Se imagina que en plena antesala de la era Trump haya incentivos para invertir e incluso residir en territorio de Estados Unidos? Hay algo que hace pensar que puede haber límites a muchas de las ideas expuestas en campaña por el próximo presidente republicano y eso es que los estados que conforman la unión americana … Continued
Se imagina que en plena antesala de la era Trump haya incentivos para invertir e incluso residir en territorio de Estados Unidos?
Hay algo que hace pensar que puede haber límites a muchas de las ideas expuestas en campaña por el próximo presidente republicano y eso es que los estados que conforman la unión americana tienen soberanía en muchas decisiones.
Esa autonomía le permite a los estados de la unión tener un carácter propio en materia fiscal y de promoción de inversiones. Tienen la facultad de atraer capitales en función de sus intereses.
Hay algunos estados que ciertamente están confiados en que las políticas comerciales y migratorias del próximo Gobierno Federal les dejen algún beneficio, pero hay otros que han encontrado en sus propias situaciones críticas una oportunidad.
Puerto Rico fue noticia a mediados del año pasado cuando su deuda alcanzó los 73,000 millones de dólares y se le comparó con Grecia. Incluso, los pronósticos de muchos analistas para el futuro de la isla eran poco halagüeños porque no había intensión de Washington de rescatar a este estado libre asociado.
La crisis de la deuda puertorriqueña está lejos de terminar, pero hay que decir que es sorprendente la manera que encontró el gobierno de la isla caribeña para darle la vuelta a sus problemas financieros.
El camino al reequilibrio fiscal y presupuestal de Puerto Rico se alcanzará con el concurso de los inversionistas privados. La vía es generar una economía dinámica, no creando una recesión.
Esta isla se convirtió en un paraíso fiscal con todo el marco de la ley de Estados Unidos, lo que da la opción de tener un entorno de negocios con bajos o nulos impuestos, pero sin tener que enfrentar el peligro de depositar los recursos en un país inestable o que sea parte de alguna lista negra global.
Hay dos ordenamientos legales en Puerto Rico que fueron firmados en el 2012 y que hoy resultan muy atractivos: las leyes 20 y 22.
La ley 20 otorga incentivos a negocios de exportación de servicios en determinadas áreas, con una tasa fija de impuestos de 4%, que puede bajar a 3%, con 100% de exención en dividendos, cero contribuciones en Estados Unidos y con un decreto de 20 años de vigencia.
Mientras que la ley 22 de nuevos residentes inversionistas en Puerto Rico, busca atraerlos a través de una exención total de impuestos sobre ingresos pasivos recibidos o acumulados en los sectores de bienes raíces, servicios y productos de consumo. Incluso en la inyección de capital para el sector bancario boricua. Todo esto vigente durante los próximos 19 años.
Este modelo adoptado por Puerto Rico no tiene ningún secreto. Este estado libre asociado, donde sus habitantes tienen la ciudadanía estadounidense, donde su moneda es el dólar y donde son bilingües de manera oficial, tiene que salir adelante de sus problemas financieros.
Hay naciones que optan por exprimir a sus contribuyentes y sacar las finanzas públicas del atolladero a través de cobrar más impuestos e incluso provocar una recesión; o hay esquemas como éste de Puerto Rico, que cree que es mejor atraer a su territorio inversiones que generen empleos, con ello generar crecimiento, más consumo y más ingresos fiscales de esa bonanza que les permita servir al pago de sus deudas y dejar atrás de una forma virtuosa la crisis.
Así que con Puerto Rico hay dos cosas que hacer: o ir a invertir en el paraíso o aprender por acá cómo se tienen que hacer las cosas en tiempos de crisis.
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