un contrato publicitario. ¿Y de veras dos terceras partes (no dos tercios, como señala la deficiente traducción del texto en su versión en español) de los periodistas mexicanos aceptaron que incurren en la auto censura?
Los comunicadores del gobierno de la República no dieron mayores explicaciones en el texto de marras. Y sus autores tampoco profundizaron en la trama financiera que permitiría tan exorbitantes gastos, ni siquiera pudieron establecer el monto de las ampliaciones presupuestales que en los últimos tres años han permitido derramas de contratos y mensajes gubernamentales, principalmente en medios y espacios “alternativos”.
La mayoría de las oficinas de comunicación social del gobierno federal —de acuerdo con funcionarios consultados— siguen una lógica transversal en el despliegue de sus funciones: además de generar los contenidos, están encargados de la difusión de las acciones de las dependencias y de la imagen de los funcionarios, además del monitoreo de las actividades “en tiempo real”.
“Son tres: informar, inspirar e implicar a los ciudadanos sobre las acciones de gobierno para lograr su aprobación”, definía recientemente el director de difusión de una dependencia integrada al gabinete, inscrito en el tercer diplomado para voceros gubernamentales impartido en el Tec de Monterrey, bajo la coordinación académica de Rafael Reyes Arce y la organización de César Castillejos, actual secretario de Información y Propaganda en el CEN del PRI.
Las clases sobre conceptos básicos de agenda setting, opinión pública y manejo de crisis incluyen debates con directivos de medios informativos, convocados ex profeso en las versiones anteriores para aportar sus críticas al desempeño de los comunicadores del gobierno de la República.
Tras de la polémica suscitada por el reportaje del NYT, otro vocero gubernamental no ocultaba su agobio. “Es un análisis ramplón y sin bases sólidas”, se quejaba, “nos mete a todos en la misma canasta y no llega al fondo del tema, que no es otro sino saber el destino de esos recursos del erario, porque lo que nosotros vemos en el día a día es que todo el mundo nos madrea y si hubo tanta lana, como sostiene Fundar, pues no se ve reflejada en ninguna parte, ni en la aprobación presidencial ni en los comentarios de los líderes de opinión”.
EFECTOS SECUNDARIOS
PREOCUPACIONES. Frente a las elecciones del 2018, queda la duda: ¿la beligerancia de los actores políticos es la principal preocupación y el manejo económico de la actual administración federal? Las expectativas del sector privado están determinadas por la violencia, la situación internacional, la inflación y el tipo de cambio, sin duda, pero también la impericia de los gobernantes.
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