¿Qué valor real tiene la soberanía nacional cuando una superpotencia se arroga el derecho de capturar, juzgar y remover a líderes extranjeros sin consentimiento del Estado afectado?
En la madrugada del 3 de enero de 2026, el mundo fue testigo de un acontecimiento sin precedentes: fuerzas especiales de Estados Unidos capturaron al presidente en funciones de Venezuela, Nicolás Maduro, dentro de su propio país, para trasladarlo a Nueva York y presentarlo ante cargos federales. Este hecho —realizado sin autorización del Consejo de Seguridad de la ONU ni consentimiento de las instituciones venezolanas— no solo marca un punto de quiebre en la ya compleja historia política de Venezuela, sino que reactiva un precedente incómodo en América Latina: el caso de Manuel Antonio Noriega.
Hace más de tres décadas, Noriega, entonces jefe de las Fuerzas de Defensa de Panamá y poder real del país, fue acusado por tribunales estadounidenses de narcotráfico, lavado de dinero y conspiración criminal. En diciembre de 1989, Estados Unidos ejecutó la Operación Causa Justa, una invasión militar a gran escala que derrocó al régimen panameño, capturó a Noriega y lo trasladó a Miami para ser juzgado. Washington justificó la intervención bajo el argumento de restaurar la democracia y proteger a sus ciudadanos, aunque la acción se realizó sin un mandato explícito del sistema multilateral.
El caso Noriega se convirtió así en un antecedente histórico de acción extraterritorial, donde una potencia decidió que la soberanía de un Estado latinoamericano podía ser vulnerada en nombre de la justicia penal y la seguridad hemisférica. Décadas después, ese precedente reaparece con fuerza en el caso venezolano.
Los paralelos con la captura de Maduro son evidentes y perturbadores. En ambos casos, Estados Unidos invocó cargos de narcotráfico para justificar la detención de un líder extranjero. En 1989, la operación implicó el despliegue de decenas de miles de soldados y una ocupación militar abierta. En 2026, la acción fue quirúrgica, silenciosa y altamente especializada, pero el resultado es el mismo: un jefe de Estado privado de su libertad fuera de su territorio, sin aval internacional.
La diferencia de escala no atenúa el impacto simbólico. Tanto Panamá como Venezuela vieron comprometida su soberanía por decisiones unilaterales de Washington. El mensaje es claro: cuando Estados Unidos considera que sus intereses están en juego, el principio de no intervención puede ser reinterpretado, incluso ignorado.
Especialistas en derecho internacional han recordado que el caso Noriega fue utilizado durante años como justificación jurídica para limitar la inmunidad de ciertos líderes. Sin embargo, otros advierten que ese razonamiento abre una puerta peligrosa: la normalización de capturas extraterritoriales sin controles multilaterales, debilitando los pilares de la Carta de las Naciones Unidas.
El antecedente de Noriega no solo refuerza la comparación con Maduro; revela una línea de continuidad en la política exterior estadounidense hacia América Latina, donde la soberanía nacional queda subordinada a la lógica del poder. La historia demuestra que estas intervenciones rara vez producen estabilidad duradera; más bien, reconfiguran equilibrios regionales y erosionan la confianza en el orden jurídico internacional.
La pregunta que queda abierta es inevitable:
¿Qué valor real tiene la soberanía nacional cuando una superpotencia se arroga el derecho de capturar, juzgar y remover a líderes extranjeros sin consentimiento del Estado afectado?
Claudia Sheinbaum, como presidenta de México, ha reaccionado de manera firme y clara ante la detención del presidente venezolano Nicolás Maduro tras una operación de Estados Unidos, reafirmando que México defiende la soberanía y la no intervención en los asuntos internos de otros países. A esta postura se suma un eje central que suele omitirse deliberadamente: la defensa del libre comercio, piedra angular de la relación bilateral y del equilibrio económico regional.
Frente a ello, la oposición de siempre apuesta al conflicto, al choque artificial entre Donald Trump y Claudia Sheinbaum, como si el enfrentamiento personal fuera una estrategia política viable. No lo es ni lo será. Trump y Claudia no se van a pelear, porque ambos entienden que los intereses económicos, comerciales y geopolíticos están por encima del ruido político interno.
En ese intento por generar fricción, Ricardo Salinas Pliego tiene una clara injerencia, financiando y amplificando los ataques de la oposición, una oposición que ha optado por actuar como traidora a la patria, apostando al desgaste internacional del país con tal de golpear al gobierno. No es crítica legítima: es sabotaje político.
A diferencia de lo ocurrido durante la invasión estadounidense a Panamá en 1989 —cuando George H. W. Bush ordenó la intervención militar para capturar a Manuel Antonio Noriega bajo cargos de narcotráfico— la administración de Sheinbaum ha insistido en que México no avala el uso de la fuerza, exige un juicio justo y sostiene que el respeto al derecho internacional no es negociable, independientemente de simpatías o diferencias ideológicas.
La respuesta a este dilema definirá si la soberanía sigue siendo un principio fundamental del derecho internacional o si, como en los casos de Noriega y Maduro, se convierte en una noción relativa, moldeada por la fuerza y no por el derecho.
PEGA Y CORRE: Los alborotadores de basura que hoy están causando destrozos en Poza Rica deben parar. Los horarios de recolección no son nuevos ni improvisados: se han mantenido iguales desde hace años y son de conocimiento público. Aun así, persiste una práctica irresponsable que lastima a la ciudad.
No es aceptable que, orquestados solo por chingar a Poza Rica, algunos vayan a dejar bolsas de basura en colonias que no les corresponden, saquen desechos fuera de horario o provoquen focos de contaminación de manera deliberada. Estas acciones no son protestas ni descuidos: son actos que afectan la imagen urbana, la salud pública y la convivencia.
Poza Rica merece respeto. La ciudad no puede seguir pagando el costo de conductas que buscan el caos y no soluciones. Orden, responsabilidad y sentido común son lo mínimo que se le debe a la comunidad.
Esta columna se publica los lunes, miércoles y viernes.
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