En junio del año pasado, la bancada del Partido Republicano en la Cámara de Representantes presentó un plan de reforma fiscal de gran calado. Dicho plan tiene elementos que podrían ser retomados por la nueva administración para impulsar una reforma fiscal, que tiene como principal atractivo una reducción en las tasas impositivas a las empresas … Continued
En junio del año pasado, la bancada del Partido Republicano en la Cámara de Representantes presentó un plan de reforma fiscal de gran calado. Dicho plan tiene elementos que podrían ser retomados por la nueva administración para impulsar una reforma fiscal, que tiene como principal atractivo una reducción en las tasas impositivas a las empresas y personas físicas.
Entre otras cosas, el plan republicano propone reducir la tasa del Impuesto sobre la Renta a las personas físicas de un máximo de 39.6 a 33%, y a personas morales de 35 a 20 por ciento. Esta fuerte reducción en la recaudación de Impuesto Sobre la Renta se financiaría, principalmente, con un nuevo gravamen que es altamente controversial y es conocido como el Impuesto de Ajuste Fronterizo (Border Adjustment Tax o BAT).
La propuesta del BAT consta de la imposición de un impuesto de 20% a todos los bienes importados a Estados Unidos (EU). El argumento simplista de los republicanos es que la mayoría de los socios comerciales de EU aplican un Impuesto al Valor Agregado (IVA) mientras que EU no. La propuesta argumenta que el BAT es simplemente un IVA indirecto para nivelar el terreno de juego, ya que los socios comerciales de EU no aplican el IVA en los bienes que se exportan.
Además del impuesto de 20% a las importaciones, las empresas que importan bienes y servicios, como insumos, perderían la capacidad de deducir, para propósitos fiscales, los costos y gastos asociados a dichos insumos importados. Por otro lado, las compañías exportadoras estarían exentas del BAT. Esta propuesta busca incentivar la producción y creación de empleo a nivel doméstico y sería altamente beneficiosa para las empresas exportadoras que basan su producción y la compra de sus principales insumos de manera doméstica.
Por el otro lado, empresas que basan su modelo de negocios en la importación de bienes para su venta en EU —como las cadenas comerciales y de autoservicio y las empresas del sector energético que importan crudo para refinarlo y vender gasolina y derivados— sufrirían un choque mayúsculo a su modelo de negocios, ya que además de tener que traspasar el mayor costo de sus insumos al consumidor, tendrían también una carga fiscal mucho más pesada, ya que no podrían deducir el costo asociado a la compra de insumos y productos importados.
Para los que están a favor del BAT, estos impactos al consumidor y a las empresas se disiparían en el tiempo ya que el dólar se tendría que fortalecer como consecuencia de la implementación del BAT. Sin embargo, éste es un supuesto bastante audaz que no necesariamente se cumplirá. Es por esto que el BAT está enfrentado mucha resistencia de parte de empresas importadoras y también de expertos que sienten que el BAT sería ilegal de acuerdo a las reglas de la Organización Mundial del Comercio.
Como consecuencia, la probabilidad de que el BAT sea incluido en la propuesta de reforma fiscal que la nueva administración enviará al Congreso en las próximas semanas ha venido disminuyendo de manera importante. El mismo Donald Trump ha dicho que el BAT es “demasiado complicado” y que su reforma buscaría otra manera de financiar la reducción en las tasas de impuesto sobre la renta. Aunque Trump parece no coincidir con los republicanos en el BAT, hay otros aspectos de la propuesta republicana que ha hecho suyos como: I) la reducción en las tasas impositivas; II) la deducción inmediata de las inversiones en capital de las empresas; III) la eliminación de otras deducciones; y IV) la ampliación de la base. Sin embargo, la eliminación del BAT o alguna disposición similar no puede convivir con estas medidas sin crear una importante ampliación del déficit fiscal.
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