Al final, el problema no es un zapato limpio. Es la imagen de un poder que, aunque dice caminar con el pueblo, sigue permitiendo que alguien se incline para limpiarle el camino
Por más explicaciones que se den, hay imágenes que pesan más que cualquier comunicado. Y en política —y en el ejercicio del poder— las imágenes no se borran con disculpas.
El pasado 5 de febrero de 2026, alrededor de las 18:44 horas, comenzó a circular en redes sociales un video captado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En él se observa a Amada Pérez, directora de Comunicación Social del máximo tribunal del país, limpiándole los zapatos al ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, mientras ambos se encuentran de pie, en la conmemoración del 109 aniversario de la Constitución.
La escena, por sí sola, detonó una oleada de críticas. No por el hecho doméstico, sino por lo que simbólicamente representa en una institución que, en el discurso, se dice comprometida con la igualdad, la dignidad del servicio público y la cercanía con la ciudadanía.
Ante la polémica, el propio Hugo Aguilar Ortiz, ministro presidente de la SCJN, salió a dar explicaciones a través de su cuenta oficial de X (antes Twitter). Según su versión, el incidente ocurrió porque a su colaboradora “se le cayó café y nata”, sin que ambos se percataran de que el líquido había salpicado su zapato. Cuando ella notó la mancha, intentó limpiarla de inmediato.
“Esto me tomó por sorpresa y es el momento que ahora se difunde”, escribió el ministro.
Aguilar Ortiz aseguró que no es común que sus colaboradores le limpien los zapatos, que le pidió a la funcionaria que no continuara y que, aunque agradeció el gesto, ofrecía una disculpa pública. También enfatizó que no tiene ni tendrá sentimientos de superioridad ni actitudes de soberbia, y que el hecho “no representa el actuar institucional de la SCJN ni la forma en que conduzco mi desempeño público y privado”.
El problema es que el debate ya no estaba en el café ni en la nata.
La discusión se trasladó al terreno de la congruencia, un valor especialmente delicado para quien encabeza uno de los tres poderes del Estado. Hugo Aguilar Ortiz llegó a la presidencia de la Corte envuelto en un discurso de austeridad, cercanía con el pueblo y rechazo a los privilegios que históricamente han rodeado al Poder Judicial. Ese discurso, hoy, choca de frente con una imagen que recuerda prácticas de subordinación profundamente arraigadas en la cultura del poder.
Porque no importa cuántas veces se repita que fue un accidente: una directora de área, funcionaria de alto nivel, arrodillada simbólicamente para limpiar el calzado de su superior, no es una escena neutra. Es una postal que evoca jerarquías rígidas, relaciones verticales y una normalización del servilismo que el discurso público dice combatir.
Más aún cuando se trata de una mujer en un espacio donde, históricamente, las relaciones de poder han sido desiguales y donde los gestos —voluntarios o no— se leen bajo una lupa mucho más estricta.
El ministro puede no haber pedido el gesto. Puede haberlo detenido. Puede incluso lamentarlo. Pero en la política y en el ejercicio del poder, la responsabilidad también es simbólica. Y en ese terreno, el daño ya estaba hecho.
Este episodio se suma a otras polémicas recientes en torno a la figura de Hugo Aguilar Ortiz, como la defensa de la compra de camionetas blindadas para ministros o las versiones encontradas sobre presiones internas en el Poder Judicial. Todas ellas construyen una narrativa que contradice el relato de cercanía y sencillez con el que se presentó ante la opinión pública.
Al final, el problema no es un zapato limpio. Es la imagen de un poder que, aunque dice caminar con el pueblo, sigue permitiendo que alguien se incline para limpiarle el camino.
PEGA Y CORRE: Luisa María Alcalde llegó a Nuevo León días antes, previo a la presidenta, no solo a fijar postura, sino a mover el tablero. En una rueda de prensa se deslindó de Movimiento Ciudadano, confrontó al gobernador Samuel García y, al mismo tiempo, abrió la puerta a una negociación presupuestal con PRI y PAN.
Los cinco condicionantes que puso sobre la mesa —pensión para personas con discapacidad, cero deuda e impuestos, recorte del 50% al gasto de imagen, viajes y oficina del gobernador, pago de adeudos municipales y reversa al tarifazo del transporte— funcionan como línea política y como mensaje electoral. Luisa no solo cuestionó el uso de los 10 mil millones de deuda aprobados el año pasado, también puso en duda la credibilidad del Ejecutivo estatal.
En Nuevo León, la disputa ya no es solo por el dinero, sino por quién paga el desgaste político. Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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