Pero en los siete años que lleva en el poder, a la 4T parece habérsele olvidado aquel compromiso. Aplicar y respetar la ley ya no está en su lista de prioridades
Cuando un presidente de la República toma posesión, promete “guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y las leyes que de ella emanen”, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que el pueblo le confiere, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión.
Eso, ni más ni menos, es lo que juran todos los que llegan a un cargo de elección popular: respetar la ley y ver por el bienestar de sus gobernados.
Pero en los siete años que lleva en el poder, a la 4T parece habérsele olvidado aquel compromiso. Aplicar y respetar la ley ya no está en su lista de prioridades.
Algunos dirán: “¿Cómo que no ven por el bienestar de la Unión si están los programas sociales?” No niego que ayudan, pero también han generado —como dirían los economistas— un incentivo perverso. En muchas comunidades, las becas sirven para pagar la mensualidad del celular o la moto, no para fortalecer la educación. (Spoiler: sin querer queriendo, han hecho más rico a uno de sus archienemigos.)
Lo mismo pasa con la inseguridad. Desde su llegada, el gobierno insiste en que la solución está en “atacar las causas”. Tienen razón, pero eso no exime de aplicar la ley. Los llamados “grupos generadores de violencia” han cometido delitos que deben castigarse. No hacerlo con el pretexto de que “la fuerza no lleva a ningún lado” es, en sí mismo, una forma de rendición.
Contener la violencia no significa reprimir ideas ni violar derechos humanos; significa hacer cumplir la ley, proteger a las víctimas y restablecer el orden. Eso también es justicia social.
EN EL TINTERO
Mucha suerte a Grecia Quiroz en la presidencia municipal de Uruapan. Ojalá sí reciba el apoyo que le negaron a su esposo, Carlos Manzo.
Si yo fuera la presidenta Sheinbaum, los encargados de su seguridad ya estarían buscando trabajo. No puede ser que permitieran que se le acercaran de esa manera.
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