Familiares enfrentan gastos básicos mientras esperan la excarcelación de presos políticos en la cárcel El Rodeo, en Venezuela
Cinco dólares por un colchón para pasar la noche a la intemperie, diez dólares por unas horas en una habitación con derecho a bañarse, entre 6 y 9 dólares por almuerzo -sin incluir el traslado-, son algunos de los gastos que se suman a la angustiante espera de familiares que aguardan a las afueras de la cárcel El Rodeo (centro), por la excarcelación de los presos políticos en Venezuela.
Desde el pasado jueves, cuando el presidente de la Asamblea Nacional (AN, Parlamento), Jorge Rodríguez, dio a conocer que se excarcelaría a “un número importante” de detenidos, este centro es destino de familiares, amigos, periodistas e incluso diplomáticos que siguen de cerca las liberaciones.
Esta prisión, creada para delincuentes comunes y ubicada en el estado Miranda, en las afueras de Caracas, lideraba la lista de los centros con más presos políticos, con 102 recluidos hasta el 5 de enero, según la ONG Foro Penal, que dirige la defensa legal de estos detenidos.
Desde allí ninguna autoridad sale a ofrecer información. Los familiares han dejado una larga fila de velas en el borde de la reja negra de la entrada, que se extiende hasta un jardín donde varios de los parientes instalaron 16 carpas que les fueron donadas, mientras otros duermen en colchones alquilados.
El lugar se ha convertido en un campamento improvisado, en particular de quienes vienen desde otros lugares del país.
500 kilómetros
Massiel Cordones, madre del teniente del Ejército José Ángel Barreno Cordones, encarcelado desde 2020, contó que pagó 60 dólares por el traslado desde su residencia en Punto Fijo, en el estado Falcón (oeste), a más de 500 kilómetros de distancia.
En la línea de transporte, contó, la conocen por ser viajera frecuente, y por ello el conductor le cobró solo dos de tres pasajes, pues llegó acompañada de su hija y de la novia de su hijo encarcelado. De lo contrario, el costo hubiese sido de 90 dólares.
Aunque su hijo tiene permiso de visitas todos los domingos, Cordones viaja una vez al mes, ya que se le hace “difícil” venir hasta el penal.
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No tiene empleo y relató que trabajó por 23 años en una institución del Estado, pero tuvo que “entregar” su cargo a finales de 2024 por reclamar públicamente información sobre su hijo, cuando familiares denunciaron que los presos fueron “golpeados, torturados” y que les impusieron cien días de castigo e incomunicación.
Desde entonces, vende comida en su casa para ahorrar dinero para las visitas a su hijo.
Pero al escuchar el anuncio del pasado jueves, decidió viajar esa misma noche. Las tres están decididas a quedarse hasta que sea liberado.
“Dineral”
Como “un dineral” describió los gastos Delmar Hernández, esposa de Jesús Alberto García Páez, extrabajador de la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), detenido por la Dirección de Contrainteligencia Militar en noviembre de 2023.
“No te podría decir cuánto, pero es desayuno, almuerzo, cena, los pasajes, tener que comprar otra ropa adicional, porque yo no vine preparada para quedarme. Tener que transferirle a mis hijos el dinero para que compren comida en la casa”, explicó.
Hernández, quien vive a 200 kilómetros, en Guacara, estado Carabobo, llegó el domingo para la visita programada y decidió quedarse.
Según señaló, se ha mantenido “gracias a la ayuda de muchos angelitos” que le colaboran económicamente. Sus hijos, de 12 y 14 años, quedaron a cargo de familiares mientras ella espera la liberación de su esposo.
Los comercios frente a la prisión ofrecen comida, electricidad -con tomacorrientes dispuestos para recargar los teléfonos móviles-, incluso alquilan los baños: con precios en bolívares que equivalen a entre 12 y 15 centavos de dólar, al tipo de cambio oficial del Banco Central de Venezuela (BCV).
Maryolin González, esposa de Ebro Leonardo Delgado Briceño, quien trabajaba en la seguridad de la refinería Cardón y fue detenido en julio de 2022, pagó alrededor de cien dólares en pasajes para llegar por vía terrestre desde Colombia, donde emigró tras ser despojada de su vivienda, que estaba en un campo de PDVSA, y recibir amenazas contra sus hijos.
“Y eso que en algunas ocasiones pedí cola (aventón a conductores). Tuve que usar ese medio de pedir cola para poder ahorrar y poder sustentarme acá”, comentó.
Según relató, apenas escuchó el anuncio del titular del Parlamento, “automáticamente” pidió prestado para volver a Venezuela, donde, asegura, planea quedarse hasta ver a su esposo fuera de la cárcel.
Durante este tiempo, destacó que ha recibido apoyo de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos, lo cual le ha permitido “ahorrar lo poco” que trajo.
La mañana del lunes, el Ministerio de Servicio Penitenciario informó sobre “116 nuevas excarcelaciones”, pero no publicó las identidades ni las condiciones de estas medidas.
Hasta el mediodía, hora local, de este martes, la ONG Foro Penal y la Plataforma Unitaria Democrática, que agrupa a la oposición mayoritaria, confirmaron entre 56 y 76 excarcelaciones, 13 de ellas de extranjeros o venezolanos con doble nacionalidad.
Con información de EFE.
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