Sin considerar los efectos de los terremotos de septiembre pasado, el fracaso de las políticas de desarrollo urbano del gobierno mexicano quedó exhibido en los reportajes recién aparecidos en Los Angeles Times, bajo la firma de Richard Marosi. Las “minicasas” de 32 metros cuadrados construidas en Tepic y en la costa chiapaneca están en un … Continued
Sin considerar los efectos de los terremotos de septiembre pasado, el fracaso de las políticas de desarrollo urbano del gobierno mexicano quedó exhibido en los reportajes recién aparecidos en Los Angeles Times, bajo la firma de Richard Marosi.
Las “minicasas” de 32 metros cuadrados construidas en Tepic y en la costa chiapaneca están en un extremo. Los “fraccionamientos fantasmas” que Urbi, Casas Geo y Homex nunca pudieron completar, en el otro. Y las voces de los defraudados por las vivienderas y autoridades de los tres niveles de gobierno exponen la amargura y el hartazgo por lo que podría ser “el fraude más grande en la historia de México”. ¿Solamente en términos financieros? ¿O por la promesa incumplida de garantizar acceso a una vivienda digna?
En el centro de la investigación de LA Times, el fraude de Homex a los inversionistas que fondearon a la firma sinaloense entre el 2008 y 2012, periodo en el que construiría 150 fraccionamientos para empleados federales y los afiliados al Infonavit, principalmente.
El gobierno mexicano, el Banco Mundial y el BID estaban decididos a impulsar este nuevo modelo para dotar de vivienda a trabajadores formales que pudieran contratar hipotecas hasta por 1.6 millones de pesos.
Nada sobre Sociedad Hipotecaria Federal ni la Comisión Nacional de Vivienda. Del Infonavit apenas un par de referencias, en la parte donde se visibilizan los conjuntos habitacionales sin agua potable, luz o alcantarillado. Homex, en una declaración por escrito, explicó a LA Times que accedió a una línea de crédito por 20 millones de dólares del Infonavit, para completar la infraestructura.
“No es cierto que (los fraccionamientos) no tengan servicios”, minimizó el Infonavit a través de su director de información y emplazó al LA Times a entregar un listado de los desarrollos inmobiliarios que visitó su equipo para corroborar su estado. “Tal vez podamos hacer algo”, prometió Nezahualcóyotl Baños.
Hace ocho meses, Marosi ya había visitado casi la totalidad de los 50 desarrollos inmobiliarios mencionados en su reportaje. Y la SEC presentó una demanda contra Homex en una Corte del sur de California, por haber reportado “ventas falsas” de 100,000 casas e ingresos “inflados” por más de 3.3 billones de dólares.
Al arrancar este sexenio, las autoridades federales debieron encarar el problema de las “reservas territoriales” declaradas por las viviendas en sus reportes financieros y que no era otra cosa más que la acumulación de hectáreas donde construirían más desarrollos… a costa de postergar los servicios o la infraestructura en los que estaban edificando. ¿Y los gobiernos municipales?
Entre el cúmulo de ejemplos de falta de infraestructura, destaca el desarrollo Puerto Azul en Ensenada, donde Homex construyó sus casas pero la falta de drenaje ocasiona continuamente acumulación de aguas negras.
El trabajo de campo, impecable. Aunque faltó que ubicara el punto donde confluyó toda la maquinaria que sostuvo ese sistema fraudulento: el Registro Único de Vivienda, donde se concentra la información de las vivienderas y su oferta. En el sistema, Homex registraba bajo el rubro “avance” unidades que ni siquiera había edificado. El Infonavit daba por adelantado 100% del valor de la venta registrado al desarrollador a través de un modelo de factoraje llamado “cadenas productivas” fondeado por Nafin, aunque la responsabilidad directa era del Infonavit.
El asunto reventó en el momento que se detuvo la maquinaria por un cambio en las políticas institucionales —atribuido al joven Carlos Zedillo— pero sobre todo por la mala administración de Homex, que para finales del 2013 ya arrastraba pasivos por 192,000 millones de pesos. Llegó un momento —de acuerdo con fuentes que conocen el caso— en el que la familia De Nicolás no tenía liquidez siquiera para la nómina, mucho menos para construir casas o pagar proveedores.
La SEC, después de alcanzar un acuerdo con la firma sinaloense, retiró la demanda, pero la emprendió contra Gerardo de Nicolás y Carlos Javier Moctezuma, quienes salieron de la firma. A LA Times, Homex dijo que “ha fortalecido los mecanismos de control interno para mejorar sus prácticas de gobierno corporativo”, pero no comentó directamente sobre el caso de la SEC.
Hace dos años comenzó una reingeniería para construir al nuevo Homex, que se diferencia de la etapa de los hermanos De Nicolás por la implantación de una “política de tolerancia cero”, una clara definición de reglas contables y operativas, así como la aplicación de un Código de Ética para todos los empleados y la Junta Directiva.
EFECTOS SECUNDARIOS
AL CIERRE. José Antonio Meade y José Antonio González Anaya se reunieron en la tarde, en el salón azul de Palacio Nacional. Era la entrega-recepción de la Secretaría de Hacienda, que desembocará en un ajuste mayor al equipo peñista. ¿Un itamita a Los Pinos?
RECOLECTORES. En México sólo el equivalente a 0.21% del PIB procede del Impuesto Predial, mientras que en otros países de la OCDE esta cifra alcanza 2.2%, en Estados Unidos 3.2% y en Inglaterra 4.4%. ¿Qué pasaría si los municipios comenzaran a implementar una recaudación eficiente del Predial? Por ejemplo los gobiernos estatales podrían fortalecer otros impuestos como el de la Tenencia. La tarea es de los municipios.
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