Mauricio Merino, uno de los impulsores de la iniciativa ciudadana para crear un sistema anticorrupción que incluyera la llamada declaración 3 de 3 pero de manera amplia, asegura que no se puede considerar como una derrota lo aprobado por la Cámara de Senadores porque se avanzó en otras leyes en las que íntegramente se aceptó … Continued
Mauricio Merino, uno de los impulsores de la iniciativa ciudadana para crear un sistema anticorrupción que incluyera la llamada declaración 3 de 3 pero de manera amplia, asegura que no se puede considerar como una derrota lo aprobado por la Cámara de Senadores porque se avanzó en otras leyes en las que íntegramente se aceptó la propuesta de los ciudadanos.
El triunfo es ciudadano, afirma Merino, quien llama a poner las cosas en su justa dimensión y no declarar que todo fue malo porque la denominada Ley 3 de 3 no pasó tal cual lo promovieron los grupos de la sociedad civil organizada.
Y sin negar el avance, por vez primera, de una iniciativa ciudadana, Eduardo Bohórquez, director general de Transparencia Mexicana acusó que los senadores que rechazaron o se abstuvieron en torno a la llamada Ley 3 de 3 actuaron de manera mezquina al negarle una victoria amplia y clara a la sociedad civil.
Mezquina porque –dice el miembro de Transparencia Internacional- se atendió a los intereses personales y de grupo, pero –en particular los que se abstuvieron- por un cálculo que mira más por las negociaciones políticas que por el interés ciudadano de transparentar la riqueza de los servidores públicos.
Mauricio Merino tiene razón. Se ganó mucho aunque el prietito en el arroz –como lo denomina- puede dar cuenta de una voluntad política de no querer promover la plena transparencia en el ejercicio de la función pública. O al menos esa es la percepción que se genera cuando se establecen candados que pueden llevar a la interpretación jurídica.
La impunidad y la corrupción son, dentro de la percepción pública, los principales malestares de la sociedad mexicana junto con la inseguridad que va de la mano con las dos primeras.
Las imputaciones de que la Ley 3 de 3 no quedó en toda su amplitud no solo se centra en un partido político, al que tradicionalmente se fustiga: el Partido Revolucionario Institucional (PRI), sino que tiene que ver con la conducta de otros legisladores como algunos del Partido de la Revolución Democrática (PRD), del Partido Acción Nacional (PAN) y los del Partido del Trabajo (PT), quienes con su abstención o ausencia dieron aparentemente la espalda a un movimiento ciudadano de cientos de miles de personas.
Pablo Escudero, líder senatorial del Verde Ecologista, asegura que tanto su partido como el PRI están en favor de que el Comité Ciudadano que integrará el Sistema Nacional Anticorrupción “desnuden toda la riqueza de los políticos, si así lo deciden los ciudadanos”, cualquiera que sea el origen partidario.
Precisó que lo aprobado en el Senado garantizará la transparencia, porque será el Comité Ciudadano el que establezca qué información debe resguardarse y cuál sí puede ser expuesta.
Lo anterior ya plantea un problema porque llevará a las interpretaciones, a menos que se establezca ya una definición precisa sobre lo que debe entenderse como vida privada y lo que debe o no resguardarse. Y el segundo problema es quiénes conformarán ese Comité Ciudadano.
Por ello, el que las leyes que forman el sistema anticorrupción vayan a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para su revisión y/o modificación, más su aprobación, planteaba una nueva oportunidad para los legisladores en el sentido de ir con la sociedad o, de lo contrario, dejar espacio a las voces o propuestas esperanzadoras, de cara a las elecciones del 2018.
César Camacho, líder cameral de la bancada del PRI, fue claro al señalar que la Ley 3 de 3 se aprobaría tal como llegó del Senado.
Se entiende que en la preocupación de algunos miembros de la clase política exista el temor de que se ventile públicamente su patrimonio acumulado, pero el ejercicio público implica precisamente eso, exhibición pública y compromiso con la sociedad.
Se han aprobado en su totalidad cinco de siete leyes en el Senado, dentro del sistema anticorrupción propuesta por la iniciativa ciudadana. Ya es un paso amplio. Pero existen escollos aparentemente intencionados para que en la ambigüedad o –como se dice en términos jurídicos- en la oscuridad de la interpretación se dificulte la aplicación de las leyes.
Emilio Gamboa Patrón, el líder de los senadores priístas, asegura que alguien quiere engañar y confundir a la sociedad respecto a que se aprobó una Ley 3 de 3 light o descafeinada como algunos llaman.
Y tanto Gamboa Patrón como Pablo Escudero aseguran que lo que en realidad hay es una fractura entre los promotores de la iniciativa ciudadana del Sistema Nacional de Anticorrupción. Claramente parecieran decir que mientras Mauricio Merino y María Amparo Casar muestran que se ganó mucho, Bohórquez y Juan Pardiñas, éste último presidente del Instituto Mexicano de la Competitividad (Imco) regatean porque no se aprobó como proponían la ley de 3 de 3, ya que se insertó el término “vida privada” que da espacio a la discrecionalidad.
Esa fractura parece se ahondará porque se introdujo en la Ley 3 de 3 la obligatoriedad para las empresas que sean contratadas por entidades gubernamentales de presentar declaraciones patrimoniales, fiscales y de conflictos de interés porque –afirmó Escudero del PVEM- la corrupción también viene del sector privado.
Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dijo en reacción a esa inclusión dentro de la ley 3 de 3 que será un requerimiento excesivo, más aún porque está prevista la tipificación y sanciones a empresas que incurran en prácticas de corrupción.
Raro, extraño, pero los líderes de la iniciativa privada salieron a la calle, al Monumento a la Independencia, para mostrar su rechazo. La polarización viene.
Y bueno, ya subido en el tren del debate y la campaña hacia 2018, Andrés Manuel López Obrador, ha salido a decir que la Ley 3de3 aprobada es “una tomadura de pelo”. Y que la corrupción “acabará sólo con el cambio de régimen en el 2018”. O sea ¿con él?
¡¡Vaya pues!!
PostScriptum.- Qué tal el alcalde hidalguense que dijo “yo robo fino, no corrientadas”, denunciado en el espacio nocturno de la conductora regiomontana Azucena Uresti. Me recuerda a aquel gobernador de Guerrero que se ufanaba: “yo le digo a mi gente que roben pero que no jodan, que le salpiquen a la gente”.
Por Luis Alberto Rodríguez Juárez
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