El Congreso de la Unión emitió este miércoles una Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, para informar que a partir del 1 de agosto próximo entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en los Estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí. Previamente, el Senado de la República … Continued
El Congreso de la Unión emitió este miércoles una Declaratoria en el Diario Oficial de la Federación, para informar que a partir del 1 de agosto próximo entrará en vigor el Código Nacional de Procedimientos Penales en los Estados de Baja California Sur, Guanajuato, Querétaro y San Luis Potosí.
Previamente, el Senado de la República había informado que en su sesión del pasado 16 de abril, se dio cuenta de un oficio suscrito por el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, del secretario de Gobernación y del procurador General de la República, quienes solicitaron al Congreso se emitiera la declaratoria, misma que hoy ya fue publicada.
El Código Nacional de Procedimientos Penales tiene por objeto establecer las normas que se observarán en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño.
De esta manera asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de respeto a los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forme parte.
El Código entrará en vigor a nivel federal gradualmente en los términos previstos en la Declaratoria que al efecto emita el Congreso de la Unión previa solicitud conjunta del Poder Judicial de la Federación, la Secretaría de Gobernación y de la Procuraduría General de la República, sin que pueda exceder del 18 de junio de 2016.
En el caso de las entidades federativas y del Distrito Federal, el Código estará vigente en cada una de ellas en los términos que establezca la Declaratoria que para tal efecto emita el órgano legislativo correspondiente, previa solicitud de la autoridad encargada de la implementación del Sistema de Justicia Penal Acusatorio en cada una de ellas.
Redacción
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