Pararse ante 1,500 cajas de seguridad y asegurarlas todas en el nombre de una investigación anticrimen y sin una orden judicial puede ser un episodio digno del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela o de los tiempos de Luis Echeverría. Porque atentar de esta manera en contra de los derechos de miles de personas no … Continued
Pararse ante 1,500 cajas de seguridad y asegurarlas todas en el nombre de una investigación anticrimen y sin una orden judicial puede ser un episodio digno del gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela o de los tiempos de Luis Echeverría.
Porque atentar de esta manera en contra de los derechos de miles de personas no es algo que deba ser parte de un régimen democrático y donde la propiedad privada tiene significado como en el México de hoy.
¿Quiénes son los afectados por esta arbitrariedad de la Procuraduría General de la República a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de la Delincuencia Organizada y con el apoyo de la Marina Armada de México?
¡Quién sabe! Son ciudadanos de todos tipos que tienen interés en rentar un espacio que consideraban seguro para guardar algo a lo que ellos le dan el valor suficiente como para pagar el resguardo.
No son “la clase alta”, como quiso marcar un periódico de esos llamados progresistas que con ello pretendió justificar que por ricos se tienen que aguantar a ser cateados sin una orden previa.
Roberto Borge Angulo, exgobernador de Quintana Roo, y doña Lety, supuesta lideresa del crimen organizado, son dos presuntos criminales a los que hay que hacer todo lo que la ley permita para que paguen sus culpas en la cárcel.
Todo, menos violar la ley, o afectar a terceros como en el caso de la vulneración de las cajas de seguridad de la empresa First National Security de Cancún.
Tras esa acción propia de un gobierno autoritario, miles de personas corrieron a vaciar sus cajas de seguridad ante la evidencia de que en este país ya no hay más derechos y se acabó la propiedad privada.
Con este antecedente, cualquier día su automóvil puede estar estacionado en el mismo lugar que el vehículo de un presunto criminal y la autoridad puede confiscarlo sin ningún miramiento legal, y todo en nombre de hacer cumplir la ley contra un probable responsable de un delito.
Y si fue una caja de seguridad, puede ser el auto, después su casa y puede llegar hasta su persona.
Son muchas pifias juntas y en poco tiempo para una PGR sin cabeza, para un ministerio público en transición y sobre todo para un país que tiene como principal problema la falta de Estado de derecho.
¿Qué encontraron en alguna o algunas de las 1,500 cajas de seguridad vulneradas de manera ilegal en Cancún? La verdad es que eso ya no importa. Pudo haber sido el detonador de las armas nucleares del líder norcoreano, Kim Jong Un y lo que ahora tiene más peso es que el gobierno federal actuó de manera ilegal y por la fuerza en contra de los propios ciudadanos.
Es un hecho que los alcances del crimen han rebasado a las autoridades en muchos temas y muchas entidades, al grado de tener buenos ejemplos de estados fallidos. Pero combatir las violaciones a la ley violando las leyes no debería ser el camino elegido.
Dan escalofríos de pensar que regresamos a los tiempos de la policía secreta de Arturo Durazo o a las prácticas autoritarias de Gutiérrez Barrios o Manuel Bartlett. Muchos con cierta edad recordamos que así funcionaban las cosas en México.
La manera como la PGR ha violado la ley en este caso, quizá pensando que no trascendería de la manera que lo hizo, exige una respuesta contundente del propio presidente Enrique Peña Nieto.
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