La plataforma electoral que Andrés Manuel López Obrador defenderá en la campaña presidencial quedó aprobada, durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena. Y de inmediato, esta formación de izquierda enfiló a la definición de los candidatos que acompañarán al político tabasqueño en “la madre de todas las batallas” electorales. Se buscan tres mil 415 “protagonistas … Continued
La plataforma electoral que Andrés Manuel López Obrador defenderá en la campaña presidencial quedó aprobada, durante el Congreso Nacional Extraordinario de Morena. Y de inmediato, esta formación de izquierda enfiló a la definición de los candidatos que acompañarán al político tabasqueño en “la madre de todas las batallas” electorales.
Se buscan tres mil 415 “protagonistas del cambio verdadero” para aparecer en las boletas electorales, el 1 de julio del 2018. Antes, ocurrirán procesos internos… que no son otra cosa más que la aplicación de encuestas similares a las que marginaron a Ricardo Monreal en la CDMX.
Se busca a aquellos que “generen mayor competitividad y garanticen la paridad de género, como principio de Morena”.
Los aspirantes a las candidaturas —estipula la convocatoria publicada anoche— “no participan… con el ánimo de ocupar cargos públicos o de obtener beneficios o privilegios (sic) inherentes a los mismos, sino para satisfacer las necesidades que demanda el pueblo de México”.
El periodo de AMLO como dirigente partidista está por expirar. Y es que los integrantes de la dirección ejecutiva, como él, deberán dar aviso de la separación de su encargo.
Los aspirantes internos tendrán que cumplir el Estatuto, que los obliga a estar inscritos en el Padrón Nacional de Protagonistas del Cambio Verdadero y encontrarse al corriente en el pago de sus cuotas. Los “externos” deberán —además de cumplir los requisitos de elegibilidad previstos en las leyes federales o locales aplicables— suscribir un “compromiso político” con el CEN de Morena.
En ningún caso se aceptarán dobles registros; es decir, que los aspirantes sólo podrán buscar un cargo, ya sea federal o local.
La Comisión Nacional de Elecciones conducirá el proceso, según acordaron los consejeros nacionales del partido el pasado domingo 19. En dicha instancia participan Yeidckol Polenvsky, Mauricio Hernández y Gabriel García y por su mesa pasarán los registros y previa calificación de los perfiles idóneos, aprobarán o negarán el acceso a la contienda interna. Aquellos distritos, municipios y entidades federativas donde se admitan dos o más registros podrán participar en las precampañas.
Eso sí, “queda estrictamente prohibido que realicen acusaciones públicas contra el partido, sus órganos de dirección u otros aspirantes, o cometan actos de violencia física contra otros miembros o el patrimonio del partido. La falta a esta disposición será sancionada con la cancelación del registro aprobado al cargo por el que se postuló”.
A salvo quedará un número todavía no determinado de distritos federales, reservados para los candidatos “externos”, cuyo registro quedará validado por la Comisión Nacional de Elecciones, aunque la definición final de las candidaturas y, en consecuencia, los registros ante las autoridades electorales quedan sujetos a lo establecido en los convenios de coalición, alianza partidaria o candidatura común con otros partidos políticos con registro nacional, cumpliendo con la paridad de género y las disposiciones legales conducentes.
Las precampañas concluirán, de acuerdo al calendario del INE, el 13 de febrero. Y a finales de ese mes deberán realizarse las asambleas electorales, a las que serán convocados los “protagonistas del cambio verdadero” que estén en el padrón correspondiente a su distrito o municipio. El cierre de ese listado quedó decretado, para efectos de la elección, el pasado lunes 20 de noviembre.
Aquellos representantes por el principio de mayoría relativa cuyo registro haya sido aprobado por la Comisión Nacional de Elecciones serán presentados ante los asambleístas, quienes votarán siempre que haya hasta tres involucrados. Lo mismo ocurrirá en las asambleas en las que se definirán a los candidatos a las nueve gubernaturas, los alcaldes y los ediles que serán postulados por Morena. Si la Comisión Nacional de Elecciones sólo aprueba el registro de un aspirante, éste será designado y reconocido como candidato “único y definitivo”, lo mismo si se presentan declinaciones y queda sólo un aspirante.
Solo en caso de que se aprueben más de cuatro registros de aspirantes, los asambleístas podrán elegir de entre ellos hasta cuatro propuestas para ser sometidas a sondeos y estudios de opinión por la Comisión de Encuestas. El resultado de estas mediciones “tendrá un carácter inapelable”.
En los distritos de mayoría relativa reservados para externos no habrá votaciones.
Los candidatos a diputados, regidores y concejales por el principio de representación proporcional serán definidos por insaculación, entendiéndose por ésta la realización del sorteo que marca el Estatuto de Morena.
El registro de los aspirantes a diputados federales por el principio de mayoría relativa ocurrirá el 8 y 9 de diciembre; mientras que los aspirantes al Senado se registrarán el 11 de diciembre. Y el 12, los interesados por la nominación presidencial.
El registro de los aspirantes a diputados federales por el principio de representación proporcional, será del 19 al 23 de febrero del 2018.
Las asambleas distritales federales se realizarán el 3 de febrero; mientras que las locales están convocadas para el 18 de febrero; ese mismo día será ungido el candidato presidencial de Morena.
EFECTOS SECUNDARIOS
EMPLAZAMIENTO. La cuenta regresiva en el PRI avanza, inexorable. Las comisiones para la postulación de candidatos y de procesos internos están plenamente integradas, por lo que ahora sólo resta que el presidente del CEN, Enrique Ochoa Reza, y la secretaria general, Claudia Ruiz Massieu, estampen su firma y quede abierto el plazo de registro para los aspirantes a la candidatura presidencial. De acuerdo con la ruta crítica dibujada en Los Pinos, la publicación de la convocatoria ocurrirá a más tardar dentro de 10 días. Para entonces ya habrá ocurrido el ajuste en el gabinete presidencial. Y el detonante —para bien o para mal— estaría en la Secretaría de Hacienda.
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