El capítulo energético del TMEC pasará a primer plano. Y eso llevará a la secretaria Luz Elena González, a abrir una interlocución de primer nivel con Washington D.C.
Rebasado por la nueva política arancelaria de Estados Unidos, el tratado comercial de América del Norte entrará en una fase de revisión, previo a la renegociación pactada en 2018.
Donald Trump ha manifestado públicamente su intención de no suscribirlo. De los 31 billones de dólares que genera el intercambio entre las economías de Estados Unidos, Canadá y México, 95% corresponden a la Unión Americana.
La primera versión del acuerdo –el TLC— benefició a los agricultores estadounidenses, pero permitió la expansión de la industria automotriz en México y Canadá. Inicialmente, la promesa fue que el salario de los obreros mejoraría, pero solo la mano de obra calificada pudo acceder a los tabuladores internacionales. La narrativa de que se desarrollaría en la región el mercado más grande del mundo tampoco resultó tan exacta.
En el 2018, los negociadores estadounidenses, encabezados por Jamieson Greer, obtuvieron la aprobación del Congreso para incluir una cláusula de revisión periódica al TMEC, con la intención explícita de modificarlo o incluso salir del mismo, en caso de ser necesario.
Durante 25 años, el TLC persistió sin cambios, sin un factor impulsor que obligara a rendir cuentas políticamente por el acuerdo. Y perdió apoyo político, sobre todo en Estados Unidos.
El T-MEC modificó las reglas de origen para incentivar más contenido de América del Norte, en particular de Estados Unidos, frente a la invasión asiática. Uno de los inconvenientes es que la tasa de nación más favorecida para los automóviles en Estados Unidos es del 2.5 % –el llamado chicken tax– lo que en los hechos redujo los incentivos para incrementar la producción en la región. La administración Trump impuso la Sección 232 sobre los automóviles para compensar esa desventaja.
Ahora mismo, en la ruta de la revisión del TMEC, los estadounidenses estudian la adopción de reglas de origen no automovilísticas.
“El TMEC es ley”, ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum. Los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Agricultura, Julio Berdegué, han debido pasar muchas semanas en la capital estadounidense, para atender las exigencias de sus contrapartes. Entre esa vorágine –de la que ha quedado excluido el canciller, Juan Ramón de la Fuente— quedó un dato que anticipa el futuro: en todo el 2025 no hubo una sola reunión trilateral de alto nivel que fuera convocada o en la que participara el embajador Jamieson Greer.
“Podría haber un par de protocolos adjuntos al acuerdo… o podría haber un reemplazo”, refirió Greer a principios de diciembre, en el Atlantic Council. “Hay muchas cosas que se podrían hacer. Ahora bien, habrá ciertas áreas en las que una discusión trilateral podría tener sentido. Las reglas de origen son una de ellas. ¿Nos alineamos en cierta medida en las políticas de comercio exterior? Esa podría ser otra. Los minerales críticos podrían ser otra área”.
El capítulo energético del TMEC pasará a primer plano. Y eso llevará a la secretaria Luz Elena González, a abrir una interlocución de primer nivel con Washington D.C.
EFECTOS SECUNDARIOS
¿INJERENCISMO? Además de su ofensiva contra Ucrania, la Federación Rusa deliberadamente estaría avivando el sentimiento antiestadounidense en distintas regiones del orbe. Reportes generados en Washington D.C. y retomados por distintos comunicadores en ambos lados del Río Bravo identificaron a México como uno de los escenarios de una campaña de influencia patrocinada por el Kremlin llamada Doppelgänger.
PERSPECTIVAS. Morning Consult cerró el 2025 con un reporte sobre la confianza de los consumidores en el mundo. En materia de riesgo político, el hemisferio americano es una de las zonas con mayor riesgo político, junto con Europa. Y la volatilidad sigue siendo el tema económico dominante en la mayoría de los países, al comenzar el año 2026. México inicia el año con 110.3 puntos en el índice de confianza de los consumidores y una calificación de BB+ en el rating sobre riesgo político, mientras que Brasil registra 114.5 puntos y una calificación BB.
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