Los países de la Unión Europea (UE) tienen el derecho de prohibir a los homosexuales donar sangre debido al alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas, dictaminó hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). “Es preciso demostrar que estas personas están expuestas a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves, como el … Continued
Los países de la Unión Europea (UE) tienen el derecho de prohibir a los homosexuales donar sangre debido al alto riesgo de contraer enfermedades infecciosas, dictaminó hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
“Es preciso demostrar que estas personas están expuestas a un riesgo elevado de contraer enfermedades infecciosas graves, como el VIH, y que no existen técnicas eficaces de detección o métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores” de sangre, precisa el fallo de la máxima autoridad judicial europea.
El TJUE avaló así que un Estado miembro pueda establecer una excepción permanente con hombres que hayan mantenido relaciones sexuales con otros hombres por el llamado alto riesgo que presentan de contraer enfermedades infecciosas.
El tribunal, no obstante, deja en manos de la justicia francesa -la que elevó la cuestión a instancias europea- decidir si las leyes de ese país son proporcionales al riesgo y si la evidencia científica disponible basta para justificar tal medida.
La sentencia responde a una queja planteada por un ciudadano francés el 29 de abril de 2009, al que no se permitió donar sangre por haber tenido una relación sexual con otro hombre, esto en el marco de la legislación gala.
Cuando un médico de la ciudad francesa de Metz rechazó la donación de sangre de Geoffrey Léger porque éste había mantenido relaciones sexuales con otro hombre. El médico se basó en una orden ministerial francesa que permite excluir permanentemente a los homosexuales de la donación.
Accionado por ese ciudadano, el Tribunal Administrativo de Estrasburgo (Francia) preguntó al TJUE si la norma en cuestión es compatible con la directiva de la UE que regula los requisitos técnicos de la sangre y los componentes sanguíneos.
Para el tribunal europeo, la legislación gala “puede entrañar una discriminación por razón de la orientación sexual en contra de las personas homosexuales de sexo masculino”.
No obstante, su objetivo es que “el riesgo de transmisión de una enfermedad infecciosa a los receptores sea mínimo y, por tanto, responde al objetivo general de garantizar un alto nivel de protección de la salud”.
La sentencia europea, por tanto, tiene amplia repercusión porque vincula a cualquier otro tribunal europeo que se enfrente a un caso similar.
Consciente del alcance de una decisión así, el tribunal con sede en Luxemburgo insta al francés, y a cualquier otro que examine una demanda de este tipo, a que garantice que la medida es proporcionada.
“Una contraindicación permanente para la donación de sangre aplicable a la totalidad del grupo constituido por los hombres que han tenido relaciones sexuales con otros hombres solo resulta proporcionada si no existen métodos menos coercitivos para garantizar un alto nivel de protección de la salud de los receptores”, especifica la sentencia.
Medio centenar de países en el mundo tienen la donación prohibida a los homosexuales.
En la práctica, será cada tribunal nacional el que decida si la sanidad pública de su país tiene alternativas para garantizar la seguridad de las donaciones de sangre.
El Gobierno socialista ya ha manifestado su rechazo a ese cambio, aprobado bajo mandato de Nicolas Sarkozy.
La titular de Sanidad de Francia, Marisol Touraine, cree que la discriminación de los donantes en función de su orientación sexual es inaceptable y que solo la seguridad de los receptores podría justificar las limitaciones en las donaciones, según un comunicado hecho público tras la sentencia de Luxemburgo.
La ministra francesa asegura que su departamento trabaja en la modificación del cuestionario que deben rellenar los donantes para suprimir toda referencia a la orientación sexual y sustituirla por una pregunta sobre conductas de riesgo y la exclusión en ese caso no será definitiva, sino que se limitará a 12 meses.
Touraine, que tomó en consideración las recomendaciones de la Agencia Nacional de Seguridad del Medicamento, organismo francés, asegura que se reunirá con organizaciones afectadas a finales de mayo para perfilar esa nueva orden ministerial.
Con información de El País.
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