Predominantemente urbano, México tiene casi 400 ciudades de más de 15,000 habitantes cada una. En ellas vive 70% de la población nacional. La urbanización detonó en la década de los 80 del siglo XX. Y se aceleró con la descentralización ocurrida tras los sismos de septiembre de 1985. Esa tendencia se ha ralentizado en los … Continued
Predominantemente urbano, México tiene casi 400 ciudades de más de 15,000 habitantes cada una. En ellas vive 70% de la población nacional.
La urbanización detonó en la década de los 80 del siglo XX. Y se aceleró con la descentralización ocurrida tras los sismos de septiembre de 1985. Esa tendencia se ha ralentizado en los lustros más recientes; no obstante, de acuerdo con las estimaciones oficiales más recientes, para el año 2030, ocho de cada 10 mexicanos serán citadinos. Actualmente son 710 municipios y las 16 delegaciones políticas de la CDMX las que están integradas al Sistema Nacional Urbano.
Del campo, a la ciudad. La migración fue desordenada, sin planeación territorial. Y provocó un crecimiento exponencial de los “cinturones de pobreza” afuera de los centros urbanos que automáticamente se convirtieron en zonas de riesgo, desde la perspectiva de la protección civil.
Afectados por la falta de servicios e infraestructura, caldo de cultivo para inseguridad y descomposición social, estos cinturones de pobreza están más expuestos a desastres naturales, ya sean deslaves, inundaciones o terremotos.
Los sismos del 7 y el 19 de septiembre desvelaron su vulnerabilidad. En Oaxaca, Puebla y Morelos, principalmente, la estela de daños tardará en borrarse. Y la gente en las calles es el doloroso recordatorio de una tragedia económica y social en ciernes.
¿Reconstrucción o reubicación? Al arranque de la administración peñista, consta en el Plan Nacional de Desarrollo, una quinta parte de las viviendas en localidades urbanas estaban ubicadas en zonas de riesgo: 11% cerca del cauce de un río, otro 9% sobre barrancas y 2.3% en las inmediaciones de basureros.
En el 2013, Sedatu se hizo cargo del reordenamiento territorial para “revertir las tendencias de destinar gran parte del presupuesto a la atención de los desastres”, más que a la prevención. La auditoría de desempeño elaborada por la ASF determinó que la implantación de una política territorial unitaria fue de gran utilidad, “pero resultó limitada antes las circunstancias crecientemente complejas”.
La fusión del PRAH y del POTER derivó en la instrumentación del Programa de Prevención de Riesgos bajo la clave presupuestal S254 y que el año pasado dispuso apenas 125 millones de pesos para entregar subsidios a estados y municipios.
La correcta ocupación del territorio, para disminuir la vulnerabilidad de los asentamientos humanos. Pero hace una década, en México había 8.9 millones de familias sin vivienda propia o adecuada. Y de éstas, sólo una de cada cuatro tenía acceso a los créditos otorgados por las instituciones de seguridad social del gobierno.
La política pública implementada buscó expandir el crédito al sector productivo, por conducto de los intermediarios financieros no bancarios, y restablecer el financiamiento para reactivar el mercado hipotecario, principalmente a las familias que carecen de seguridad social (6.5 millones de familias).
En el 2009 y el 2010, la SHF canalizó casi 52,963 millones de pesos para financiar la adquisición de 420,000 viviendas. Desde entonces, esa entidad acusaba debilidades en su situación financiera: su cartera vencida era de 5,972 millones de pesos, 1,555.2% más que en el anterior ejercicio fiscal.
La cartera vencida de los créditos hipotecarios de la banca acumulaba 9,000 millones de pesos; es decir, casi 10% del total de los créditos bancarios vencidos para el 2010. El Infonavit —que ha construido más de 70% de las casas habitación en el territorio nacional— incluía 130,000 créditos en esa condición.
El mercado de la vivienda en México estaba dominado por nueve empresas desarrolladoras y éstas comenzaron a acaparar prácticamente la mayoría del suelo de las principales ciudades del país. Y para el 2010 habían incrementado 36.4% su reserva territorial.
En sus reportes financieros, las vivienderas reportaban como activos las reservas territoriales que habían acumulado y en cambio, no informaban sobre las casas y los departamentos que sus clientes habían abandonado, imposibilitados de cubrir las hipotecas. Las viviendas construidas quedaron acumuladas como cascarones vacíos. El Instituto Nacional de Estadística registraba que dos de cada 10 viviendas del país estaban deshabitadas: las entidades con mayor número de registros de este tipo eran Estado de México y Jalisco.
Los intermediarios financieros no bancarios que existían entonces —Patrimonio, Hipotecaria Su Casita, ING Hipotecaria, Hipotecaria Ge Money, Metrofinanciera, Condesa Financiera, Crédito y Casa, entre ellos— desaparecieron o están en una fase de extinción.
El gobierno ya había erogado 76,000 millones de pesos para ese rescate hipotecario e inmobiliario. Entre el 2008 y el 2012, el FOVI recibió en dación en pago derechos fideicomisarios en estructuras con activos individuales y comerciales, cuya gestión está actualmente a cargo de administradores profesionales. La cartera vencida para ese año era de 16,322 millones de pesos, equivalentes a 1,000 millones de dólares conforme el tipo de cambio en esas fechas.
La problemática por falta de cobro de la cartera de crédito de la SHF originó la creación de fideicomisos de administración de cartera para vigilar de forma puntual el seguimiento y cobro de la misma. De acuerdo con los contratos de los fideicomisos correspondientes, la SHF recibió derechos fideicomisarios en pago de los adeudos que tenían con los intermediarios financieros.
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